Chile asiste a una crisis con el mundo militar
La muerte de un joven soldado en una maniobra de entrenamiento militar en el extremo norte de Chile, ha desatado la primera crisis del gobierno del presidente Gabriel Boric con el Ejército. Si bien el gobernante ratificó en su cargo al comandante en jefe de la institución, el general Javier Iturriaga, la suerte del uniformado no está sellada: en el Congreso ya están en curso las articulaciones para una posible acusación constitucional en su contra. Ello, sin esperar el avance de las investigaciones judiciales que ya iniciaron la justicia militar y las cortes civiles. La primera con ventaja luego que la ministra en visita Jenny Book pidiera que la causa que indaga la muerte del joven Franco Vargas quede radicada en un tribunal castrense.
El problema comenzó el pasado 27 de abril, cuando una compañía de soldados conscriptos que hacían voluntariamente su servicio militar fue llevada hasta la localidad de Putre, a unos 2.800 kilómetros al norte de Santiago de Chile y a más de 4.000 metros de altura, para iniciar una marcha de diez kilómetros sin los equipos ni ropa adecuados para un clima de temperaturas extremas, sometidos a castigos físicos y alimentados con comidas en mal estado. Franco Vargas, de 19 años, pidió ser retirado del ejercicio porque no podía respirar, un malestar que también sintieron otros 45 de sus compañeros. Eso no sucedió, hasta cuando perdió el conocimiento.
El primer informe del Ejército indicó que el joven ingresó con vida al centro médico al que fue llevado, pero ello fue desmentido por los funcionarios sanitarios, el joven —dijeron los médicos— ingresó sin vida. Al mismo lugar llegaron otros 45 soldados, dos de los cuales en estado grave. Uno de ellos sufrió horas después la amputación de una mano. Todos presentaban un cuadro grave de infecciones. El Ejército dejó de informar, el alto mando militar guardó silencio. El general Iturriaga estaba literalmente ausente, en un viaje por maniobras militares en Estados Unidos. El gobierno pedía explicaciones y una conducta más proactiva en la entrega de información. Había malestar en el palacio presidencial.
El trágico episodio comenzó a concatenarse con otros problemas que ya estaban en la agenda pública, en el debate parlamentario y en los medios de comunicación. Una semana antes tres policías habían sido asesinados en la zona sur donde radica el conflicto intercultural con el pueblo mapuche. Sus cuerpos acribillados y luego quemados gatillaron una fuerte demanda de la derecha opositora por leyes más punitivas y la reposición de la justicia militar para investigar y castigar este tipo de crímenes. El asesinato de los tres policías generó un clima que hizo inviable la formalización e inicio de un juicio del general director de Carabineros, imputado por omisión en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en octubre de 2019. El jefe policial que ya preparaba su retiro ganó tiempo hasta octubre.
No es el único factor en juego. El aumento de crímenes de alta connotación, como el secuestro y asesinato de un exmilitar venezolano, una crecida en la percepción de falta de seguridad pública y la puesta en pantalla a diario de delitos menores desató una extendida demanda por sacar a los militares a las calles para apoyar la lucha de las policías contra el crimen organizado. La puesta en tabla de cuerpos legislativos como las Reglas del Uso de la Fuerza, la Ley antiterrorista, el trámite de una Ley de Inteligencia y la creación del Ministerio de Seguridad Pública ha sido aprovechado por la derecha opositora —con mayoría en el Congreso— para pedir garantías para las policías y las Fuerzas Armadas en caso de que sus efectivos sean llevados a la justicia. Es el caso de la justicia militar, que fue rechazada en la Cámara Baja, pero que podría ser de nuevo puesta en tabla en el Senado en estos días.
“Por la memoria de Franco (Vargas) corresponde conocer toda la verdad, que se esclarezcan los detalles de los hechos y se asuman las responsabilidades que corresponda. Verdad y justicia”, dijo el presidente Boric cuando informó que había citado al general Iturriaga a una reunión en La Moneda para que informe sobre la muerte del joven soldado, los procedimientos y contenidos de los planes de entrenamiento de la fuerza militar de la conscripción voluntaria y de los cambios que serían necesarios para evitar nuevos casos de abusos y malos tratos como los que vivieron los soldados en Putre. La reunión se hizo el viernes pasado y a la misma también asistió la ministra de Defensa Maya Fernández Allende, quien quedó a cargo de entregar la versión de la cita.
“Hemos llevado adelante una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Defensa (…) para la revisión de protocolos, porque no queremos que estos hechos ocurran en ninguna parte de Chile. Tenemos que darles garantía a los jóvenes que quieren hacer el Servicio Militar, los jóvenes que quieren ser parte de la institución y que hacen una tremenda labor por Chile. Tenemos que entregarles protocolos claros”, dijo, para enseguida agregar que se dio curso a la baja del general a cargo de la zona militar y a un coronel a cargo de la tropa. “Por último, informar que el comandante en jefe del Ejército sigue en sus funciones”, remató la ministra.
La caída de los dos altos jefes militares fue solicitada por el propio general Iturriaga, quien ya había declarado en días previos a su cita con el presidente Boric que la información inicial que fue difundida por el Ejército “adoleció de falta de precisión y ello llevó a las diferentes contradicciones que han sido de público conocimiento”. A esto el comandante en jefe añadió que la investigación debe “establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o si derechamente se mintió”.
En medio del debate sobre la eventual reposición de la justicia militar, la ministra en visita del caso, Jenny Book, tras una visita a lugar de los hechos y tomar declaraciones a más de 40 personas, según dijo, ofició al Juzgado de Garantía de la ciudad de Arica una resolución inhibitoria para que deje la causa en la justicia militar. La magistrada, que también preside la Corte Marcial, indicó en su resolución que “(…) solicítese al señor juez del Juzgado de Garantía de Arica, se inhabilite de seguir conociendo de la causa y remita los antecedentes a este tribunal, a objeto de acumularlos al presente proceso”. Y advirtió que “en el evento que el Tribunal de Garantía estimara que esta Ministra en Visita Extraordinaria no es la competente para conocer de estos hechos, téngase por trabada la respectiva contienda, debiendo elevarse los antecedentes ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia”. Este martes el tribunal tomará su decisión.
“Durante mi gobierno no se van a reestablecer los tribunales militares”, dijo el presidente Boric a propósito del debate abierto en el Congreso antes de la muerte del soldado Franco Vargas. Ahora, sin embargo, si se entabla la contienda de competencias, resolverá la Corte Suprema, cuando aun resuene la sentencia del gobernante.
