Escándalo millonario en la sanidad murciana
El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe en el que desvela que el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia realizó el 75% de gasto de asistencia sanitaria a través de conciertos y empresas privadas al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. En total, decenas de millones de euros han sido empleados en la externalización de pruebas diagnósticas, sin que existiese el preceptivo informe de insuficiencia de medios en los centros públicos del Área de Salud 1 Murcia Oeste.
En concreto, el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, centro de referencia del Área de Salud que más pacientes atiende en la Región de Murcia, mantuvo durante el último ejercicio un total de 11 contratos adjudicados mediante procedimiento abierto. De estos, tres han llamado especialmente la atención del Tribunal de Cuentas. Se trata de la adjudicación de la prestación de servicios de Terapias Respiratorias Domiciliarias, con un gasto total de 1.363.362 euros, que se acompañó de un informe de insuficiencia de métodos por parte de la Consejería de Salud en el que se limitaba a indicar que “la prestación se ha venido realizando de manera histórica con medios ajenos”, sin que se hiciese constar en dicho informe los datos o estudios relativos a los medios propios existentes.
En cuanto a la realización de endoscopias, otro de los servicios externalizados por la sanidad murciana, el Tribunal de Cuentas pone el foco sobre el hecho de que el contrato —que ascendió a 680.979 euros en 2022— se realizó “presentando un informe de insuficiencia de medios que no hacía referencia a las pruebas incluidas en el contrato”, es decir, a gastroscopias y colonoscopias. Similar caso es el de la adjudicación para la realización de cirugías de cataratas, en cuyo informe se señala que un total de 4.081 pacientes se encuentran en lista de espera, con una demora media de 114 días para la intervención, sin que se efectúe según el organismo de fiscalización ningún “análisis de la insuficiencia de medios propios que detalle las causas de dicha demora”.
Por lo que respecta a los conciertos, el informe emitido por el Tribunal de Cuentas destaca que “casi la mitad de los gastos en asistencia sanitaria del Área de Salud I Murcia-Oeste se llevaron a cabo bajo esta fórmula”. Sin embargo, tal y como detalla el documento, “ninguno de los trece conciertos sanitarios incluía un estudio previo de los medios propios existentes”, lo que se debe a una “consecuencia negativa derivada de haber formalizado asistencias sanitarias utilizando el instrumento de concierto, en lugar de utilizar un procedimiento de contratación acorde a la Ley de Contratación del Sector Público”. Este estudio previo de los medios existentes es, según el Tribunal, lo que debería “servir de base para el inicio de políticas alternativas a la contratación o concertación de las asistencias, como es el aumento de los recursos propios”.
En cuanto a las prestaciones de asistencia sanitaria sin que existiese contrato con la administración pública, que ascienden a más de 8,6 millones de euros, el informe señala que un 28% del total “no contaban con un estudio previo sobre medios propios y la conveniencia, en su caso, de proveerse de mayores recursos”. También llama la atención el alto número de pruebas de imagen que se realizan fuera de la sanidad pública murciana. En concreto, más de un tercio de las mamografías que dependen del Hospital Virgen de la Arrixaca acaban efectuándose en centros privados. Un dato que se incrementa hasta el 66% en el caso de las resonancias magnéticas.
El informe del Tribunal de cuentas señala específicamente que en la sanidad murciana se “pone de manifiesto una planificación contractual deficiente durante el ejercicio fiscalizado”. Además, apunta que la ausencia de tramitación de un expediente de contratación conforme a la LCSP “supone el incumplimiento de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia que deben regir en la contratación pública”.
Por otra parte, el Tribunal también destaca en su informe que en el ejercicio 2022 “se ejecutaron gastos por un importe superior en un 167 % a la cuantía inicialmente presupuestada (34.060.77058 euros respecto a la previsión inicial de 20.395.739 euros) para Conciertos de asistencia sanitaria. Esta circunstancia, continúa el informe, “ha venido poniéndose de relieve desde hace más de veinte ejercicios para el conjunto de gastos del Servicio Murciano de Salud en los sucesivos Informes de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia” , a pesar de que cada año que “la asignación presupuestaria del Servicio Murciano de Salud continúa siendo manifiestamente insuficiente, lo que deriva en un déficit acumulado de la entidad que se va incrementando año tras año y en la necesidad de que la Administración Autonómica realice aportaciones elevadas para compensar las pérdidas”. El organismo fiscalizador recuerda en su informe que, durante todos estos años, ha planteado a la Consejería que “se ajusten y adapten las dotaciones presupuestarias a las necesidades reales de gasto”, sin que dicha recomendación haya sido cumplida hasta la fecha.
Listas de espera: Un 28% de pacientes superan la demora máxima establecida
La externalización y la falta de medios propios por parte del Servicio Murciano de Salud tiene una consecuencia palpable: el aumento de las listas de espera. El Tribunal de Cuentas detalla que ha constatado “la existencia de debilidades en el sistema de información de listas de espera para el seguimiento de los tiempos máximos en los que los pacientes deben ser atendidos”, ya que “no ha resultado posible identificar de forma directa a los pacientes que han perdido la garantía por superar el tiempo máximo de espera”. Según el análisis del organismo fiscalizador, los porcentajes de pacientes que superaron en el Área de Salud I Murcia-Oeste los plazos máximos de espera establecidos por la normativa autonómica fueron el 22,42 % para la lista de espera quirúrgica, el 28,80 % para la lista de espera de consultas y el 27,76 % para lista de espera de pruebas diagnósticas y terapéuticas.
Este dato no distingue además entre la demora en los centros concertados y en los centros públicos. Sin embargo, tanto pacientes como profesionales coinciden en que se está derivando a la sanidad privada-concertada a un gran número de pacientes utilizando como excusa que la lista de espera para ser atendidos con medios de la sanidad pública es bastante mayor. Ese ha sido el caso de AHP, un paciente que, al necesitar una ecografía por problemas renales, muestra su negativa a que se le efectúe la prueba en un centro concertado, tal y como es su derecho. Sin embargo, semanas después recibe una llamada en la que le informan de que la demora será mucho mayor y que, tras sufrir dos cólicos nefríticos, es conveniente realizar la prueba en un centro privado. Según asegura este paciente, el día en el que asiste a la ecografía, se encuentra con una sala de espera repleta de pacientes y un retraso de casi tres horas sobre la hora prevista. Para añadir más gravedad a la situación, en el propio centro le indican que “la máquina está obsoleta”, pero que parece que se observan 8 piedras en el riñón. Tras este resultado, su médico de cabecera le deriva a hacerse un escáner, ahora sí, en un centro público “donde descubren que no existe ninguna piedra en el riñón”. Un caso que según AHP “demuestra que la sanidad privada no es más moderna ni mejor que la pública, sino que es simplemente un negocio”, por lo que no se entiende que “se estén cargando el mejor sistema público que tenía este país, que era el sanitario, para pasar a un modelo privado”.
Un caso similar es el vivido por ALG, un paciente que fue derivado a una clínica privada para realizarle un escáner. En este centro le indicaron que había sufrido nada menos que siete ictus cerebrales. La realidad es que no ha sufrido ninguno hasta la fecha. Para este paciente, la explicación es sencilla: “necesitan realizar un número de pruebas para que les cuadren las cuentas, sean o no fiables”. “Aumentan las listas de espera porque no dotan a la sanidad pública de los suficientes medios, llevándonos a clínicas donde las infraestructuras están obsoletas o no son las realmente necesarias, pero así tienen una excusa perfecta para decir que el modelo público no funciona y que debe ser privatizado”, añade.
Las irregularidades en la contratación y en la gestión de las listas de espera del Servicio Murciano de Salud han llevado al Tribunal de Cuentas a establecer una serie de “recomendaciones” a la Consejería de Salud de la Región de Murcia. Sin embargo, estas recomendaciones ponen sobre la mesa el grave problema estructural en el que vive la sanidad murciana, con una transparencia inexistente, un presupuesto insuficiente que no se ajusta al gasto real y unos periodos de demora que exceden con mucho los tiempos máximos fijados por la ley. El informe recoge, por ejemplo, que la Comunidad Autónoma no cuenta con un Plan de Salud en vigor, siendo el último aprobado el correspondiente al periodo 2010-2015. Además, señala importantes deficiencias en la planificación y seguimiento de las listas de espera, apuntando incluso contradicciones entre las normas regionales y estatales sobre cuándo se considera la entrada de un paciente en dicho cómputo.
Por el momento, ni el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ni el presidente regional, Fernando López Miras, han respondido a este informe. Tampoco lo hicieron durante los años anteriores, a pesar de que se trata de problemas estructurales y ya cronificados tras décadas de gestión del Partido Popular en la Región de Murcia sin que ninguna de las recomendaciones sobre la gestión, la contratación o las listas de espera hayan sido atendidas.
