Castillo, Petro y los nuevos golpismos latinoamericanos
Hace unos días, el presidente de Colombia Gustavo Petro hizo un llamado a las “organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo a defender la democracia frente a una ruptura institucional”. Alertaba sobre la nueva arremetida del fiscal general esta vez investigando supuestos gastos de campaña no declarados. En los trece meses de gobierno Petro ha enfrentado las presiones de la Fiscalía y la deliberada pretensión de la derecha de no dejarlo culminar su mandato. Cualquier parecido con el asedio judicial y mediático que vivió el presidente Pedro Castillo en Perú los quince meses de gobierno no es coincidencia. Ambos son casos representativos del nuevo golpismo latinoamericano.
La concertación de acciones para destituir gobiernos constitucionales se ha vuelto una práctica cada vez más frecuente de las derechas que debilita e incluso transgrede la democracia, configurando golpes de estado de nuevo tipo. Lo vimos en Bolivia con el intento de Añez y sus aliados por quedarse en el poder. Lo vimos en Perú donde lograron su objetivo de deponer a Castillo. Lo estamos viendo en Colombia y puede ser el destino de Bernardo Arevalo en Guatemala y otros mandatarios que no se alinean con los intereses de las élites.
Los nuevos golpismos latinoamericanos proclaman su desprecio por la democracia sin empacho, abren investigaciones fiscales, construyen narrativas mediáticas y suman a los tibios y dubitantes de siempre. Luego se imponen por la fuerza con la venia de sus aliados internacionales. Es importante por ello dar cuenta de este accionar que amenaza cada vez más la voluntad popular.
Lafware, maniobras institucionales y asedio mediático
Históricamente, las élites y grupos de poder de países como Perú o Colombia han gobernado bloqueando procesos de cambio que pusieran en riesgo sus privilegios. Pese a las obscenas desigualdades sociales, la creciente concentración de la riqueza y problemas como el narcotráfico, la violencia y la corrupción, se mantuvo el orden neoliberal al punto que ninguno de los dos países tuvo gobiernos progresistas la primera década del 2000. Con persistencia, los sectores populares forjaron sus respuestas políticas y orientaron su respaldo electoral a propuestas de cambio, críticas con el sistema imperante. En Perú, eligieron a Pedro Castillo, profesor rural, dirigente sindical, rondero y campesino. En Colombia, a Gustavo Petro, con una trayectoria política militante que incluía la guerrilla y la alcaldía de Bogotá.
Salvando las particularidades, la respuesta de las derechas en ambos países ha sido bastante similar. No importa si realmente estos gobiernos populares tienen fuerza y/o capacidad de concretar los cambios prometidos, el solo hecho de que gobiernen es una amenaza para sus privilegios y, por lo tanto, deben ser removidos. Conforman así coaliciones golpistas entendidas como la articulación de poderes económicos, judiciales, institucionales y mediáticos que trabajan coordinadamente para destituir presidentes legítimamente electos. Si bien pueden existir diversos intereses y matices ideológicos, los unifica el objetivo de (re) tomar el poder del Ejecutivo.
Sin duda la Fiscalía tiene un rol privilegiado en la coalición golpista, siendo el lafware o guerra jurídica una pieza fundamental para deponer al presidente y/o generar condiciones favorables a su destitución. En Perú la ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides, asumió protagonismo en la cruzada golpista tomando la inédita decisión de investigar un presidente en funciones. Benavides abrió más de 60 carpetas fiscales contra Pedro Castillo, allanó reiteradamente Palacio de Gobierno, encarceló tres meses a la hija del presidente y entregó al Congreso la acusación correspondiente para el juicio político. En Colombia el guion es similar, no en vano Patricia Benavides y el Fiscal General Francisco Barbosa han sostenido sendas reuniones. El lafware contra Petro empezó también desde el primer día de gobierno, expurgando los gastos de campaña e involucrando a su hijo y otros colaboradores. Puede que las acusaciones fiscales nunca se confirmen, pero mientras tanto consiguen el objetivo de desestabilizar al presidente, socavando su autoridad y poniendo en cuestión su honestidad.
Las bancadas opositoras del Congreso forman parte también de dichas coaliciones golpistas obstruyendo las propuestas del gobierno y realizando las maniobras legales necesarias para allanar el camino de la destitución en caso de juicio político. En ambos países, los Parlamentos obstruyen el poder del ejecutivo frenando reformas importantes y hostigando a funcionarios públicos como ministros de Estado que son suspendidos o sancionados. En Perú, la nefasta figura de “Vacancia por incapacidad moral” fue usada a discreción por la oposición, llegando a presentar una moción cada cuatro meses. Además, el fujimorismo y la derecha encontraron en Dina Boluarte y varios parlamentarios oficialistas los traidores de turno para destituir al presidente Castillo y hacerse del poder sin ganar las elecciones. En Colombia la lealtad de Francia Márquez y parlamentarios decididos a jugarse por su presidente pueden hacer la gran diferencia.
Por supuesto, los grandes medios de comunicación son parte activa del nuevo golpismo, respondiendo directamente a los intereses de sus dueños, grandes empresarios que orquestan campañas mediáticas de desprestigio e incluso difunden fake news para boicotear al gobierno popular. En Perú, desde que anunciaron ganador de la segunda vuelta a Pedro Castillo, los grandes medios iniciaron una campaña de demolición contra el presidente, su familia y partidarios con altas dosis de clasismo y abominable racismo. Cotidianamente, medios como Willax, el Grupo El Comercio y varios otros presentaban noticias, reportajes y afiebrados comentaristas que presentaban un gobierno tomado por bandidos y terroristas. Lo vemos también en Colombia donde importantes medios y periodistas, distorsionan noticias y faltan el respeto al presidente, acosando a su familia y denigrando a sus votantes. Numerosas veces, desde su cuenta X, Petro ha tenido que denunciar el papel desestabilizador de los grandes medios. Con total impunidad, estas empresas mediáticas, agravian a los gobernantes y la población, envileciendo la democracia y allanando el camino del golpismo.
En Perú, tras quince meses de asedio, la coalición golpista se salió con la suya, destituyó presidente electo, se impuso a sangre y fuego y hoy gobiernan con Dina Boluarte de mandadera. En Colombia podrían hacerlo y ante eso, para quienes creemos en la democracia sólo hay una respuesta posible; cerrar filas con la voluntad popular.
Cerrar filas con la voluntad popular
Frente al golpismo de nuevo tipo, donde las derechas y grupos de poder minimizan el voto popular, las fuerzas democráticas, progresistas, de izquierda no tendrían que hacer concesiones. En Perú, estas fuerzas tuvieron serias dificultades para ubicar la “contradicción principal” relativizando el golpismo del fujimorismo y la ultraderecha. Más allá de sus deficiencias y limitaciones, Pedro Castillo era el presidente legítimamente electo y encarnaba la opción de las mayorías excluidas y su destitución iba a ser un triunfo de los más atávicos conservadores que ya conspiraban con Dina Boluarte. No se entendió así y, consumada la destitución, no faltó la congresista progre que alabó a la primera mujer presidenta ni los que desfilaron por Palacio saludando a la nueva inquilina…como si de la traición y la usurpación pudiera surgir un gobierno mínimamente democrático.
Gustavo Petro sí advirtió acerca de la ilegal destitución de Pedro Castillo y la imposición de una dictadura sangrienta. Denunció los atropellos a los derechos de los peruanos que cometían Dina Boluarte y sus cómplices, disparando contra la población civil movilizada especialmente en Los Andes. La solidaridad del presidente Petro con Castillo y el pueblo movilizado que era masacrado en las calles llevó a que el Congreso más desaprobado de la historia peruana lo declarara “persona no grata”, expulsando al embajador de Colombia en Lima.
El empoderamiento de la ultraderecha y su desprecio por la democracia requieren ser denunciados, rechazados y contestados en todos los frentes. La movilización popular es fundamental y así lo demostró el pueblo colombiano que el 8 de febrero marchó en todo el país. Sindicatos, estudiantes, organizaciones indígenas y diversas organizaciones se movilizaron anteponiendo diferencias políticas, ideológicas e incluso justas críticas al gobierno. Ese compromiso de la gente con la defensa de la voluntad popular marca el camino y deberá ser correspondida por los gobiernos, siendo leales a sus promesas de cambio.
