Como el “narco” justifica la militarización y la presencia de EEUU en América Latina: caso Ecuador

“Éramos seis rehenes y nos llevaron buscando una salida, hasta que llegamos a otro estudio más pequeño, donde nos hicieron grabar videos pidiendo a la Policía que no disparen y que se fueran”, cuenta Alina Manrique, jefa de redacción del canal de televisión ecuatoriana TC Televisión de la ciudad de Guayaquil, cuyo rostro recorrió el mundo cuando las imágenes de la toma del canal se viralizaron por las redes sociales. En ellas, el presentador José Luis Calderón hablaba a cámara mientras era apuntado por hombres encapuchados, difuminando una vez más los límites entre el contenido de las redes sociales y el guion de una película policial.

Los delincuentes de la banda “Los Tiguerones” habían tomado el canal con armas del Ejército peruano en medio de una ola de explosiones de carros bombas, secuestros y asesinatos realizados por las organizaciones criminales en parte del país. La ola de violencia era una forma de mostrar fuerza contra el estado de excepción, ordenado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, después de la fuga de Adolfo “Fito” Macías, jefe de la banda Los Choneros, y de Fabricio Colón Pico, líder de los Lobos en el estado de Pichincha. Ambas pandillas están inmersas en una cruenta guerra por controlar el negocio del narco en Ecuador, según Insight Crime. La respuesta de Noboa fue declarar “un conflicto interno y “grupos beligerantes y terroristas” a las 22 organizaciones narco criminales del país.

La cinematográfica toma del canal, de inmediato, se convirtió en nuevo video para monetizar en las redes sociales. Aunque para la sociedad ecuatoriana fue algo parecido a una gota de sangre que derrama un vaso lleno de microtragedias personales relacionadas con el incremento desmesurado de los homicidios y la violencia. Hace ya unos años, la apacibilidad de ese país lleno de montañas, selva, bosques, valles y playas kilométricas fue sustituida por la realidad de un país obligado a empequeñecerse, como un bicho bolita, para sobrevivir a la violencia.

Cómo el narcotráfico se reprodujo hasta no haber otra solución que la “militar”

Casi tres meses después, Fito Macías, el capo prófugo, fue detenido y los ecuatorianos votaron en un referéndum por ampliar las facultades para el uso de la fuerza militar en la seguridad pública. En el medio, la Corte Constitucional aprobó, sin pasar por el Congreso, el Plan Ecuador, un acuerdo firmado entre Washington y Quito que asegura el desembarco de militares y contratistas estadounidenses para asesorar en la lucha contra el narcotráfico.  Para el investigador ecuatoriano Luis Cordova, cada vez que se quiere legitimar “estrategias mucho más violentas, se cabalga con el sentimiento del miedo”.

El referéndum, por ejemplo, legitimó acciones tan importantes como el apoyo de las fuerzas militares a la policía en la lucha contra el narco, la extradición a Estados Unidos de narcotraficantes, y mayores penas de cumplimiento en contra de los criminales envueltos en “acciones de narcoterrorismo”. La palabra narcoterrorista volvió a ser desempolvada por los políticos ecuatorianos después de que por varias décadas se utilizara para (des) calificar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Una de las razones que explican la violencia en Ecuador es la sobreproducción de cocaína en América Latina, cuyo cantidad de hectáreas cultivadas con hoja de coca pasó de 244 a 355 mil hectáreas entre 2020 y 2022 en países como Colombia, Perú y Bolivia, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC). También la posición que adquirió el país como primer lugar de exportación de estos cargamentos hacia Europa, según los datos de la Organización Mundial de Aduanas basados en incautaciones. Solo entre 2018 y 2022, el porcentaje de cocaína exportada desde suelo ecuatoriano pasó de 18 a 29% de lo enviado a suelo europeo, un aumento del más del 60%.

Para el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, en la última década,  hay un desplazamiento del mercado de la cocaína hacia Europa “porque, el  consumo en Estados Unidos cayó por la transición a drogas sintéticas, como el fentanilo, lo que ha dejado una apertura a un mercado global inelástico con altos niveles de oferta donde el precio más alto en Europa estimula los envíos, entre otros factores”. En esta búsqueda de nuevos mercados, hay indicios de cargamentos dirigidos a África y Asia donde los carteles buscan colocar parte de su sobreproducción, según UNODC.

Para Fernando Carrión, doctor en Ciencias Sociales: “Ecuador está inmerso en un fenómeno global, denominado red mundial del crimen, que ha originado que los carteles dividiesen a los países según su área de trabajo en el narcotráfico: algunos dedicados al cultivo, otros a la producción y el tránsito, y unos últimos, al consumo. Esta división global del trabajo en el narco fue originada cuando Estados Unidos cerró cielos y mares, después de los atentados del 11 de septiembre, y  las operaciones pasaron a ser realizadas por tierra desde México, lo que provocó la asociación de los carteles mexicanos y colombianos. Y después con el Plan Colombia, las organizaciones criminales descolocaron gran parte de sus operaciones en otros países”.

La irrupción del narco en el país coincidió, además, con la imposición de una lógica del Estado mínimo empezada en 2017 con Lenin Moreno. “Desapareció el Ministerio Coordinador de la Seguridad que se encargaba de las cárceles, el Ministerio del Interior que se encargaba de la seguridad y la secretaría que estaba a cargo de la policía antinarcóticos. El presupuesto en seguridad y justicia se contrajo también enormemente. En este contexto, la tasa de homicidios pasó de 5,6 homicidios cada cien mil habitantes en 2017 a 44 en 2023. Casi nueve veces más”. Para Carrion, la decisión del Estado ha sido aplicar políticas de mano dura que se han traducido en estados de excepción, y ahora, con Daniel Noboa, una declaración de conflicto interno contra las 22 organizaciones declaradas “narcoterroristas”.

Pero la respuesta militar no parece haber detenido la violencia ya que en las últimas semanas han sido asesinados dos alcaldes y el director de la cárcel El Rodeo del departamento de Manabí. Para Carrion, los militares y policías seguirán en las calles sin que disminuya la violencia si no se mejora la situación económica y la distribución de la renta. “Los 18 mil criminales detenidos por el Estado tienden a ser sustituidos por los grupos etarios más jóvenes, afectados por la falta de acceso al empleo y a una educación de calidad”.  Lo que los vuelve más fácil de ser reclutados por grandes organizaciones narcocriminales, como los Choneros o Los Lobos, que manejan un presupuesto “más grande que la municipalidad de Guayaquil, la más importante de Ecuador”, según Carrion. ”Las organizaciones narcotraficantes lavan por año 3.500 millones de dólares. Una cuarta parte de esto, 800 millones, se destina a reproducir el “ilícito”. Este presupuesto los convierte en uno de los principales sectores empleadores del país por encima de las empresas más grandes de pesca y supermercados, cuya nómina está en los 15 y 17 mil trabajadores, respectivamente. En número poseen 50 mil personas adscriptas, por encima de los 42 mil miembros de las Fuerzas Armadas y por debajo, de los 58 mil de la policía. Son organizaciones poderosas en lo económico y lo político que no se controlan solo con el uso de la fuerza militar”.

Una de las razones por las cuales se han instalado en Ecuador son las pocas regulaciones bancarias y la dolarización de la economía, que permite blanquear el dinero con mayor facilidad. Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), durante el 2021 se lavaron 3.500 millones de dólares en el sistema financiero ecuatoriano, triplicando así la estimación de 1.200 millones del período 2007-2016.  Para el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) el lavado de dinero es segundo delito más común después del narcotráfico en seis provincias: Carchi, El Oro, Guayas, Manabí, Santa Elena y Sucumbíos. Todas regiones ubicadas en la costa Pacífico y la frontera con Colombia. Para la OECO también: “el crimen organizado parece haber acentuado su maniobrabilidad en territorios rurales y urbanos altamente desiguales que han resultado en la oferta de una serie de economías ilegales, así como de un proceso de expansión que impacta sustancialmente a la calidad de vida de los ecuatorianos y una alternativa de negocios para quienes se insertan en actividades criminales”.

Para el investigador Luis Cordova, las fuerzas de seguridad no están desbordadas en cantidad sino en capacidades de inteligencia para hacer un mapeo de las dinámicas criminales. “No se toca la estructura financiera y empresarial con la que lavan sus ganancias. ¿De dónde sacan la plata para financiar actos criminales y fletes con cocaína hacia Europa? Del sistema financiero empresarial ecuatoriano”. Un hecho que lo ejemplifica es la red de empresas de exportación de bananos y piñas involucradas en envíos de cocaína hacia Europa. 

De acuerdo al investigador, hay políticos financiados por el narco y también cooperativas de ahorro y crédito, que se sostienen con dinero sucio. “El crimen y el lavado, además, está legitimado en sectores bajos y medios en regiones como Chimborazo y ciudades como Riobamba, donde aparece personas, de la nada, con autos de alta gama y se construyen enormes edificios. Mientras eso no cambie, puedes poner un militar en cada cuadra que no resolverá nada”. Uno de los casos que más ejemplifica esta relación incestuosa es el del cuñado del expresidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, acusado de tener negocios con la mafia albanesa a través de su confidente Ruben Cherres, asesinado en 2023. Carrera es un antiguo gerente y accionista del Banco Guayaquil, uno de los más grandes del país.

Para el periodista Andersson Boscán, “alguna vez habría que preguntarse el banco donde la mafia albanesa depositó sus dineros del narco”.

Cómo el narco es utilizado para justificar el desembarco de soldados estadounidenses en Ecuador

Para Cordova, la respuesta del Estado ecuatoriano, basada en la cooperación con Estados Unidos y la reproducción de su famosa formula droga, ha generado una mayor espiral de violencia. “A medida que se militariza la seguridad interna por parte del Estado, las estructuras criminales también optan por militarizar su comportamiento violento, como ha ocurrido en otros países de América Latina”. Lo comprueba el aumento de la tasa de homicidio como también el sicariato político de funcionarios públicos y políticos, como Fernando Villavicencio, candidato presidencial en las elecciones de 2023. Según Insight Crime, Ecuador pasó de ser el décimo país violento a estar entre los tres más peligrosos entre 2022 y 2023 por encima de Honduras, Venezuela y Colombia. Solo en Guayaquil, los homicidios han aumentado un 80% solo en un año.

La situación ha servido para que el Comando Sur cierre el famoso Plan Ecuador, que establece el desembarco de uniformados y contratistas estadounidense en suelo ecuatoriano. Para Laura Richardson, jefa del Comando Sur: “la ayuda equivale a 93,4 millones de dólares que incluye transferencia de equipos militares, y también asistencia humanitaria y respuesta a desastres, educación militar profesional.”. Después de varios años, los militares estadounidenses pueden patrullar las aguas marítimas de Ecuador y acceder a su espacio radio eléctrico como en los tiempos donde estaban instalados en la base de Manta. Lo que, junto con los acuerdos militares con Perú, le permite tener un control preponderante en el océano Pacífico en el marco de la estrategia del Comando Sur 2017-2027, que habla de convertirse en “en una «red de redes» que articule a las fuerzas de seguridad de América Latina para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico, la migración, y la “influencia maligna” de países como China, Rusia e Irán. “Todo esto viene acompañado de apoyo financiero a través del Fondo Monetario Internacional y respaldo diplomático en atropellos como el sucedido en la embajada de México”, argumenta Cordova.

Si bien la Administración Biden ha intentado matizar la política de “guerra contra las drogas”, lo cierto es que tanto republicanos, como demócratas, han presionado porque los militares estadounidenses se involucren en la lucha antinarcóticos como décadas pasadas. “Con la estrategia de seguridad de 2022, Estados Unidos vuelve a su vieja doctrina de seguridad nacional con el concepto de disuasión integrada, que retoma la idea de que todos los poderes del Estado norteamericano se integran para enfrentar desafíos estratégicos como la influencia china y rusa, el terrorismo, el crimen organizado, la migración, entre otros temas. La respuesta militar se unifica: es lo mismo enfrentar a los pandilleros de Guayaquil que a unos terroristas de Medio Oriente.  En el medio no está el interés en la seguridad de los países, sino el objetivo de garantizar el control social de estos Estados y apuntalar a las ventas, y negocios, de la industria de seguridad en países como Ecuador. Detrás está la competencia entre Estados Unidos y China por los minerales raros y el agua que hay en la región”, asegura Cordova.

De esta forma, Estados Unidos busca contrarrestar la influencia de China en Ecuador luego de que firmara un Tratado de Libre Comercio con el país y se convirtiese en su principal socio comercial. Según Joe Biden, minerales raros, como los que hay en América Latina, “son componentes básicos para muchas tecnologías modernas y son esenciales para la seguridad nacional y prosperidad económica de Estados Unidos”.

Para Juan Gabriel Tolkatlian, profesor de relaciones internacionales especializado en seguridad y narcotráfico; “en los años 90, terminada la Guerra Fría, el Comando Sur identificó un “nicho” de financiamiento a través de la promoción de un activo rol en tareas anti-drogas. Los sucesivos comandantes fueron asegurando e incrementando ese papel, acrecentando su influencia en la política exterior y de defensa de Estados Unidos hacia Latinoamérica”.  El Comando Sur cuenta con un presupuesto anual de 200 millones de dólares al año, pero pretende aumentarlo en más de un 50% a 323 millones con el “argumento del peligro chino de acuerdo a un documento de 28 páginas que presentó en el Congreso”, según Tolkatlian.  En 2024, Estados Unidos tiene presupuestado destinar el 26% de su asistencia a América Latina en ítems de seguridad como “lucha contra el narcotráfico, anti terrorismo y entrenamiento y educación de militares latinoamericanos. Unos 658 millones de dólares.

Todo ese dinero, de forma paradójica, no ha hecho nada para evitar que América Latina viva uno de sus mayores booms de producción de cocaína.