El momento y los sujetos de la regeneración democrática

Desde que Pedro Sánchez se diera cinco días libres “para reflexionar” por fin se puede escuchar en los medios de nuestro país hablar de lawfare. Tras años negando lo evidente ahora que afecta a la familia del presidente los jueces ya no son seres de luz cuya imparcialidad es indudable y decir que hay magistrados usando la toga para hacer política no te sitúa fuera de lo políticamente aceptable. Ahora, sí, se puede hablar de regeneración democrática. Aunque claro, hablan de regeneración democrática mientras pactan con el PP el reparto del poder judicial para sustraerlo de la soberanía popular, mantienen intacta la ley Mordaza y se limitan a transponer una directiva europea sobre medios de comunicación.

Mientras tanto, hace ya dos semanas saltaba la noticia del espionaje ilegal a los diputados de Podemos. Dentro de la cacería política desatado por el gobierno de Rajoy contra Podemos, la policía realizó casi 7.000 consultas a bases de datos restringidas e investigó la actividad política y la vida personal de representantes públicos sin control judicial. Una cacería política combinada por la cacería mediática que el propio PSOE utilizó sin dudar para frenar la fuerza emergente por su izquierda y que promovió la fragmentación del espacio y la deserción de cuadros y dirigentes.

Casi al mismo tiempo se hacía pública una sentencia por la que la Audiencia Nacional condena al Estado a indemnizar a Nahuel, víctima de un montaje policial y judicial, con 54.650 euros.  Una historia que arranca hace ya casi una década, en noviembre de 2019, con la denominada Operación ICE, en la que fueron detenidas 6 personas de entre 19 y 23 años con acusaciones de terrorismo. La policía se inventó un grupo terrorista vinculando sin pruebas materiales distintos sabotajes en la capital y acusaron de ello a unos chavales de los que solo se sabía en realidad que eran anarquistas y estaban vinculados a movimiento Straight Edge. La instrucción cayó en la juez Lamela, la misma del caso Altsasu, que no dudó en mantener en prisión preventiva a uno de ellos 16 meses. Cuando el caso llegó a juicio en 2018 la acusación se quedó exclusivamente en un delito de enaltecimiento del terrorismo sustentado en publicaciones en Facebook o Twitter tan peligrosas como “Goku vive, la lucha sigue” (sic.) Acusación de la que finalmente fueron también absueltos.

Es una buena noticia la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional, claro, está bien que se reconozca que Nahuel fue la víctima y el Estado el victimario; pero no nos engañemos: esto no es justicia. Los responsables de los hechos condenados han quedado impunes, la juez Lamela no sólo no ha sufrido repercusión alguna, sino que ha sido premiada formando parte actualmente del Tribunal Supremo. Nadie ha investigado a los policías que elaboraron los informes que produjeron el encarcelamiento injusto de Nahuel. La indemnización la vamos a pagar la ciudadanía con nuestros impuestos. Y, mientras tanto, ¿Quién le devuelve a este chaval el tiempo que paso en la cárcel, en régimen de aislamiento y con traslados frecuentes? ¿Quién le devuelve a su madre las noches sin dormir, la ansiedad ante el juicio, el tener que dar explicaciones en su entorno?

Habrá quién no vea relación entre estas dos noticias, pero yo creo que hay un claro hilo conductor que las vincula, el mismo que nos remite al encarcelamiento de los 6 de Zaragoza y las 6 de la Suiza o la desproporcionada persecución que sufren los activistas de Futuro Vegetal. En nuestro país quienes queremos cambiar las cosas desde la izquierda, quienes apostamos por ampliar los derechos sociales y las libertades políticas, somos considerados enemigos del Estado. ¿Cómo se puede entender, si no, que un juez absuelva al antidisturbios que reventó el ojo a una mujer con un proyectil de foam, aduciendo que ella misma se había puesto en peligro por participar de una manifestación? ¿Por qué se sigue infiltrando a policías en movimientos sociales pacíficos, sin que medie investigación criminal alguna, práctica reconocida y amparada por el ministro de interior Marlaska? ¿Por qué esa práctica no se da en grupos violentos de extrema derecha?

Lo cierto es que en España ejercer de forma activa los derechos que nuestra constitución sanciona es un deporte de riesgo, da igual que nos refiramos al derecho de reunión, al de asociación o al de participación política, si se hace desde una posición de izquierdas. E igual que aquello no es justicia, esto no es democracia, al menos no una plena.

La regeneración democrática es una de las tareas pendientes más importantes de nuestra sociedad, como bien dejó patente el 15M. Y es sin duda una tarea que no puede llevar a cabo el bipartidismo corrupto, pues son ellos quienes nos han traído hasta aquí. Los responsables de la situación actual son, en primer lugar, una derecha ultramontana que considera el Estado como patrimonio propio y que si aceptó la constitución actual fue porque no les quedó más remedio, pero que no creen ni han creído nunca en la soberanía popular; en segundo lugar, un centro-izquierda progresista que tiene más de progre que de izquierda y que asumió plenamente el dogma neoliberal, la subordinación a Estados Unidos y el mantenimiento de las relaciones de poder prexistentes como elementos de homologación en lo políticamente aceptable; pero también, ¿por qué no decirlo?, una izquierda acomplejada que aunque quisiera que las cosas fueran distintas no creen en realidad que este país tenga solución y se conforman con mantener una oposición testimonial mientras no solo renuncian a que las políticas de izquierda lleguen al BOE sino que directamente nos dicen que no hagamos ruido, no vayamos a enfadar al que manda de verdad y sea peor.