El juez Joaquín Aguirre y la prevaricación
Hace dos semanas, sucedía algo inédito en Zaragoza: el juez de la Audiencia Nacional García Castellón atendía a los medios de comunicación en un formato propio de un portavoz político para justificar la negativa de la justicia suiza a entregarle a la dirigente de ERC por un supuesto delito de terrorismo. En esa extraña comparecencia, García Castellón también dijo lo siguiente: "Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo, por qué dicen 'lawfare' cuando están acusando de prevaricación; por qué emplear una palabra absolutamente hipócrita." Como buen jurista, el juez sabe perfectamente que 'lawfare' es un término político mientras que la prevaricación es un delito tipificado. Al mismo tiempo, García Castellón es consciente de que es enormemente difícil conseguir una condena de prevaricación contra un magistrado, entre otras cosas porque esa condena la tendrían que firmar compañeros de profesión. De esta manera, lo que está lamentando el juez es que las personas que libremente denuncian la actuación espuria de la justicia para conseguir objetivos políticos acusen a los magistrados de lawfare y no de prevaricación; y lo lamenta porque sabe que, si hicieran lo segundo, se los podría perseguir por un delito de calumnias, mientras que lo primero cabe dentro de la libertad de expresión.
Además de la voluntad por parte de García Castellón de perseguir penalmente a las personas que critican la actuación de la justicia, la diferencia de fondo que subyace a los términos 'lawfare' y 'prevaricación' —si dejamos al margen, por un momento, la importantísima componente mediática que tiene el primero— es algo que todo el mundo puede entender: no es lo mismo que un delito se haya cometido que que exista una sentencia condenatoria al respecto. Por poner un ejemplo bien conocido, es absolutamente obvio que Mariano Rajoy ha cobrado sobresueldos ilegales en B tal y como figura en los papeles de Bárcenas y, sin embargo, ningún juez lo ha condenado por ello. En el caso de la prevaricación judicial, la distinción es todavía más importante; ya que, si es difícil que un juez condene a un dirigente del PP, todavía es más difícil que un juez condene a otro juez.
Hoy, Diario.Red publica en exclusiva dos audios en los que se puede escuchar al juez Joaquín Aguirre hablando con funcionarios del juzgado en dependencias judiciales y que vuelven a poner en juego estos dos conceptos.
Por un lado, tenemos, en el Libro II, Título XX, Capítulo I el Código Penal, los supuestos que tipifican el delito de prevaricación judicial. Por ejemplo, en el artículo 446, podemos leer que este delito se estaría cometiendo por "el juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta". Asimismo, en el artículo 449, se especifica que también estaríamos ante la comisión del delito de prevaricación judicial cuando el juez, magistrado o secretario judicial sea "culpable de retardo malicioso en la Administración de Justicia".
El día 31 de enero de 2024, el titular del juzgado de instrucción nº 1 de Barcelona, el juez Joaquín Aguirre, afirmó ante funcionarios del juzgado en dependencias judiciales lo siguiente: "Me dice que ayer lo de la ley de amnistía se tumbó por mí"
Por otro lado, sabemos que el día 31 de enero de 2024, el titular del juzgado de instrucción nº 1 de Barcelona, el juez Joaquín Aguirre, afirmó ante funcionarios del juzgado en dependencias judiciales lo siguiente: "Me dice que ayer lo de la ley de amnistía se tumbó por mí". A lo que se refiere el juez Aguirre es a que, el día anterior, el 30 de enero de 2024, la norma mencionada no conseguía superar su primera votación en el Congreso porque el grupo parlamentario de Junts había decidido votar en contra después de que el PSOE no aceptara sus enmiendas para extender la protección de la ley a los delitos de traición y terrorismo. Justo 24 horas antes de que esa votación tuviera lugar, el juez Aguirre había hecho público un auto con el que prorrogaba durante seis meses la instrucción de la pieza separada de la 'trama rusa' del así llamado 'caso Voloh' —a pesar de los repetidos apercibimientos por parte de la Audiencia Provincial conminándole a cerrar la instrucción por no existir indicios nuevos desde hacía más de un año— y abría por primera vez la puerta a la posibilidad de imputar, precisamente, por el delito de traición a Carles Puigdemont y otros líderes independentistas. Ese mismo día, en la víspera de la votación de la Ley de Amnistía, el informativo 'Tagesschau', de Das Erste —la primera cadena de la ARD, la televisión pública alemana—, informaba sobre la supuesta 'trama rusa' con el titular "Katalanische Separatisten: Putins europäische Hintertür?" (Separatistas catalanes: ¿la puerta trasera europea de Putin?). No solamente las fuentes judiciales a las que ha tenido acceso Diario.Red confirman que la filtración de la información a la prensa alemana proviene del propio Aguirre sino que, además, el día siguiente —el 30 de enero, día de la votación— se produjo un hecho insólito: Aguirre concedió, en plena instrucción judicial de la supuesta 'trama rusa', una entrevista a Das Erste en la que el juez instructor llegó a denunciar "la influencia directa de Rusia en el proceso de independencia de Catalunya".
El segundo audio que publicamos hoy en exclusiva se grabó en el pasado mes de abril, un par de meses antes de que el juez Aguirre publicara, el 21 de junio, un nuevo y polémico auto. En él, Aguirre intenta esquivar la orden directa de la Audiencia de Barcelona de cerrar la instrucción de la 'trama rusa' abriendo una nueva pieza separada de la causa Voloh y —ahora sí— ya dando el paso y pidiendo al Tribunal Supremo que impute por un presunto delito de traición a Carles Puigdemont y a otras personas relevantes relacionadas con los acontecimientos en torno al punto álgido del proceso independentista en 2017. Al no estar cubierto el delito de traición en la versión ya definitiva y aprobada de la Ley de Amnistía, si el Supremo decidiera finalmente aceptar la petición de Aguirre, las personas imputadas —muy singularmente Carles Puigdemont— no podrían acogerse a la misma y el apoyo de los siete escaños de Junts al gobierno de Sánchez quedaría en el aire. A esto se refiere con toda claridad el juez en el segundo audio al que ha tenido acceso Diario.Red: "Claro, es que será la tumba. Si lo será. Al gobierno le quedan dos telediarios alemanes. Dos. Y ya está. A tomar por culo. Entonces, hay gente que se está situando ya. Ha tomado partido, y el partido soy yo."
Estos son los hechos y es inevitable preguntarse, ante ellos, si el juez Joaquín Aguirre ha cometido el delito de prevaricación judicial o si —utilizando la distinción inaugurada por García Castellón— la cosa se va a quedar solamente en lawfare. Una disyuntiva que solamente se puede disipar mediante una sentencia condenatoria dictada por alguno de sus compañeros de profesión. Otra cosa que habrá que comprobar una vez se han conocido estos audios es si el nuevo CGPJ pactado por el PSOE y el PP va a ejercer de algún modo su potestad sancionatoria o va a seguir permitiendo la impunidad judicial como hasta ahora.
