La “derogación” de la Ley Mordaza
La así llamada ‘Ley Mordaza’ es, fundamentalmente la Ley Orgánica 4/2015 “de protección de la seguridad ciudadana” que el gobierno de Mariano Rajoy aprobaba en marzo de 2015 haciendo uso de la mayoría absoluta de la que, en esos momentos, disponía el PP en el Congreso de los Diputados. Como suele ocurrir con muchas leyes, su contenido era exactamente lo contrario de lo que ponía en el título. Lejos de proteger la seguridad de la ciudadanía, la infame norma servía para reprimir la movilización y la protesta ciudadana y para limitar de forma grave las libertades civiles en España. En aquel año, ya existía Podemos y los brutales recortes implementados primero por Zapatero y después por Rajoy estaban destruyendo las economías familiares y los proyectos de vida de millones de compatriotas. Esto, como es normal, había dado lugar a un potente ciclo de movilizaciones sociales. Es por ello que el PP decidió aumentar los niveles de represión y atemorizar al conjunto de la población española ejerciendo la violencia institucional contra aquellos que salían a la calle. Un editorial del New York Times de aquella época llegó a afirmar que "esta ley trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco y no procede en una nación democrática".
En noviembre de aquel mismo año, el candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, prometía en plena campaña electoral, en el mes de noviembre, que derogaría la Ley Mordaza “nada más llegar al gobierno”. Sin embargo y en la mejor tradición socialista, no lo hizo en 2018 —cuando llegó por primera vez a la presidencia como consecuencia de la moción de censura—, no lo hizo tampoco en 2019 —cuando siguió gobernando el PSOE en solitario— y hubo que esperar hasta 2021, ya con Podemos dentro del gobierno, para que las presiones de los morados consiguieran forzar al PSOE a un desbloqueo del asunto y al inicio de las correspondientes negociaciones parlamentarias.
Como era de esperar y como había advertido Podemos, la izquierda independentista no se dejó amedrentar entonces, votaron en contra del texto final y la reforma decayó
Dichas conversaciones fueron muy complejas y, al final de ellas, tanto el PSOE como algunos de los actores que, en ese momento, estaban dentro de Unidas Podemos y ahora están en Sumar, decidieron implementar una estrategia que desembocó en el fracaso definitivo de la norma. El núcleo del asunto en su desenlace final fue que el PSOE se negó a aceptar la eliminación de tres elementos que Bildu y ERC exigían a cambio de su voto a favor: las faltas de respeto a la autoridad, las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla y las balas de goma. En el interior del grupo parlamentario, Podemos —que interlocutaba de forma fluida con estas dos formaciones y que sabía que no iban a ceder— insistió en varias ocasiones que la estrategia correcta era formar un frente negociador con la izquierda independentista vasca y catalana para forzar al PSOE a aceptar la derogación de estos tres importantes elementos. Primero, porque los morados también estaban a favor de la eliminación de las faltas de respeto, las devoluciones en caliente y las balas de goma. Pero también porque eran conscientes de que ese era el único camino para poder aprobar la reforma. Sin embargo, el negociador principal para esta ley no era una persona de Podemos sino el secretario general del PCE, Enrique Santiago, que, a esas alturas de la legislatura, ya respondía a la disciplina de Yolanda Díaz. Con ese aval político de la actual vicepresidenta, Santiago decidió aceptar la estrategia del PSOE, forzar una votación sin acuerdo e intentar doblar el brazo a Bildu y a ERC mediante la presión mediática. Como era de esperar y como había advertido Podemos, la izquierda independentista no se dejó amedrentar entonces, votaron en contra del texto final y la reforma decayó. Aunque Podemos mantuvo su lealtad a la discreción entre las fuerzas de la coalición y renunció a criticar públicamente la estrategia de Díaz y Santiago, su posición se transparentó en parte cuando Ione Belarra contestó poco después en una entrevista en El Salto que ella pensaba que Bildu y ERC tenían razón cuando decidieron votar en contra, entre otras cosas, porque faltaba la derogación de las balas de goma.
El asunto volvió a la actualidad cuando, en julio de este año, Yolanda Díaz anunció solemnemente desde Bruselas que Sumar había pactado la derogación de la Ley Mordaza con el PSOE. El ridículo fue mayúsculo cuando se conoció, a las pocas horas, que lo que habían pactado en realidad era eliminar únicamente el apartado 23 del artículo 36 en una ley que tiene 54 artículos. Para más inri, resultó que el artículo 23.36 ya había sido declarado parcialmente inconstitucional y las fuerzas de seguridad ni siquiera lo estaban utilizando.
Esta semana, la Ley Mordaza ha vuelto a la actualidad después de que, al principio de la misma, desde PSOE y Sumar, se filtrara a los medios que habían llegado a un acuerdo para “derogarla”. Ya el jueves, conocimos el contenido exacto de lo pactado, el cual se hizo público después de que lo anunciara Bildu en una rueda de prensa en el Congreso.
No se puede negar que el acuerdo alcanzado, al mantener lo que ya se había pactado en la legislatura anterior, contiene algunos avances modestos que son bienvenidos. Entre ellos, podemos citar el hecho de que las manifestaciones no podrán ser disueltas por el mero hecho de no haber sido convocadas, la disminución de la cuantía de las sanciones a las personas de rentas bajas, el paso de grave a leve de algunas infracciones o ciertos avances respecto de la documentación en materia de extranjería.
Sin embargo, lo que resulta muy sorprendente de lo pactado entre el Gobierno y Bildu es que dos de los puntos que hicieron descarrillar la reforma en la legislatura anterior precisamente por el voto en contra de la izquierda vasca y catalana no han experimentado ningún avance significativo. Aunque, en el documento distribuido a la prensa —donde figura exactamente el texto de las modificaciones normativas pactadas—, se hace, en efecto, referencia a la eliminación de las balas de goma y las devoluciones en caliente, la formulación de ambos asuntos no compromete prácticamente a nada y, desde luego, no supone una eliminación inmediata.
En el caso de las balas de goma, se hace referencia a una ambigua “sustitución progresiva” para la cual no existe calendario alguno y que depende enteramente de ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, como el propio portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, reconoció en la rueda de prensa. En el caso de las devoluciones en caliente, el texto acordado se remite a una modificación posterior de la Ley de Extranjería antes de seis meses desde la entrada en vigor de la norma en cuestión —lo cual podría significar que el plazo se extiende a un año debido a la tramitación parlamentaria—, sin ofrecer cuál sería el texto de la referida reforma —lo cual hace imposible conocer su alcance— y obviando el hecho de que, para reformar una ley orgánica, hacen falta 176 escaños que no sabemos si el Gobierno tendría o incluso que podría haber elecciones generales anticipadas durante el próximo año y eso significaría que el compromiso pactado tendría que cumplirlo un gobierno presidido por Feijóo en el caso de que el bloque de derechas las ganase.
Resulta evidente a la luz de la última campaña de las elecciones autonómicas en Euskadi que Bildu ha decidido competir con el PNV para convertirse en el partido alfa del sistema vasco y eso requiere buscar el centro
Como es evidente que no se han derogado ni las balas de goma ni las devoluciones en caliente y tampoco parece haber ninguna garantía de que eso se vaya a hacer, tenemos que entender que lo que ha habido es un cambio de posición. Desde luego, resulta evidente a la luz de la última campaña de las elecciones autonómicas en Euskadi que Bildu ha decidido competir con el PNV para convertirse en el partido alfa del sistema vasco y eso requiere buscar el centro. Es una estrategia entendible y respetable con unos objetivos muy concretos. Por su parte, ERC —que ha apoyado públicamente el acuerdo alcanzado a pesar de que votó en contra de algo prácticamente igual en la legislatura anterior—, tiene un congreso muy difícil en las próximas semanas en el cual existen también algunos sectores que apuestan por un giro al centro. En todo caso, si ambas fuerzas políticas están dispuestas a votar ahora a favor de algo a lo que se opusieron hace apenas dos años, no se puede descartar tampoco —máxime comprobando la discreción con la que han llevado esta negociación— que existan otros acuerdos complementarios con el PSOE que no conocemos.
Por su parte, los morados, que no están en esas tesis, han señalado con claridad las importantes ausencias que existen en el acuerdo actual tal y como está. En un contexto en el que Junts ha demostrado que el PSOE cede cosas importantes cuando necesita los votos y toda vez que el gobierno se ha derechizado significativamente desde que Podemos fue expulsado del mismo, es normal y es esperable que los de Ione Belarra hagan valer sus votos y exijan más que cuando formaban parte del ejecutivo.
