De los ERE del PSOE al fraccionamiento de contratos del PP: la corrupción del bipartidismo en Andalucía

A finales de septiembre El Diario daba a conocer que la Intervención de la Junta de Andalucía, órgano de Hacienda encargado de controlar las cuentas públicas, descubrió miles de contratos adjudicados por la Junta a entidades privadas durante el año 2021 mediante un procedimiento sospechoso que trataba de eludir los controles legales. Concatenando pagos menores de 15.000 y 30.000 euros a las mismas entidades y con los mismos conceptos el Servicio Andaluz de Salud esquivó los requisitos de concurrencia competitiva y publicidad establecidos para las administraciones públicas por la Ley de Contratos del Sector Público, alcanzando una suma de 458 millones de euros transferidos a dedo a empresas de la sanidad privada.

En mitad de la polémica desatada al conocerse estos datos un juzgado de instrucción en Sevilla admitía la denuncia del PSOE-A para investigar otra presunta adjudicación irregular de 243 millones de euros entre 2021 y 2023 a través de un procedimiento excepcional aprobado durante la pandemia y ya derogado.

Estos pagos irregulares se habrían producido el mismo año en que el gobierno de Moreno Bonilla concertaba 723 millones de euros con la sanidad privada para gestionar el grave problema de las listas de espera. Problema que alcanzaba su momento culmen ese año y por el que Andalucía se destaca en España como una de las comunidades con más tiempo de espera medio. Durante el mismo periodo las protestas de las Mareas Blancas reprochaban al gobierno andaluz que continuaran “descapitalizando en favor de la sanidad privada, mientras la ciudadanía sufre demoras en consultas, listas de espera interminables, retrasos en el diagnóstico de enfermedades, y los profesionales sanitarios se sienten maltratados y precarizados”, tal y como expresaba su portavoz, Sebastián Martín Recio.

Durante el debate parlamentario posterior a conocerse la admisión a trámite de la denuncia, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, se defendió de las acusaciones de corrupción alegando que “en 2021 estábamos en plena pandemia del COVID, ¿qué era más fácil seguir dejando que murieran los andaluces? (…) no debemos olvidar el contexto, fueron meses muy complicados”, excusa que no ha convencido a una oposición decidida a emplear este suceso para canalizar contra el PP la crispación pública por el mal funcionamiento del sistema de salud en Andalucía.

A principios de 2024, el Barómetro Andaluz publicado por la Fundación Centra situaba la sanidad como el segundo problema que más preocupa a la población. Por las mismas fechas, el Sindicato Médico Andaluz reiteraba sus demandas de una solución para la deficitaria Atención Primaria en la comunidad. La apuesta por la privada, la falta de médicos y especialistas, las todavía larguísimas listas de espera o la precarización de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios son algunos de los factores a los que se refería la diputada socialista Ángeles Férriz cuando acusaba a la administración de los populares de “destrozar” la sanidad andaluza.

No viene mal recordarle a la oposición que antes de que el Partido Popular tuviera la oportunidad de tomar las riendas del gobierno autonómico para emprender desde él sus políticas privatizadoras y dar indicios de corrupción el PSOE había gobernado durante 36 años consecutivos: desde la llegada de la democracia a este país hasta el estallido de una de las mayores tramas de corrupción de su historia, el caso de los ERE. La misma diputada, Ángeles Férriz, le decía a la consejera de Salud y Consumo: “No es usted una recién llegada”. Lo mismo podría decírsele a ella y a su partido, corresponsable de la decadencia del sistema público de salud en la región desde la crisis de 2008.

En suma, las actividades sospechosas denunciadas por la Intervención de la Junta de Andalucía, así como los hechos investigados por el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla, de ser confirmados como actos ilegales, vendrían a sumarse a la historia de corrupción en los gobiernos de Andalucía que, por primera vez, incluirían al PP. De la misma manera, el descuido total de la sanidad andaluza se suma a la grave situación del sector en todo el país, demostrando una vez más que los dos pilares del bipartidismo, PP y PSOE, son dos caras de una misma moneda cuando se trata de materias como asuntos de estado, privatización del derecho a la salud o corrupción sistemática.