La causa venezolana como “negocio” de los políticos extranjeros

"Pido que Edmundo González, hombre bueno, y quizás el político más generoso que ha dado este mundo, junto a, la que debería ser la candidata y, por tanto, la presidenta de Venezuela, María Corina Machado, sean internacionalmente reconocidos", exclamó Isabel Díaz Ayuso en la movilización en la Puerta del Sol convocada hace unos días por los opositores venezolanos como una forma de respaldar una marcha en Caracas contra el “fraude de Maduro”. Después, como es de costumbre, se despachó contra una de las principales figuras del Partido Socialista Obrero Español (PSOE): "Zapatero tiene mucho que callar en Venezuela. Muchos negocios, muchos intereses, viajes de lujo, rescates de aerolíneas, maletas de madrugada en el aeropuerto de Barajas, asesoramientos millonarios. ¿Qué más habrá que no sabemos? Nos avergüenza que el expresidente socialista haya públicamente apoyado la dictadura de Maduro y que calle ante las atrocidades que se siguen cometiendo”.

Ese acto de Ayuso, en definitiva, buscaba ubicarla como una de las líderes de la “causa venezolana” en la clave interna de la política española. Tanto que para otras figuras de la ultra, como Hermann Tertsch de Vox, lo que sucedió en aquella movilización en la Puerta del Sol fue el “secuestro” por parte de Ayuso y el Partido Popular de la movilización de “venezolanos por la libertad y el respeto al resultado y al presidente Edmundo González” La pequeña disputa por el liderazgo de los opositores venezolanos en España muestra como la conversación pública sobre Venezuela es absorbida por etiquetas, y marcos, funcionales a ese negocio político que es la “causa venezolana”. Al final, ni Ayuso, ni Tertsch, les importan lo que pase con los venezolanos fuera y dentro de su tierra. ¿O acaso en alguna de sus propuestas aparecen planes de regularización para los miles de venezolanos que viven en España?

El drama se repite en la mayoría de los países donde la “causa venezolana” es espectacularizada como una “tragedia” a monetizar. Donald Trump se rasgó las vestiduras por la “libertad” de Venezuela mientras apretaba los tornillos de un bloqueo que hundió una golpeada economía venezolana. Cuando las sanciones separaron a los venezolanos de su riqueza petrolera y millones de venezolanos cruzaron la frontera estadounidense, Trump dejó de verlos como “luchadores por la libertad” de su país. “La delincuencia en Venezuela disminuyó en un 72 por ciento porque el gobierno expulsó a los criminales del país hacia Estados Unidos”, dijo en la última convención republicana. En la campaña presidenciales estadounidenses, casi seguro, que demócratas y republicanos pelearan, como Ayuso y Terstsh, por ver quién defiende más “libertad de Venezuela”, mientras las bombas democráticas respaldadas por ambos partidos asesinan a los palestinos en Gaza.

Así se construye un consenso mediático y político donde la única solución posible al conflicto venezolano es una política de “tierra arrasada”. Y, en consecuencia, una realidad variopinta como la venezolana, con sus claros, oscuros y grises, se simplifica en una lucha entre buenos y malos. En esa cámara de eco, si no estás de acuerdo, eres un antidemócrata o defensor de un dictador represor parecido a Videla o Augusto Pinochet. En esa operación de prensa, de lado y lado, muchas personas que adversan a la ultraderecha, de inmediato, se ubican enfrente de este sentido común arrollador y dominante casi por una cuestión de principio. ¿Cómo puede uno sentirse cómodo al lado de semejante tren fantasma hacia ningún lugar?

Como en otros temas, la “causa venezolana” como negocio sirve para acallar cualquier conversación pública madura sobre lo que sucede en Venezuela. La actual crisis post electoral no comenzó el 28 de julio luego de la “epopeya democrática” de la oposición, ni termina con la disputa sobre quién tiene la razón sobre los resultados.

Hagamos un breve repaso histórico

Desde antes del golpe de 2002 a Hugo Chávez hasta las parlamentarias de 2005, la oposición desconoció las reglas institucionales de Venezuela, o las intentó utilizar con el fin de impulsar un proceso para destituir al por entonces presidente venezolano. El menú de opciones abarcó desde la organización un fallecido magnicidio en 2004 hasta protestas violentas y la realización de un referéndum revocatorio y un paro petrolero. Amenazado, Chávez vio como necesario tener influencia en todas las ramas del Estado y la economía para asegurarse de no ser derrocado. El periodo posterior fue un ciclo de casi siete años de paz dentro de la institucionalidad venezolana, no excepto de polémicas, protestas y unas cuantas elecciones, que incluyeron dos referéndums constitucionales. La paz relativa, sostenida en tiempos de bonanza petrolera, terminó con la muerte de Hugo Chávez y la asunción de Nicolás Maduro del liderazgo chavista. La Mesa de Unidad Democrática (MUD), liderada por ese entonces por los cuatro principales partidos de oposición, desconoció el resultado de las presidenciales de 2013 y trató de “ilegítimo” a Maduro. Luego, en 2014, con el llamado A una “insurrección popular”, Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma provocaron un choque en las calles entre manifestantes y fuerzas de seguridad con muertos y heridos.

En diciembre de 2015, en medio de un país convulsionado por las colas para comprar productos escasos, la MUD ganó la mayoría especial de la Asamblea Nacional y se propuso destituir en seis meses a Nicolás Maduro. Venezuela en ese momento atravesaba una de sus periódicas crisis económicas de stop and go vividas en otras épocas: al periodo de bonanza petrolera le había seguido un endeudamiento externo, un gasto público por encima de sus ingresos, y un aumento desmesurado de las importaciones para sostener la economía venezolana. El famoso “Efecto Venezuela”, que según Pedro Pérez Alfonso, ministro de Hidrocarburos de Venezuela durante los 70 y fundador de la OPEP, genera en tiempos de bonanza “la inundación de divisas producto del petróleo que aplastan la economía propia de la nación a causa de proliferación de programas y proyectos dinosauricos para todo lo habido y por haber: importaciones y otros  males. Lo que genera un factor enloquecedor de divisas caídas del cielo —en verdad exprimidas del jugo de la tierra— que en una u otra forma intentan atrapar los más vivos, así sean nativos o extranjeros, y sus cómplices de todas partes”. El chavismo fracasó, como otros proyectos políticos venezolanos, en sembrar el petróleo para generar nuevas fuentes de divisas.

Y la crisis llegó cuando el precio de petróleo se derrumbó de 100 a 20 dólares y el crédito internacional se cerró. La Asamblea Nacional, presidida por el opositor Julio Borges, se abocó a bloquear cualquier posibilidad de que la administración chavista accediera a nuevo endeudamiento y firmara nuevos acuerdos de explotación de hidrocarburos. El intentó de un referéndum revocatorio, presentado contra Maduro, fue bloqueado por varios juzgados venezolanos y el choque entre opositores y chavistas se precipitó cuando el Tribual Supremo de justicia aprobó un acuerdo petrolero entre PDVSA y la rusa Rosneft, atribuyéndose la función de la Asamblea Nacional opositora de validar estos acuerdos. Por más de cien días, los muertos de cada jornada horrorizaron a cualquiera que prendiese su celular: hubo fallecidos por disparos de guardias y policías, pero también personas linchadas y prendidas fuego por ser “chavistas”.

Como en otras ocasiones, la oposición buscó sin éxito un “quiebre militar” para sacar al chavismo del poder. La respuesta del oficialismo fue convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que sustituyera al rebelde parlamento venezolano. A partir de este enfrentamiento hubo un quiebre en el conflicto venezolano: la Administración Trump asumió el liderazgo opositor con sanciones que prohibieron endeudarse al país y la estatal PDVSA con la emisión de nuevos bonos, en un contexto económico de escases e inflación por las pocas divisas existentes para importar bienes necesarios para la producción. De una forma deliberada, la dirección opositora, y Washington, consideraron que las sanciones contra la economía podían precipitar la salida de Maduro con el inicio de una hiperinflación motorizada, más que nada, por la falta de dólares del petróleo.

Este ciclo se cerró con el boicot opositor a las presidenciales de 2018 con el fin de justificar, unos meses después, la proclamación como presidente de Juan Guaidó sin que fuera votado por ningún venezolano.

¿Por qué hago este largo, y quizás, tedioso recuento?

Más que nada porque desde aquí se consolida una misma concepción política sobre lo que sucede en el país con dos grandes perspectivas. La radical opositora que considera que las elecciones ya no son válidas para sacar del poder al chavismo por estar en guerra contra un Estado autoritario y represor: lo que, valida, por ejemplo, juramentar como mandatario al presidente de su parlamento, Juan Guaidó, para que articule un embargo petrolero y una confiscación de activos venezolanos por parte de Estados Unidos y sus aliados. También la contratación de mercenarios, liderados por el contratista estadounidense Jordan Goudreau, para detener o asesinar a Nicolás Maduro, y el contacto con militares venezolanos disidentes para que hagan lo mismo.

Y por el otro, en el liderazgo chavista, la existencia de una guerra organizada desde Estados Unidos para exterminar al proyecto bolivariano donde la oposición no es más que una herramienta para justificar golpes, bloqueos y distintos ataques. Una lógica de fuerte bajo asedio que valida la concentración de poder institucional para enfrentar la amenaza externa, la detención de opositores involucrados en planes “desestabilizadoras” en procesos judiciales cuestionados por arbitrarios, la toma de medidas económicas, políticas y sociales sin rendición de cuentas. Donde cualquier crítica es rechazada porque el país está frente a una amenaza existencial.

Las libertades individuales, como los derechos básicos, quedan subordinadas a esta lógica de guerra permanente que permea a toda la sociedad venezolana.

En ese contexto, las presidenciales del 28 de julio fueron unos comicios en medio de este conflicto de baja intensidad, donde las urnas ya han dejado de ser la única forma de dirimir el poder político en Venezuela. Una de las fallas de origen de todo el proceso es que las “condiciones” negociadas fueron acordadas entre la Administración de Biden y el gobierno de Nicolás Maduro, previo a que se firmara un acuerdo entre el chavismo y la oposición en la isla de Barbados, a cambio del levantamiento de las sanciones. Un acto de injerencia que ningún político extranjero reconoció como tal. ¿O es normal que, desde fuera, se dicten las reglas electorales de un país por más críticas que se le puedan tener a un gobernante?

La crisis actual, en ese sentido, es posible que se desenvuelva, como los anteriores, hasta que uno de los dos bandos termine de imponerse. María Corina Machado intentará proclamar a su candidato Edmundo González con el respaldo de la “comunidad internacional occidental” y el gobierno de Nicolás Maduro evitará que cualquier movimiento interno en su contra tenga éxito, mediante el control de las protestas y la detención de opositores involucrados en estos planes. Todo se alimentará de la falta de transparencia en los resultados electorales dados por el Consejo Nacional Electoral.

Para los que ven la “causa venezolana” como un negocio, lo mejor, por supuesto, será desplazar al gobierno de Nicolás Maduro porque es lo que más “vende”. Pero todo este recuento muestra que el venezolano es uno de los conflictos latinoamericanos más difíciles de tratar para todos que se le acercan. Donde hay dos bandos claros que necesitan pasar de una fase de guerra a una de convivencia donde cohabiten en un sistema político que los obligue a negociar. Y eso implica años de confianza y negociación, sin presiones externas, para encontrar puntos en común en temas tan espinosos como, por ejemplo, qué hacer con los responsables de intentos de golpes de Estado, fallidos magnicidios, como de los uniformados acusados de malos tratos y torturas por los organismos internacionales y la oposición.

América Latina tiene una larga historia de procesos de paz, como el posterior a la guerra civil de El Salvador o los acuerdos de La Habana entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Procesos que terminaron con planes de reforma políticas, sociales y económicas junto con garantías para participar en la política, y también, en el caso colombiano, con una justicia transicional para que guerrilleros, paramilitares y crímenes contaran sus crímenes a cambio de penas de resarcimiento a las víctimas. Quizás sea arriesgado comparar aquellos procesos con lo que sucede en Venezuela por haberse dado después de cruentas guerras civiles con masacres y desaparecidos. Pero se parecen bastante, y mucho, a una negociación posible en Venezuela entre dos bandos que pelean casi de forma existencial.

Por supuesto que la promoción de conversaciones no es negocio para quienes, cada vez que pueden, tiran gasolina al conflicto venezolano para su provecho. Aunque quizás sea la única manera de que Venezuela vuelva a tener una democracia determinada (y respetada) por todos los venezolanos.