En la Roma de Meloni la solidaridad con Palestina está prohibida
Los pasados sábado 5 y domingo 6 de octubre, cientos de miles de personas salieron a las calles de todo el mundo para manifestarse en solidaridad con el pueblo palestino, un año después del comienzo del genocidio israelí en Gaza.
En Europa, de París a Londres, de Madrid a Berlín, pasando por Belgrado, Dublín y muchas otras capitales, los manifestantes exigieron el embargo de armas contra Israel como herramienta necesaria para poner fin a las masacres diarias perpetradas por el gobierno de Tel Aviv.
Sin embargo, hubo una capital que intentó prohibir la presencia en las calles de activistas solidarios con los pueblos de Palestina y Líbano: la Roma gobernada por la ultraderecha de Giorgia Meloni.
La prohibición fue aplaudida no solo por el gobierno de ultraderecha y la galaxia mediática del extremo centro (con Il Foglio a la cabeza), sino también por los representantes de las fuerzas del orden
Según informaron fuentes de la comunidad palestina, el anuncio de la manifestación romana tuvo lugar el 2 de septiembre. En Italia, la libertad de reunión y manifestación es una libertad constitucional, contemplada en el artículo 17 de la Constitución, que prevé un simple aviso a las autoridades competentes. No hace falta, por lo tanto, autorización. Sin embargo, en este caso las cosas son diferentes. Al cabo de unos diez días, la Jefatura de Policía de Roma advirtió primero de la necesidad de ampliar información, luego de la necesidad de una motivación más amplia y, finalmente, diez días después del 5 de octubre, prohibió la manifestación “por motivos de seguridad pública”.
Entre los motivos de seguridad estarían algunos posts en redes sociales, por ejemplo, uno en la que los Jóvenes Palestinos Italianos hablan del 7 de octubre como una “revolución”. “Los organizadores alaban el 7 de octubre, pareciendo que invitan a repetirlo. El ministro y los analistas ven en este mensaje un perfil de riesgo para el orden público”, informaba el 13 de septiembre el diario La Stampa, citando fuentes del Ministerio del Interior.
El 3 de octubre, el Tribunal Administrativo de la Región Lacio (TAR), al que había recurrido la UDAP (Unión Democrática Árabe Palestina), confirmará finalmente la prohibición de la manifestación.
La prohibición fue aplaudida no solo por el gobierno de ultraderecha y la galaxia mediática del extremo centro (con Il Foglio a la cabeza), sino también por los representantes de las fuerzas del orden. El 30 de septiembre, la USIC (Unione Sindacale Italiana Carabinieri) llegó incluso a publicar un comunicado de prensa en el que pedía “mano dura” al gobierno y “equipos adicionales tales como tanquetas de agua” para detener a la “horda” (los manifestantes).
En cambio, además como es obvio de los convocantes, se ha manifestado en contra de la prohibición la Asociación Nacional de Juristas Demócratas: “No se puede prohibir una manifestación por los lemas que expresa”. En esto ha recibido el apoyo de Amnistía Internacional, que recordó el pasado 2 de octubre que “el derecho a la protesta está protegido por varias disposiciones de derechos humanos y, en particular, por la interacción de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión”.
Por parte de los partidos políticos de centro izquierda, que también dicen estar comprometidos en la lucha contra el Proyecto de Ley 1660 que afecta al derecho a la protesta y a la disidencia, no ha habido más que cuchicheos, mientras que los medios de comunicación “progresistas” se manifiestan a favor de la compresión de las libertades constitucionales, contribuyendo a la criminalización de los manifestantes con titulares que dan envidia a los periódicos de la ultraderecha. Entre ellos destaca La Repubblica, que el 1 de octubre titulaba: “La galaxia pro-Hamas contra la prohibición del Viminale”, antes de cambiarlo por un más sobrio “La galaxia pro-Palestina”.
Con este clima llegamos al sábado 5 de octubre
Con la intención, por parte de los organizadores y simpatizantes de salir de todos modos a las calles para protestar contra el genocidio, contra la complicidad del gobierno Meloni, pero también —en este momento— para defender el propio derecho de manifestación.
Por otra parte, a pesar de que en la mañana del 5 de octubre se había autorizado una concentración, el dispositivo represivo puesto en marcha por el ministro Piantedosi recordaba a la serie La Valla, en la que un gobierno dictatorial utiliza las fuerzas de seguridad para impedir que la gente corriente entre en el “Sector 1”, al objeto de defender los intereses y privilegios de la gran burguesía que lo habita.
El 5 de octubre, las fuerzas policiales controlaron todos los accesos posibles a Roma, después de que algunas jefaturas de policía hubieran prohibido la salida de autobuses organizados hacia la capital, tal y como informó el colectivo Rimini per Gaza. Agentes de paisano ya estaban presentes en las estaciones de ferrocarril de las principales ciudades italianas, para controlar la salida de cualquier persona.
A continuación, se desplegó un gran número de carabinieri y policías en los peajes de las autopistas, con el fin de construir una primera “valla” y poder detener y controlar los autobuses. Se hizo bajar a los pasajeros que se dirigían a Roma y los agentes procedieron a comprobar sus documentos, tanto manualmente como en las bases de datos policiales.
Se instaló otra “valla” a la entrada de la plaza en la que estaba prevista la concentración, que primero fue prohibida y finalmente fue autorizada la mañana misma del 5 de octubre. Los manifestantes se vieron obligados a atravesar el pasillo de vehículos blindados y filas de policías hasta llegar a los funcionarios encargados de fotografiar los documentos de identidad de todo el mundo, mientras otros agentes filmaban atentamente.
Así, pues, antes incluso de que tuviera lugar la concentración, el gobierno de Meloni llevó a cabo una identificación masiva de los manifestantes. A las 13:00 horas, una hora antes de que se convocara la guarnición, la jefatura de policía informó de que ya había realizado 1.600 controles e identificaciones.
Según la organización política Potere al Popolo! constituye una especie de ensayo de “estado policial”, más de diez mil personas abarrotaron la concentración
Y no solo esto. Porque, a esa misma hora, hasta 19 personas habían sido ya conducidas a la jefatura de policía o a la comisaría. Sin que hubiera pasado nada. Al final del día, 51 personas habían sido sancionadas con una orden de expulsión de la ciudad. Personas en su mayoría sin antecedentes a las que la jefatura de policía “ordena abandonar el territorio del Ayuntamiento de Roma en el plazo de una hora [...] y no regresar” durante un periodo variable, desde un mínimo de seis meses hasta varios años. Ciudadanas y ciudadanos a los que se impedirá la entrada en la capital sin haber cometido delito alguno y basándose en la mera presunción de la posibilidad de que cometan delitos en el futuro. Piantedosi y Meloni ni siquiera tuvieron que aprovecharse y copiar a los clarividentes —los “precogs”—de Minority Report, porque pudieron utilizar instrumentos ya existentes, empezando por la variante urbana de la prohibicion de acceso a los recintos deportivos con el que el entonces Ministro del Interior Minniti (Partido Democrático) otorgó a los jefes de policía la potestad de prohibir el acceso a determinadas zonas a personas consideradas un peligro para la seguridad pública. Al principio fueron los ultras, luego cualquiera que atentara contra el “decoro” de nuestras ciudades y hoy cualquiera que quiera ejercer el derecho de manifestación.
De esta suerte, para intentar poner orden tenemos lo siguiente: prohibición de manifestarse, en violación de las libertades democráticas de rango constitucional (art. 17); criminalización mediática, con el poder mediático de la ultraderecha —pero también del “progresismo— que no perdió ocasión de hablar de amigos de terroristas, de manifestantes “pro Hamas”, etc.; represión preventiva que en forma de identificaciones masivas y órdenes de expulsión de la ciudad personas que no habían cometido ningún delito.
A pesar de este dispositivo, que según la organización política Potere al Popolo! constituye una especie de ensayo de “estado policial”, más de diez mil personas abarrotaron la concentración. Desafiando no solo la prohibición gubernamental, sino también el miedo. Un miedo que sin embargo frenó la participación de otros miles, contra los cuales seguramente la criminalización y la represión preventiva han operado como “medida disuasoria” de la participación e “incentivo” para recluirse en el espacio de la vida privada.
El balance fue de 30 policías y 3 manifestantes heridos
Mientras la lluvia se alternaba con el sol, más de 10.000 personas permanecieron en la plaza durante más de tres horas, denunciando no solo lo que está ocurriendo al otro lado del Mediterráneo, sino también señalando con el dedo la complicidad del gobierno de Meloni y de las instituciones italianas que permiten a Netanyahu continuar por el camino del genocidio. En las intervenciones ante el micrófono y en algunas de las pancartas se denunció, por ejemplo, el protagonismo de una empresa controlada por el Ministerio de Economía y Hacienda, Leonardo, que no solo sigue supuestamente enviando armamento a Israel —contradiciendo al ministro de Defensa Crosetto que, en octubre de 2023, declaró suspendido el envío de armas a Netanyahu— sino que incluso ha firmado nuevos contratos de venta de armas. Esto lo hace a través de su filial estadounidense Leonardo DRS, autorizada a vender a Tel Aviv “remolques de tanques pesados y equipos relacionados, con un coste estimado actualmente en 164,6 millones de dólares” (Milano Finanza, 19 de septiembre de 2024).
A las 17:30 horas, algunos manifestantes, ante la prohibición de que la concentración saliera en manifestación, empezaron a lanzar botellas y petardos contra el despliegue de las fuerzas del orden. La reacción fue vehemente: primero una lluvia de gases lacrimógenos, y luego se arrojaron cañones de agua sobre la concentración que estaba acorralada, ya que las fuerzas del orden no habían dejado ninguna vía de escape posible.
El balance fue de 30 policías y 3 manifestantes heridos (presumiblemente muchos más, pero que no buscaron atención médica en ambulancias u hospitales). También se detuvo a cuatro manifestantes, uno de los cuales, Tiziano Lovisolo, un joven de 24 años de la región de Las Marcas, fue objeto de un procedimiento abreviado el lunes 7 de octubre y se encuentra ahora bajo arresto domiciliario a la espera de una vista aplazada hasta el 14 de noviembre.
Se ha hablado mucho de infiltrados, tesis promovida tanto por el ministro Piantedosi —“hipótesis confirmada sobre los infiltrados” — como por algunos “influencers” presentes en la concentración, categoría sobre cuyo papel convendría una reflexión más amplia. Sin embargo, UDAP y Jóvenes Palestinos, publicaron un comunicado en el que “rechazan categóricamente la lectura de quienes imputan la violencia a los infiltrados. Rechazamos categóricamente cualquier intento de dividir el movimiento de solidaridad, así como el movimiento palestino, en buenos y malos”.
No se puede prohibir una manifestación por los lemas que expresa
La atención política y mediática se ha centrado exclusivamente en esos incidentes de la jornada. En un intento —tras el ex ante— de criminalización ex post. La indignación por la violencia callejera de los manifestantes va acompañada del silencio ante la violencia estatal que miles de ciudadanos tuvieron que soportar antes y durante el 5 de octubre. Y ante la complicidad con la violencia del genocidio en curso en Gaza.
Parece pues que para el gobierno de Meloni y para la mayor parte del poder mediático es criminal manifestarse contra un genocidio; en cambio, lo legítimo es ser cómplice del asesinato de 42.000 palestinos.
No se puede prohibir una manifestación por los lemas que expresa. No se puede impedir que los que quieren manifestarse lleguen al lugar de la manifestación, con mayor motivo si está autorizada, como en este caso, de forma estática, como ocurrió en Roma, con controles policiales que obligaron a cientos de personas a abandonar la ciudad antes incluso de que hubieran entrado en ella, so pena de recibir “órdenes de expulsión” (que luego se impusieron en parte contra decenas de personas que querían acceder a la concentración).
Estos principios no parecen haberse respetado al tomar la decisión de prohibir la concentración. Los posibles actos o expresiones de odio antisemita, que deben condenarse en los términos más enérgicos posibles, no pueden atribuirse de antemano y automáticamente a la mayoría o incluso a la totalidad de la protesta. Lo mismo se aplica a cualquier mensaje individual de incitación a la violencia.
