El caso de Gabriel Cruz y los límites éticos del true crime

Muchos recordamos los doce días de angustia de la madre de Gabriel Cruz, “el pequeño Gabriel”, para cuya búsqueda se organizó la Operación Nemo, un impresionante despliegue de más de 5.000 personas. El caso, que hace seis años causó una gran conmoción, se recuerda también por la gran manifestación para pedir el regreso del niño y por su espantoso desenlace, con la asesina, Ana Julia Quezada, detenida con el cuerpo del niño en el maletero de su coche.

En aquellos días, frente a la frialdad de la asesina y pareja del padre de Gabriel (“egocéntrica, manipuladora, posesiva y una persona de máxima frialdad” según los investigadores), sorprendió la actitud siempre positiva de la madre, Patricia Ramírez, que el pasado 11 de mayo denunció que Quezada estaba filmando un documental dentro de prisión (la cárcel de Brieva, Ávila) y que emprendería acciones judiciales para tratar de parar la producción audiovisual.

Ramírez aseguró ante la prensa convocada que funcionarios de la prisión habrían permitido el acceso de un teléfono móvil al penal y que la asesina de su hijo (la primera mujer condenada a prisión permanente revisable, lo más parecido a la cadena perpetua) se había comunicado con miembros de la productora (cuyo nombre no reveló) con vídeos y audios. Además, dijo que hace tres años un grupo multimedia, apoyado por Esteban Hernández Thiel, el abogado de Ana Julia, le propuso realizar un documental sobre su caso y que lo rechazó inmediatamente. “Este abogado se ha saltado lo ético, este documental es reprochable e inhumano porque se lucraría del dolor ajeno”, declaró Ramírez.

Según la madre de Gabriel, que adelantó que se querellará contra la empresa responsable dada la negativa de la familia para la realización de la obra, esta oferta no fue la única. Otros medios como el diario La Vanguardia o productoras ligadas a Amazon Prime Video se mostraron muy interesadas por producir contenido sobre el menor y su asesinato. También señaló que las diez productoras que compran este tipo de contenido no tienen conocimiento de que se haya vendido el proyecto y citó expresamente a Netflix, aseverando que la famosa plataforma lo había rechazado y que esa decisión suponía para la familia un rayo de esperanza.

Tampoco faltaron palabras contra el Ministerio del Interior y en su comparecencia mostró su preocupación por que la asesina cobrase por el documental, aunque en realidad todo lo que pudiera cobrar sería embargado. El juzgado le obligó a pagar 250.000 euros a cada progenitor por daños morales y a hacer frente a los 200.203 euros que el Estado gastó en la búsqueda del niño.

Tras esta comparecencia de prensa, y de que su presunta participación en la grabación se conozca entre las otras presas, Ana Julia Quezada fue trasladada a un módulo de aislamiento para salvaguardar su integridad física, solo un lavado de cara para la madre de Gabriel, que puso un ejemplo de lo fácil que sería que la asesina presa participara en el documental: “Si yo soy una amiga suya, y estoy autorizada, o si soy un familiar o su abogado, se puede sentar alguien al lado, hacer la videoconferencia y volver a grabarla”.

Con todos estos hechos sobre la mesa, el debate, realmente complejo, está abierto. Pocos días después del estreno en Netflix de El caso Asunta, Patricia Ramírez atacó al género true crime clamando contra las malas prácticas y el sensacionalismo de muchos casos violentos y mediáticos como el suyo y subrayando la necesidad de “un tratamiento adecuado de las noticias de sucesos para evitar la vulneración de derechos fundamentales”. Pero, aunque esté en su derecho de intentarlo, ¿puede Ramírez parar un documental sobre su historia? Es poco probable. Por muy despreciable que sea, Ana Julia Quezada puede hablar con la prensa o con un equipo de documentalistas siempre que sea tramitado y aprobado. Es obvio que usar un teléfono oculto es algo anómalo, pero si sigue los cauces legales del Ministerio del Interior y su reglamento penitenciario podía hablar ante una cámara.

Es evidente también que si preparas un documental sobre el caso de Gabriel Cruz y la propia madre te ruega que no lo hagas, quizás lo mejor es no hacerlo y abandonar el proyecto. Muchos lo haríamos, pero no tiene por qué ser la decisión mayoritaria y mucho menos la obligatoria. Si por la negativa de los familiares fuera, no se hubiesen escrito o grabado miles de grandes reportajes, ni se hubiesen rodados brillantes documentales.

La comprensiblemente indignada Ramírez pone el foco en productoras de plataformas, pero conviene recordar que lo que ahora se presenta como true crime es lo que toda la vida hemos conocido como crónica de sucesos, pero con mucha mejor factura. ¿Y realmente hace falta que recordar que la “información” de las televisiones convencionales, sobre todo Atresmedia y Mediaset, se nutre principalmente de crímenes?

Es tan cierto que Patricia Ramírez está en su derecho de quejarse como un periodista, escritor o documentalista está en su derecho de investigar, escribir o rodar sobre un crimen, estos trabajos siempre van a afecta emocionalmente a los protagonistas. Jordi Évole tiene el derecho de entrevistar a alguien tan siniestro y gélido como Josu Ternera, como lo tuvo Jesús Quintero de entrevistar a Rafi Escobedo, condenado por el asesinato de los marqueses de Urquijo. Y sin olvidar su legendario programa Cuerda de presos, en el que entrevistó, entre otros, a Francisco García Escalero, asesino de mendigos.
Otros ejemplos: El caso Wanninkhof-Carabantes es un buen trabajo documental, pero no lo es la mediocre miniserie sobre Daniel Sancho o la dedicada a El rey de cachopo.

Todo, siempre, depende de la mirada, la profesionalidad y el tacto de cada uno.