Simulación de gobierno en diferido

Cualquier persona progresista o de izquierdas que supiera contar hasta 176 y que tuviera un mínimo de alfabetización política supo perfectamente la misma noche del 23J de 2023 que no había grandes motivos para mostrarse tan eufóricos como el PSOE y Sumar cuando salieron a valorar los resultados. Es cierto que las encuestas venían dando en su mayoría una victoria del bloque de la derecha y la extrema derecha y ese resultado habría producido algo tan negativo para España como un Gobierno de Feijóo con Abascal como vicepresidente. Sin embargo y al mismo tiempo, era también obvio que la única manera que Pedro Sánchez iba a tener a lo largo de esta legislatura para poder alcanzar la mayoría necesaria para aprobar reformas legislativas de calado pasaba obligatoriamente por el concurso de los 12 escaños de derechas que suman PNV y Junts. La mayoría progresista y plurinacional que, en la legislatura anterior, se alcanzaba con los escaños de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País y Compromís y que permitió aprobar más de 200 leyes, el pasado 26J de 2023 pasó a la historia y fue sustituida por una aritmética mucho más compleja y mucho menos operativa.

Si esto ya era así hace un año, con el paso de los meses la situación se ha vuelto todavía más complicada. La decisión del Gobierno de apostar por un aumento del gasto militar frente a las partidas sociales, su inacción frente al peor genocidio del siglo XXI que Israel está cometiendo en Gaza, su apuesta incluso por intentar introducir recortes en las pocas leyes sociales que ha llevado al Parlamento, todo ello ha hecho más difícil todavía que en 2023 el apoyo de los 4 escaños de Podemos. Por si esto fuera poco, Sánchez ha apostado, después del resultado de las elecciones catalanas, por quedarse con todo el poder autonómico, a costa de dejar a Junts fuera de la gobernabilidad autonómica (algo que es, obviamente, la principal prioridad del partido de Puigdemont) al tiempo que debilitaba políticamente a sus dos socios independentistas. En el día de ayer y después de concluir su defenestración completa mediante la publicación de una auditoría del Ministerio de Transportes que ha conducido ya a la destitución de varios altos cargos y que pretende levantar una especie de cortafuegos entre el ejecutivo y el así llamado ‘caso Koldo’, el antes todopoderoso Ministro y Secretario de Organización de Sánchez y hoy diputado del grupo mixto, José Luis Ábalos, trasladaba a los medios de comunicación: “desde ahora votaré en conciencia, ya no seré seguidista del PSOE”. Por si la aritmética estaba ya difícil —como han demostrado los últimos fracasos parlamentarios antes del verano—, el gobierno perdía ayer otro escaño.

A tan solo un año desde que empezó la legislatura, la capacidad del Gobierno de hacer reformas reales parece prácticamente nula. Sin embargo, todo apunta también a que, ante esta situación, lejos de plantear otras alternativas, el ejecutivo de PSOE y Sumar ha decidido apostar por conservar el Gobierno aunque eso implique no gobernar. Por supuesto, para que eso sea mínimamente viable a nivel político, es indispensable proporcionar a los cañones mediáticos afines de la progresía algún tipo de relato —aunque sea mediocre— con el que puedan justificar su fuego de cobertura. En este sentido, la táctica que se está desplegando ante nuestros ojos parece constar, al menos, de tres tipos de movimientos: (1) la toma de decisiones de competencia pura del poder ejecutivo que no tengan que ser votadas por una mayoría que no existe (órdenes ministeriales, opacas modificaciones de crédito para comprar armas, esta semana la prohibición de la OPA húngara a Talgo, etc.), (2) los anuncios de medidas proyectadas hacia un futuro indeterminado acompañadas —si es necesario— de largas negociaciones infructuosas (como la reducción de la jornada laboral, que ya ha sido verbalizada en decenas de ocasiones, pero no parece que vaya a llegar nunca) y (3) las votaciones fracasadas en el Congreso con las que el ejecutivo al menos demuestra “voluntad” y además puede echar la culpa a los demás por no votar a favor.

Es indispensable proporcionar a los cañones mediáticos afines de la progresía algún tipo de relato —aunque sea mediocre— con el que puedan justificar su fuego de cobertura

En esta última categoría podemos enmarcar la carpeta de los Presupuestos Generales del Estado según las últimas declaraciones del propio Gobierno. En estos días de final de verano, el ejecutivo ha transmitido a los periodistas que pretende llevar los presupuestos al Congreso “en tiempo y forma”. De cumplirse estrictamente este circunstancial, eso significa antes del 1 de octubre de este año. Es decir, a lo largo del próximo mes. Habida cuenta de la situación aritmética y política descrita en los párrafos anteriores, uno puede intuir que la voluntad de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz a la hora de llevar a cabo esta maniobra no es la de aprobar los presupuestos —algo que ellos saben perfectamente que es enormemente difícil dada la coyuntura actual—, sino simplemente fabricar una serie de argumentos mediáticos que, en la semanas previas a la votación, les permitan presionar políticamente a los partidos de la investidura para intentar torcerles la mano y, cuando la votación fracase —el resultado más previsible—, pasar algunas semanas más argumentando que “el Gobierno al menos lo ha intentado” y reprochando a los que no han apoyado las cuentas para intentar desgastarlos.

Algo similar parecen haber diseñado para el acuerdo alcanzado con ERC sobre la así llamada ‘financiación singular’ de Catalunya a cambio de los votos de los republicanos para investir a Salvador Illa. En esta semana, las fuentes del ejecutivo ya reconocen abiertamente a los periodistas lo que, por otro lado, es una obviedad: que, para cumplir el acuerdo, hace falta una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y que eso, en estos momentos, no es posible sin el concurso del PP. Más allá de la disputa por el relato sobre el verdadero contenido de la reforma —con María Jesús Montero diciendo que no tiene nada que ver con un “concierto” mientras Josep Borrell dice que sería mentir negar que estamos ante un “concierto”—, todo indica que lo acordado con ERC tiene el mismo estatus táctico para el Gobierno que los presupuestos. En este caso, no está claro si apostarán por no llevar nunca la reforma al hemiciclo de la carrera de San Jerónimo con el argumento de que el PP no quiere y no dan los números o si harán lo mismo que con las cuentas del Estado e intentarán provocar una votación fallida. En cualquiera de los dos casos, el resultado será el mismo: lejos de gobernar, se llevará a cabo una simulación de gobierno en diferido.

Habida cuenta de la correlación de fuerzas mediática y de la enorme agresividad de la derecha y la extrema derecha —que, a base de exagerar lo que (no) hace el Gobierno, genera la ficción de que está haciendo cosas—, no podemos afirmar que la estrategia elegida por Sánchez vaya a fracasar. Es, efectivamente, posible que pueda pasarse estos cuatro años de legislatura sin aprobar prácticamente ninguna reforma y jugando una y otra vez la carta mediática del juego de manos y de la simulación. No podemos descartarlo del todo: es posible que eso permita al PSOE y a Sumar pasar tres años más sentados en los bancos azules, pero lo que también hay que señalar es que el destrozo a las expectativas del electorado progresista y de izquierdas como consecuencia de esta estrategia nos puede llevar a una década de gobiernos reaccionarios. En pocos días empieza el curso político y este parece ser, lamentablemente, el esbozo de la trayectoria elegida.