La mayoría de medios españoles demandan a Facebook por socavar sus ingresos publicitarios mediante competencia desleal
La Asociación de Medios de Información (AMI), un lobby de presión que agrupa a la mayoría de las cabeceras de prensa, ha demandado a META —multinacional tecnológica detrás de la cual operan Facebook, Instagram o WhatsApp— por su “sistemático y masivo” incumplimiento de la normativa europea de protección de datos durante el periodo comprendido entre el 25 de mayo de 2018 y el 31 de julio de 2023.
Según AMI, META habría incumplido “de forma reiterada” la legislación comunitaria de protección de datos, ignorando el requerimiento normativo de que los ciudadanos deben consentir la utilización de sus datos para ceder información de especial relevancia para la publicidad.
Con esta demanda, las 80 cabeceras que engloban AMI pretenden aprovechar las resoluciones europeas a su favor para que META les indemnice por valor de 550 millones de euros.
Detrás de la demanda se encuentra la batalla nada soterrada de la prensa tradicional contra las redes sociales por lastrar sus ingresos publicitarios y haberles quitado también el monopolio de la información. AMI considera que META ha construido una posición de dominio publicitario en base a prácticas ilegítimas como romper la privacidad de los usuarios.
A la Asociación de Medios de Información pertenecen Vocento (ABC), Prisa (El País), Unidad Editorial (El Mundo), Grupo Godó (La Vanguardia), Prensa Ibérica (El Periódico de España), La Razón, EFE, La Voz de Galicia, Grupo Joly (Diario de Sevilla), Europa Press, Ara.cat, Diario Jaén, El Economista o el grupo El Progreso, entre otros muchos.
En total, la AMI engloba a 26 grupos editoriales y funciona como lobby de presión para defender los intereses del poder mediático ante las instituciones nacionales e internacionales, siendo la lucha por los ingresos publicitarios una de sus grandes batallas. No en vano, la mayoría de estos medios de comunicación son deficitarios y sólo se mantienen en pie gracias a la publicidad institucional que reciben de las administraciones públicas o de la financiación de grandes inversores privados que asumen que van a trabajar a pérdidas pero compran así influencia política.
