El PP planea utilizar el Senado para dar un golpe a la democracia
Todavía no se ha aprobado la ley de amnistía, pero el PP ya trabaja para ver de qué manera puede evitar su entrada en vigor. Según publica El Confidencial, en un artículo firmado por Beatriz Parera, los conservadores, valiéndose de la mayoría absoluta que tienen en el Senado, están dispuestos a alargar lo máximo posible la tramitación en la cámara de segunda lectura legislativa.
Para tal objetivo, los conservadores plantean tres opciones. La primera sería, una vez que el Congreso haya aprobado la ley de amnistía y se remita al Senado, tramitarla por vía ordinaria en lugar de por urgencia, cuyo plazo máximo es de dos meses frente a los 20 días.
Una segunda opción, defendida por el ala más ultra del PP, según Beatriz Perera, pasaría por negarse a tramitar la norma en la Cámara Alta. Para ello, los conservadores diseñarían un argumentario que combinaría las dudas sobre la constitucionalidad del texto con la necesidad de que el Tribunal Constitucional resuelva la impugnación que presentaría la derecha. De esta forma, el Senado dejaría la ley en vía muerta hasta que el Alto Tribunal se pronuncie. Fuentes del PP admiten que “esta vía es extrema y presenta muchos inconvenientes, además de sentar peligrosos precedentes”.
Esta táctica fue la que usó el PP en 1995 para ralentizar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, aunque el Constitucional, mediante denuncia de la Abogacía del Estado, acabó dando la razón al Gobierno, en aquel entonces presidido por Felipe González
La tercera opción es hacer uso del tradicional filibusterismo parlamentario, que no es otra cosa que postergar la tramitación de una ley a través de alargar el plazo de enmiendas con el objetivo de retrasar la vuelta de la norma al Congreso, evitando así lo máximo posible que la Cámara Baja levante el veto del Senado para ser aprobada definitivamente. Esta táctica fue la que usó el PP en 1995 para ralentizar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, aunque el Constitucional, mediante denuncia de la Abogacía del Estado, acabó dando la razón al Gobierno, en aquel entonces presidido por Felipe González.
Tal y como le cuentan fuentes del PP a la periodista de El Confidencial, los conservadores estarían dispuestos a asumir un fallo contrario a sus intereses del Alto Tribunal con tal de postergar lo máximo posible la entrada en vigor de la ley de amnistía. La cuarta y última opción, que es la menos viable porque el retraso sólo sería de unas pocas semanas, pasar por hacer uso del mes de enero, considerado legislativamente inhábil por el artículo 73 de la Constitución. De este modo, la norma podría ser definitivamente aprobada por el Congreso en febrero.
Cabe recordar que tener mayoría absoluta en el Senado no significa tener la mayoría de los votos, ya que los senadores se eligen por un sistema doble. Uno por elección indirecta, a través de la nominación de los parlamentos autonómicos, según los resultados electorales en los comicios de las comunidades; otro, por un sistema de elección directa mayoritario, el que el partido que gana en una provincia en las elecciones generales se adjudica automáticamente tres senadores, por uno del segundo, haciendo valer el PP su peso en la España interior que, aunque muy poco poblada, elige a los mismos senadores que las provincias más habitadas. En los cabildos isleños más poblados (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) también se eligen tres senadores, mientras que en los territorios insulares menos poblados (Ibiza y Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma) se elige solamente uno.
De este modo, el PP con el 33% de los votos obtenidos el 23J, cuenta con 120 senadores de los 208 que se eligieron en urnas: el 57% de los escaños a pesar de contar sólo con 3 de cada 10 votos emitidos. De los 58 senadores designados por los parlamentos autonómicos, el PP suma 24. Este método de elección da lugar a que el PP esté sobrerrepresentado con el 54% de los escaños.
