Los jueces se niegan a dar cuenta de sus actuaciones ante la sede de la soberanía popular
La intención de Junts y ERC de que jueces y fiscales comparezcan en el Congreso, dentro de una comisión de investigación sobre el lawfare sufrido por los líderes independentistas dentro de la ‘Operación Cataluña’, cada vez parece más complicada a la vista de la reacción del Consejo General del Poder Judicial, del propio PSOE y hasta de los sectores progresistas del poder judicial.
El Gobierno ya se ha anticipado y ha afirmado que los magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación. El gobierno de los jueces, órgano caducado desde hace cinco años y controlado por la derecha judicial, apostilla que no hay ninguna posibilidad de que los jueces acudan a declarar a la comisión de investigación en el Congreso porque eso supondría arriesgarse a una sanción grave por revelar datos sobre sus causas.
El único antecedente de juez compareciendo ante una comisión de investigación parlamentaria tuvo en 2017, cuando Daniel Alfonso asistió por petición propia a la comisión que investigaba la ‘Operación Cataluña’ en el Parlamento catalán. En aquella ocasión, el límite era que las preguntas que se le hicieran al juez no Odría referirse a su cargo ni a su función jurisdiccional”.
En sentido contrario a Daniel Alfonso, está la negativa a comparecer de Pablo Lucas, magistrado del Tribunal Supremo que se negó a comparecr en el Parlamento catalán para ser interrogado por el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) contra líderes independentistas, organizaciones civiles y activistas, centro que él mismo preside.
Frente a esta diferencia de pareceres, el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, ha vuelto a aclarar: “El Gobierno va a defender siempre la independencia y la integridad venga de donde venga. Este Gobierno defenderá siempre a jueces, magistrados y fiscales porque eso es defender el Estado de Derecho”.
