El Gobierno anula la condena de Salvador Puig Antich, reconoce su condición de víctima y la injusticia de su ejecución bajo el franquismo
Este miércoles en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tuvo lugar un acto de reparación y reconocimiento a Salvador Puig Antich, víctima de la dictadura franquista. Durante el evento se hizo entrega a la familia de Puig Antich de un documento oficial emitido por el gobierno de España que reconoce la persecución y violencia que sufrió por razones políticas y declara la nulidad de la sentencia que lo condenó a pena de muerte en 1974. El reconocimiento incluye su condición de víctima por haber sido condenado a pena de muerte en la Causa 106-73, seguida en el Consejo de Guerra, celebrado el 11 de enero de 1974 en Barcelona y ejecutado por el rey neofranquista el 2 de marzo de 1974.
El ministro Ángel Víctor Torres subrayó el carácter histórico de este acto, destacando que “es un acto de reparación, es un acto de justicia y también es un acto de no repetición y de verdad”
Este documento, firmado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres Pérez, señala que “el gobierno de España, y en su nombre el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, expide en favor de Salvador Puig Antich el presente documento de reparación por la persecución y violencia padecidas por razones políticas, ideológicas y de conciencia durante la dictadura”. Asimismo, se declara nula la condena a muerte dictada por el Consejo de Guerra en la causa 106-73 y se reconoce la ilegalidad de este tipo de tribunales, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática de 2022.
Visiblemente emocionada, Imma Puig, hermana de Salvador, expresó la importancia de este reconocimiento para su familia, que lleva décadas luchando por la dignidad de su hermano. “Hace 50 años que estamos luchando por esto, por la dignidad de nuestro hermano Salvador. En este momento para nosotros es muy importante y estamos, como no sé, emocionadas y no tenemos palabras. Gracias”, declaró al recibir el documento.
Pablo Iglesias, exvicepresidente del gobierno, en sus redes sociales destacó la relevancia de mantener viva su memoria a través de la cultura y el cine, recomendando la película Salvador de Manuel Huerga
Por su parte, el ministro Ángel Víctor Torres subrayó el carácter histórico de este acto, destacando que “es un acto de reparación, es un acto de justicia y también es un acto de no repetición y de verdad”. Recordó que Puig Antich fue la última persona ejecutada a garrote vil durante la dictadura franquista y que su ejecución es un símbolo de la represión de ese régimen. El ministro señaló que la sentencia dictada contra Puig Antich “fue injusta y se anula”, haciendo hincapié en que el Consejo de Guerra que lo condenó operaba fuera del marco jurídico y sin respetar los derechos humanos más básicos. “La democracia no es completa si esto no se corrige, no se repara y se le da la imprescindible y necesaria repercusión pública”, añadió Torres, quien reconoció el largo camino de lucha de la familia de Puig Antich durante los últimos 50 años.
Pablo Iglesias, exvicepresidente del gobierno, en sus redes sociales destacó la relevancia de mantener viva su memoria a través de la cultura y el cine, recomendando la película Salvador de Manuel Huerga, que narra la vida y muerte del joven activista. “Reconocer el crimen legal contra Puig Antich es también poner en valor el ejemplo ético de los combatientes que se jugaron todo por enfrentarse a una dictadura terrorista”, afirmó Iglesias.
Salvador Puig Antich fue un miembro del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) que luchaba contra el franquismo a principios de los años 70. Fue arrestado en 1973 tras un tiroteo con la policía en el que murió un inspector. Aunque el juicio que lo condenó a muerte por asesinato fue sumamente controvertido y cuestionado por su falta de garantías, el joven fue ejecutado el 2 de marzo de 1974, convirtiéndose en uno de los últimos ejecutados por el régimen franquista. Su caso ha sido desde entonces un símbolo de la represión y de la injusticia de los tribunales franquistas.
El acto ha representado un hito en el proceso de reparación y justicia impulsado por la Ley de Memoria Democrática y refleja el compromiso con la restitución de los derechos de las víctimas de la dictadura.
