Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, se jubila después de 47 años en la ambivalencia

Su jubilación llega después del archivo de su causa estrella: Tsunami Democràtic. En esta, el ya jubilado magistrado investigaba a Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg y sus posibles nexos con la plataforma Tsunami Democràtic.

La tesis de García-Castellón en este sentido residía en vincular en términos de liderazgo a Puigdemont con la plataforma, al mismo tiempo que mantenía que las actuaciones de esta podían ser susceptibles de ser entendidas como delitos de terrorismo o incluso violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Por un lado, en el caso del terrorismo, este mantenía que la acción de bloqueo del aeropuerto por parte de esta plataforma fue un factor desestabilizante en el funcionamiento de las estructuras económicas a pesar de que la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea descartó que estas protestas afectaran en alguna manera significativa la operativa aérea. En este mismo acontecimiento, el magistrado defendía que la muerte por un infarto de un ciudadano francés que tuvo que caminar desde el bloqueo en la carretera hasta el aeropuerto había sido culpa también de la plataforma.

En otro sentido, al respecto de las incompatibilidades con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, esta argumentaba que las agresiones que sufrieron dos policías durante los disturbios relacionados con el procés entraban dentro de estas, debido a la vulneración del derecho a la vida e integridad físicas, sin embargo, las protestas donde fueron heridos dichos agentes no fueron convocadas por Tsunami.

Ambas justificaciones van en la dirección de imputar delitos que no son amnistibiales conforme la Ley aprobada en el Congreso de los Diputados, sin embargo, esta causa acabó, por un lado, derivada en el Tribunal Supremo, y por otro, él continuaría la instrucción hasta que la Audiencia Nacional dicto la invalidez de determinados actos posteriores a cierta fecha, ya que García-Castellón había hecho instrucciones fuera de plazo, con lo cual, ante este varapalo, tanto la causa del Tribunal Supremo a cargo de Susana Polo, como la que aún quedaba en manos de García-Castellón tuvieron que ser archivadas.

Sin embargo, este es solo su antecedente más reciente. Si echamos la vista para atrás, García-Castellón ha sido un juez ambivalente, caracterizado por ser muy duro con unos y muy blando en otros casos.

Primero cabe destacar que se conoce públicamente, gracias a que sus teléfonos estaban pinchados, que los investigados del caso Lezo (sobre los desvíos de fondos públicos del Canal de Isabel II), Eduardo Zaplana e Ignacio González, conspiraron para apartar a Eloy Velasco, el juez que estaba en ese momento al frente de la investigación, y precisamente a quien querían traer era a García-Castellón, extremo que lograron y sus efectos fueron notorios, ya que las fianzas fueron rebajadas o incluso en el caso de Ignacio González se le permitió salir de la cárcel a cambio de fianza, después de seis meses en ella sin contar con esta opción.

Esta ambivalencia se observa, por ejemplo, cuando en su instrucción de la causa Púnica, la cual se abrió debido a la caja B del Partido Popular madrileño, así como el desvío de fondos públicos. En esta causa exoneró a Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González por falta de pruebas. Otra causa que siguió esta tendencia fue el ya mencionado caso Lezo. Solo entre estas causas se acumulan un total de 270 exenciones de responsabilidad.

Sin embargo, si acudimos a otros casos del mismo García-Castellón, podemos observar, por ejemplo, en el caso Dina en conjunto con el caso Villarejo, como este, por un lado, rechazó investigar los vínculos que tenía este con Eduardo Inda a pesar de que a estos dos los unía el hecho de que Villarejo tuviera los datos del teléfono móvil de Dina Bousselham en su ordenador y que Inda los hubiera publicado, y a pesar de las diversas reuniones que aparecían en la agenda del excomisario con Inda. En sensu contrario, retiró la condición de perjudicado a Pablo Iglesias con el fin de intentar hacerle responsable, en este caso, a pesar de que la prueba que el mismo juez solicitó arrojó que Iglesias había entregado la tarjeta SIM intacta.

Juan Carlos Monedero también fue investigado con base en el testimonio de un exgeneral venezolano pedido en extradición por Estados Unidos debido a narcotráfico. En esta causa se le acusaba de delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. Además del testimonio del exgeneral, García-Castellón decía contar con dos “testigos protegidos”, sin embargo, la Sala de lo Penal calificó esto como “narraciones de terceros” y la causa acabaría decayendo.

Otro caso relacionado con Podemos fue el del falso informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), el cual dio por válido poco después de la irrupción del partido morado en el Congreso de los Diputados. Con este informe se pretendía vincular al partido y a Iglesias delitos fiscales de distintos tipos, así como financiación ilegal y blanqueo de capitales.

Volviendo a la ambivalencia, García-Castellón también tuvo en sus manos la investigación contra el rey emérito; sin embargo, decidió archivarla, pero posteriormente la Fiscalía suiza abriría su propia causa en el país helvético. También cerraría la causa contra Corinna Larsen.

En el caso Kitchen, no consideró al Partido Popular responsable lucrativo a pesar del beneficio que saco de determinados actos ilegales realizados por la policía patriótica, también se negó a interrogar a María Dolores de Cospedal a pesar de los audios donde está le pedía al excomisario Villarejo que parara la publicación de los papeles de Bárcenas, los cuales el magistrado consideró no suficientes como para interrogarla. Finalmente, tuvo que interrogarla, eso sí, obligado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Además de esta ambivalencia, el magistrado también tuvo protagonismo en el terreno internacional, por ejemplo, antes de su pedida de vuelta a la Audiencia Nacional, fue juez de enlace en Francia e Italia, de hecho, destaca unas declaraciones suyas recientemente donde reconoció haber mentido a jueces franceses con el fin de obtener información de sus sumarios.

También evitó instruir el caso contra Augusto Pinochet por delitos de genocidio y terrorismo y, en el caso de la dictadura argentina, no quiso que declarara Adolfo Scilingo.

47 años en la magistratura da para mucho, hay muchas más causas y procesos en los que el juez García-Castellón ha intervenido, ya sea inclinándose a favor de unas u otras tesis legales, sin embargo, al igual que cuando estuvo como juez de enlace en el extranjero, cabe preguntarse si este seguirá en comunicación con sus excompañeros de la Audiencia Nacional.

Por el momento, solo sabemos que María Tardón, jueza también de instrucción de la Audiencia Nacional será la que asuma las causas que deja García-Castellón hasta que el Consejo General del Poder Judicial decida de entre quienes se presenten y por méritos y trayectoria quién será el reemplazo al frente del despacho en Génova, con lo cual, veremos quién es el heredero definitivo del caso Villarejo, Púnica o Lezo.