Isabel García y el sentido patrimonial del feminismo
Quien no tiene intención de defender los derechos de todas las mujeres acaba poniendo en peligro los derechos de todas las mujeres. Más aún si está dispuesta a menoscabar las vidas de algunas con el objetivo de mantener a buen recaudo los privilegios de las suyas. Hoy, por fin, el Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado el cese de Isabel García, de quien el Gobierno de Sánchez se despide por la puerta de atrás, lejos de luces y taquígrafos, con el objetivo de hacer el menor ruido posible. Una semana después de que El Español desvelase que García y su esposa, Elisabeth García, habían facturado, al menos, 250.000 euros a través de decenas de contratos menores otorgados a dedo en apenas dos años para la gestión de Puntos Violeta y otras actividades vinculadas a la igualdad en multitud de municipios gobernados por el PSOE.
En su misiva de despedida publicada esta mañana en X, García hablaba de “pseudo informaciones periodísticas que presentan torticeramente hechos lícitos” y se presentaba a sí misma como víctima de “una cacería larvada” por “no compartir una visión íntegra de la ley trans”.
Desde luego, a García parecen gustarle los eufemismos. Para ella, responder en X (entonces Twitter) al Secretario de Políticas LGTBI del PSOE Víctor Gutiérrez, al afirmar éste que “las mujeres trans son mujeres”, que “las mujeres trans no existen” es una mera cuestión de “no compartir una visión íntegra” de una ley.
En cuanto a lo de “pseudo informaciones periodísticas”, parece evidente que ahora que el PSOE está experimentando en sus propias carnes la violencia judicial y mediática, que culmina estos días con la citación del juez Peinado a Pedro Sánchez para declarar en el falso caso de lawfare orquestado contra Begoña Gómez, todas aquellas personas que durante casi una década ignoraron -cuando no sacaron tajo de que dicha violencia se ejerciera contra sus oponentes políticos- están deseosas de subirse a esa ola de presentarse como damnificadas protagónicas, como poco, del ‘mediafare’. Pero quede clara una cosa: si todo es lawfare y/o mediafare, nada lo es. La distinción es de rigor para que lo sufrido por las verdaderas víctimas no se pierda en un totum revolutum que termine por vaciar de contenido ambos términos.
Por eso resulta crucial detenerse brevemente a señalar un par de cuestiones por las cuales el marco de violencia mediática y judicial no se aplica en esta ocasión al caso de Isabel García. En primer lugar, porque cada una de las informaciones de El Español va acompañada pertinentemente de la documentación que las refrenda. En segundo, porque los hechos relatados por el medio han sido confirmados en su grueso por la propia García, aunque haya tratado de aderezarlos con exculpaciones. Ella misma ha confesado la existencia de esa empresa que compartía con su esposa, los contratos adjudicados y que meses después de su nombramiento se quedó con el 8% de la compañía, siendo entonces su mujer dueña del 92% restante para tratar de evitar conflicto de intereses. En este sentido, en todo caso, cabría preguntarse si es ético e incluso legal que la cónyuge de una alto cargo de Igualdad se lucre a través de una empresa que contrata con las administraciones públicas en ese mismo ámbito de actividad a través de concursos otorgados a dedo.
García, aun así, debió de creer que repetir el argumentario de Sánchez -“mi mujer tiene derecho a trabajar”- era suficiente. Que en el contexto del lawfare contra Begoña Gómez, cuyo caso nada tiene que ver con este, con el mantra le bastaría.
Así que, a la hora de ofrecer explicaciones, no se molestó en aclarar absolutamente nada ni aportó documento alguno que esclareciera o desmintiese el amaño de dos concursos en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares adjudicados en marzo de 2024, ya en el ejercicio de su cargo como directora del Instituto. De hecho, la directiva de la Real Federación Española de Fútbol María Tato, según publicó El Español, contó a ese medio que habría llegado a denunciar policialmente la usurpación de identidad de una empresa suya que el matrimonio García, entonces amigas suyas, le habrían reconocido haber hecho para dar la falsa sensación de competencia concursal y por el que le habrían “pedido perdón”. En fin, que faldones sueltos, quedan unos cuantos.
Hoy, finalmente, la obscenidad del caso consagra su cese de tapadillo, como si así se pudiese poner punto y aparte y seguir huyendo hacia delante sin más. Pero no solo seguimos sin tener las explicaciones pertinentes, sino que además la ministra de Igualdad ha declarado esta misma mañana que ella se desmarca y que es García quien tendrá que “explicarlo”: “Es ella la que tiene que dar su versión y la valoración que hace”. Y ha insistido, también, en que García “ha sido una trabajadora y una colaboradora estupenda”, a la que “agradece su sinceridad a la hora de exponer su situación”. De nuevo, este pareciera ser el Ministerio de los Eufemismos.
La cuestión es que la transfobia activa y declarada de Isabel García no era sólo la antesala o síntoma de lo que estaba por venir: desde el minuto uno debería haberse considerado motivo más que suficiente para mantenerla alejada de un puesto de tamaña responsabilidad como lo es el de directora del Instituto de las Mujeres. ¿Concebiríamos acaso que un negacionista del COVID-19 hubiese detentado la cartera de Sanidad? ¿Entenderíamos que quien se encuentra al frente de Transportes defendiese acérrimamente la inexistencia de las carreteras? ¿Por qué, sin embargo, sí se ha tolerado a sabiendas que la persona nombrada para velar por los derechos de las mujeres y las personas LGTBIQ+ fuese alguien que menos de un año antes había llegado a afirmar públicamente que "las mujeres trans no existen"? ¿Para qué mujeres podíamos esperar que gobernasen entonces el PSOE y el ministerio de Igualdad de Ana Redondo, cuya reacción al conocer la polémica García fue pedirnos a todas, también a las compañeras trans que llevaban casi ocho meses esperando su cese, “paciencia” para que se explicase?.
Con todo, Isabel García no se autodesignó a sí misma. Y su manera de entender el feminismo como una herramienta patrimonial con la que romper sus específicos techos de cristal no puede hoy tomar por sorpresa a quienes la nombraron y sostuvieron.
La consecuencia lógica de obviar la dimensión colectiva, transversal e interseccional de la lucha feminista, pasando por encima de estos tres elementos intrínsecos a la misma por el desinterés en ver más allá de tu propio ombligo, es que se haya acabado demostrando que ese desinterés no era algo que empezase y acabara con las mujeres trans.
En un periodo en que hemos llegado a presenciar seis asesinatos machistas en apenas 24 horas, en plena ofensiva fascista de la ultraderecha contra el feminismo, que culminó el pasado verano en los recortes que ayuntamientos gobernados por el PP junto con Vox comenzaron a perpetrar contra las políticas e instrumentos de protección de las mujeres en muchísimos municipios, que se ponga en cuestión una herramienta imprescindible como los puntos violeta, como si fueran “chiringuitos”, es algo que no nos podemos permitir. Que en las fiestas de tu pueblo o de tu barrio, que en la farmacia o la panadería de tu calle haya una carpa, un cartel o una pegatina que te indica que allí tienes un lugar seguro al que acudir si tu marido, tu novio, un amigo o cualquiera te amenaza, te acosa, te toca sin consentimiento, te presiona o te agrede sexualmente de la forma que sea, cumple una labor feminista irrenunciable. Un punto violeta es ese enclave que te manda el mensaje de que no estás sola, para que puedas salir por la noche sin miedo; es un enclave de información y acompañamiento si sufres una agresión. Pero también funciona como un elemento disuasorio que envía un mensaje claro y firme a los agresores en el espacio público: aquí no sois bienvenidos y vuestras conductas no son bien vistas. Quizá lo más trascendental ahora sea hacer hincapié en que esta no ha sido “la polémica de los puntos violeta”, como se ha escuchado durante estos días por ahí. Es la polémica de la voluntad de enriquecimiento de Isabel García y de las dinámicas nepotistas del PSOE.
Me puse esta mañana a escribir este artículo a toda prisa, consciente de que, lo que queramos decir, debemos decirlo hoy: mediáticamente, mañana este tema probablemente ya no exista. Con Irene Montero fuera de la cartera, hablar de cómo las instituciones han de garantizar los derechos de las mujeres ha vuelto a ser relegado al pie de página en la agenda. Probablemente no veamos en ninguna televisión contadores de los municipios con los que contrató García, ni trampantojos de progresista opinando que Ana Redondo ha de dar un paso atrás tras lo quemada que la deja haber estado casi 8 meses manteniendo contra la voluntad del grueso del movimiento feminista y LGTBIQ+, ignorando sus demandas y advertencias, en un cargo tan sumamente importante como el de directora del Instituto de las Mujeres, a alguien que menos de un año después ha puesto en evidencia su criterio y su capacidad para poder gobernar para todas, e incluso para la mayoría. No olvidemos que este no es un cese político, por una cuestión de disensos o de pérdida de confianza, sino un cese orientado a que el PSOE pueda seguir manteniendo bajo la alfombra los mecanismos cuestionables que se dan en el seno de la formación. Los mecanismos que posibilitan, precisamente, que quien ha detentado cargos públicos en su nombre acabe recibiendo en decenas de sus ayuntamientos contratos menores a dedo, para después terminar culminando su carrera como alto cargo dentro del Ejecutivo. Tenemos agotada la paciencia. El feminismo que queremos, el que construimos todas, entre todas y para todas, no puede seguir amordazado y esperando.