La reforma del subsidio de desempleo elimina la Renta Activa de Inserción y aboca a más de 100.000 personas a la incertidumbre

Algunas de las consecuencias menos visibles (y también menos anunciadas) de la reforma del subsidio por desempleo continúan. El texto, que entrará en vigor el 1 de junio, mantendrá la RAI (Renta Activa de Inserción) en algunos casos tasados pero quienes agoten esa ayuda o incumplan las condiciones serán, teóricamente, candidatas a cobrar el IMV (ingreso mínimo vital) en las condiciones que señala el texto legal: "La entidad gestora del subsidio por desempleo remitirá a la entidad gestora del ingreso mínimo vital el consentimiento de los interesados, así como los datos que a tal efecto se determinen, con la finalidad de que dicha entidad gestora tramite, en su caso, la prestación de ingreso mínimo vital", una condicion, aparentemente, en la que se impuso el criterio de Nadia Calviño. Además del habitual y enrevesado lenguaje técnico que dificulta el acceso y conocimiento de sus derechos a las personas que debieran ser perceptoras del mismo, no queda demasiado claro del texto tampoco cuáles serán las condiciones en las que se produciría este cambio en la recepción de la ayuda y cómo podrán tramitarla sus potenciales beneficiarios.

Tanto Inclusión como Trabajo se remiten a un futuro reglamento de desarrollo de la norma que ahonde en los detalles, pero mientras, la incertidumbre rodea al procedimiento que implica transitar de un subsidio a otro de diferente naturaleza. La duda se plantea, sobre todo, para quienes actualmente perciben la RAI pero podrían verse atrapadas en el laberinto burocrático de la solicitud del IMV, uno de los grandes problemas de su implantación, por lo que los colectivos sociales exigen una mayor flexibilidad y umbrales más laxos que no desprotejan a muchos ciudadanos y ciudadanas. Esto afectaría especialmente a colectivos vulnerables, como personas con discapacidad, víctimas de violencia machista, paradas y parados de larga duración o personas que acaban de salir de un régimen penitenciario. La RAI actualmente consiste en una ayuda de 480 euros que podía cobrarse durante 33 meses y cuyas beneficiarias son en un 70% de mujeres, es compatible con el ingreso mínimo vital —y también en ciertos casos con un empleo—, asi que el IMV podría ser una desventaja económica en muchos escenarios. Según el decreto, las personas que aún estén desempleadas y cobren ese subsidio o en breve tengan acceso a él mantendrán dichas condiciones, ya que la nueva reforma de los subsidios no tiene carácter retroactivo, por lo que solo serán aplicables a los nuevos desempleados/as desde el 1 de junio de 2024.

A la espera del prometido desarrollo, y de la promesa de que estas reformas mantendrán y ampliarán los derechos y coberturas de las personas en situaciones más vulnerables o en búsqueda de empleo, el hecho es que la letra pequeña podría no tener un balance tan positivo como el que anuncia el ejecutivo, y que preocupa, como ya han hecho público en sendas notas, a los principales sindicatos.