La estrategia de vivienda del PSOE
Esta semana, la ministra de Vivienda del PSOE, Isabel Rodríguez, añadía una nueva perla discursiva a su cada vez más vergonzante hemeroteca. La ministra que, nada más tomar posesión, dijo a los promotores privados desde la Cadena SER que, con este Gobierno, van a poder hacer negocio, la que defendió que tiene que haber un mejor acceso a la vivienda en Málaga porque, si no, “dónde van a vivir los que nos sirven un vino o un espeto”, la que se ha reunido con toda la banca y con todos los especuladores pero nunca con los sindicatos de inquilinos o con la PAH, pidió en estos días —de nuevo desde la radio— a los propietarios de pisos en alquiler que sean “solidarios” para bajar los precios.
El problema de la vivienda en España es, sin paliativos, el primer problema económico que afronta la clase trabajadora. Si tenemos en cuenta que, en la Comunidad de Madrid, el coste promedio del alquiler alcanza el 67,6% del Salario Mínimo Interprofesional, si en Cataluña este ratio llega al 59,3% y en Andalucía al 45,8%, si además reconocemos la evidencia de que esto es el promedio en toda la comunidad autónoma y que, en sus grandes ciudades, y todavía más en el centro de las mismas, alquilar una vivienda supera la mayoría de las veces la cuantía del SMI, si pensamos que hay jóvenes pagando 600 o 700 euros por una habitación —no por una vivienda, por una habitación— en Barcelona o en Madrid, si vivimos en el mundo real y no en el que habita la ministra, es muy fácil darse cuenta de que la situación está a punto de estallar.
Estamos hablando también de un mecanismo prácticamente feudal de transferencia masiva de riqueza de la clase trabajadora a la clase rentista
Y no solamente estamos hablando de la brutal precariedad que tiene que afrontar cualquier persona que necesita vivir de alquiler en cualquiera de las grandes ciudades y las zonas turísticas españolas. Además, estamos hablando también de un mecanismo prácticamente feudal de transferencia masiva de riqueza de la clase trabajadora a la clase rentista. Baste tener en cuenta que, en España, solamente el 6% de la población adulta es casero. Es decir, solamente el 6% de los adultos tienen una vivienda en propiedad que están alquilando a otra persona. De ese 6%, más del 60% tienen dos o más viviendas puestas en alquiler, un 24% tiene más de 15 y, de hecho, el 10% de todas las viviendas alquiladas en España son propiedad de una gran empresa, de un banco o de un fondo buitre. Los hogares de caseros son además los de mayor renta del país, disfrutando de una renta mediana disponible anual de 40.293€ frente a los 18.457€ de los hogares de inquilinos. Al mismo tiempo, hay más de 3 millones de viviendas vacías en España mientras los economistas neoliberales dicen que hay que construir medio millón de ellas por el incremento de la población y por la inmigración. Cuando se les dice que existe un parque brutal de viviendas vacías esperando el mejor momento especulativo para ser puestas en el mercado, contestan que el problema es que están mal localizadas. Que tan solo el 10% de ellas se encuentran en las grandes ciudades. Lo que no te dicen es que el 10% de 3 millones es 300.000 viviendas vacías en las grandes ciudades de nuestro país.
Ante esta situación, ante la perspectiva de que millones de compatriotas vean destruidas sus economías familiares y sus proyectos de vida y de futuro para enriquecer a una minoría muy pequeña de la población, ante la obviedad —además— de que este funcionamiento económico opera en detrimento de los sectores verdaderamente productivos del país, al sustraer cantidades ingentes de capital para ponerlas en los bolsillos de un sector en el que no hay innovación, no hay prácticamente personas contratadas y no hay apenas valor añadido, resulta casi ridículo repetir una y otra vez que el Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto de una forma seria y eficaz antes de que algo muy grave se rompa en España.
Obviamente, dada la magnitud y la complejidad del problema, no hay ninguna bala mágica para resolverlo; no hay ninguna medida única que vaya a solucionar la situación operando individualmente. Está claro que hace falta un paquete integral y contundente en el cual, posiblemente, habría que incluir la prohibición del uso turístico, una regulación muy estricta del alquiler de temporada para que no se use en fraude como está ocurriendo ahora, un impuesto creciente en el tiempo a las viviendas vacías, una expropiación del uso de una parte importante de las viviendas en manos de grandes tenedores para destinarlas al alquiler social, una regulación efectiva de los precios en el mercado libre que impida que las familias tengan que destinar más del 30 % de sus ingresos a la vivienda, la prohibición de la compra de vivienda que no sea para vivir o para ser puesta en el alquiler social o un programa de compra masiva por parte del Estado de viviendas existentes para destinarlas a dicho fin —comprar, no construir vivienda nueva— y así poder generar un parque público de dimensión europea no en décadas sino en unos pocos años.
Como ya ha quedado claro en esta legislatura inoperante, de todo esto que hay que hacer, el Gobierno de Sánchez en general y su ministra de Vivienda en particular no van a hacer absolutamente nada
Como ya ha quedado claro en esta legislatura inoperante, de todo esto que hay que hacer, el Gobierno de Sánchez en general y su ministra de Vivienda en particular no van a hacer absolutamente nada. Primero, porque no existe una mayoría progresista y de izquierdas en el parlamento a pesar de la triunfalista celebración del resultado por parte del PSOE y de Sumar el día de las elecciones y, segundo, porque tampoco existe la voluntad política para siquiera intentarlo. Del mismo modo que los dos partidos del Gobierno ya han dejado claro que pretenden seguir sentados en los sillones azules del ejecutivo aunque no aprueben ni un solo presupuesto en toda la legislatura, tampoco les parece algo que afecte a su continuidad el no atender el problema económico más grave del país durante cuatro largos años.
Por eso, además de las declaraciones extemporáneas de Isabel Rodríguez, la ministra ha añadido al final de esta semana un elemento estratégico que es muy habitual por parte del PSOE. Así, Rodríguez, ha amenazado este viernes a las comunidades autónomas gobernadas por el PP con retirar los fondos y la colaboración del Gobierno central en materia de vivienda si no cumplen sus obligaciones en este ámbito y, en particular, si no ponen en marcha la regulación de los precios del alquiler que la Ley de Vivienda aprobada en la legislatura anterior pone en manos de las administraciones autonómicas.
Teniendo en cuenta la ideología de la ministra, repasando su hemeroteca, recordando que el PSOE intentó sabotear y rebajar al mínimo los contenidos de la Ley de Vivienda impulsada por Ione Belarra y sabiendo que Asturias y Castilla-La Mancha —gobernadas por el PSOE— tampoco están regulando los precios, resulta evidente lo que está ocurriendo. Para tapar su inacción, para que no se hable de que el Gobierno del PSOE y Sumar no va a hacer nada para resolver este importante problema, montan una confrontación fake con el PP. Es obvio que la derecha va a trabajar siempre en favor de los rentistas y, precisamente por ello, el interpelarlos para que hagan lo contrario no es más que un juego de manos para intentar engañar a la ciudadanía y conseguir rédito electoral. De hecho, este esquema —confrontar con el PP para justificar la inacción propia— lo hemos visto ya con los presupuestos, con la reforma de la ley de extranjería o con la financiación autonómica… y seguramente lo vamos a ver repetido en otras muchas ocasiones si Sánchez no aprieta el botón de la repetición electoral.
Sin embargo, es difícil ocultar la realidad material en un ámbito tan grave como la vivienda y no va a ser posible soslayar las grandes manifestaciones al respecto que se están preparando para las próximas semanas. Por muchos juegos de engaño que intente hacer el Gobierno, la ciudadanía de nuestro país no es menor de edad y cada vez está quedando más claro que la acción política que estamos viendo desde el 23J es prácticamente indistinguible de la que habríamos tenido que sufrir con un Gobierno del PP.
