Socialdemócratas y verdes alemanes aprueban una ley antiinmigración aplaudida por la ultraderecha
No es la Hungría del ultraderechista Viktor Orban ni la Italia de Giorgia Meloni, países donde gobiernan partidos antiinmigración. Es Alemania. La Alemania gobernada por un Ejecutivo de coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales acaba de aprobar una legislación que bien podría ser defendida por cualquier líder de extrema derecha.
El primer ministro alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, se ha propuesto como objetivo deportar a gran escala, más rápido y en mayor cantidad a las personas migrantes en situación irregular. Detrás de esta polémica decisión está el auge de Alternativa para Alemania (AfD), el partido de ultraderecha que supera ya el 20% en intención de voto en las encuestas.
Los Verdes, que cuentan con cinco ministerios en el gabinete de Olaf Scholz, lejos de haber frenado la norma, la han apuntalado, aunque no sin críticas internas y desde las oenegés, dejando a la conservadora Angela Merkel como una líder en defensa de los derechos humanos y las políticas de acogida.
Este endurecimiento en la política migratoria es un giro radical a la forma con la que Alemania actuó con la crisis de los refugiados de 2015, cuando cientos de sirios huían de las bombas que caían en su país. En aquel entonces gobernaba el país Angela Merkel, de la conservadora CDU, y sin embargo tuvo una actitud más progresista y favorable a los derechos humanos que el Ejecutivo que ahora conforman socialdemócratas, verdes y liberales.
La ley, que aumenta de 10 a 28 días la privación de libertad de las personas migrantes en situación irregular, va a limitar también el Espacio Schengen para frenar a los europeos del Este que tratan de encontrar en Alemania, el país más rico de Europa, una oportunidad para salir adelante. Los únicos beneficiados por esta ley serán los ucranianos, a los que se le dará la oportunidad de integrarse en el mercado laboral con más facilidades que a los migrantes o refugiados de otros países.
El Ejecutivo alemán prevé expulsar de forma inmediata a unas 50.000 personas, otorgará más competencias a la policía, se dejará de avisar a las personas amenazadas de ser deportadas y se permitirá la intromisión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los domicilios para inspeccionar que no viven personas migrantes en situación irregular, un método que está siendo muy criticado por las oenegés.
Esta nueva ley será compatible con otra aprobada en junio que reduce papeleo, exige menor nivel de idioma y facilita los visados a aquellos trabajadores migrantes cualificados, con el objetivo de ganar mano de obra para nutrir el sistema productivo alemán, necesitado de mano de obra ante el envejecimiento de la población.
La misma ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, que en junio estaba orgullosa de haber aprobado la ley de inmigración “más moderna del mundo”, defiende ahora una ley especialmente dura con las personas migrantes con menos cualificación. Una ley de inmigración para ricos, otra para pobres.
“Por puro pánico, ahora se adoptan las exigencia de la AfD, por supuesto”, se vanagloria Alice Weidel, líder de la formación ultraderechista. La Izquierda, por su parte, ha criticado la norma porque considera que el Ejecutivo alemán se une a la ultraderecha cuando la solución debería ser “más viviendas asequibles, más dinero para los municipios y menos restricciones para trabajar”. El diputado verde Jürgen Trittin ha sido de los pocos que ha criticado la ley antiinmigración ya que considera que terminará siendo un “estímulo para el racismo y los radicales de derechas”.
