Ione Belarra: “Las medidas de vivienda del gobierno de Sánchez podría haberlas hecho el Partido Popular”

En la sesión de control del gobierno de este 11 de septiembre, la secretaria general de Podemos Ione Belarra ha protagonizado las redes con un repaso de las medidas adoptadas por el gobierno de Sánchez en el ámbito de la vivienda. Entre ellas ha mencionado medidas como los avales del Instituto de Crédito Oficial para hipotecas, las ayudas al alquiler sin una regulación del precio máximo de estos o las promesas no cumplidas de construcción de vivienda pública, las cuáles no han hecho nada para garantizar la vivienda accesible para la clase trabajadora.

Ha destacado también la venta de un edificio del Ministerio de Hacienda al fondo buitre de inversiones Blackrock, que invirtió recientemente 60.000 millones de euros en el IBEX 35 y el mercado inmobiliario español. El edificio de oficinas, vendido en una transacción de 205 millones de euros de valor, será remodelado para la construcción de 153 viviendas de lujo además de una residencia para estudiantes con un aforo de 400 camas.

Estos actos han sido calificados por Belarre como “ponerle la alfombra roja a los pelotazos urbanísticos”, y denuncia que “todas esas medidas y declaraciones podría haberlas hecho el Partido Popular, y sin embargo son del Partido Socialista”. Para la diputada de Podemos, son las medidas bipartidistas en materia de vivienda las que están dificultando la vida de los españoles, poniendo como ejemplo cómo los topes propuestos a precios de alquiler no están siendo aplicados en ciudades gobernadas ni por los populares ni por los socialistas.

En una coyuntura actual en la que los precios de vivienda medios han superado los niveles de la burbuja de 2007, la vivienda se ha convertido en el campo de batalla político por excelencia. Múltiples movimientos sociales como el Sindicato de Inquilinas de Madrid o las marchas contra la turistificación en ciudades como Barcelona o Santa Cruz de Tenerife se enfrentan a la especulación sin fin y la expulsión de los habitantes de los centros urbanos, y han recibido un silencio constante, cuando no una oposición directa, de parte del gobierno nacional y los autonómicos.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sido una pieza clave en esta respuesta tibia por parte del gobierno. La socialista, que en su discurso de investidura prometió defender a los pequeños propietarios que utilizan una segunda vivienda para “complementar sus rentas”, ha hecho énfasis en la necesidad de una alianza entre la administración pública y el sector privado para la regulación de la vivienda. Su promesa a principios de la legislatura de “asegurar que ningún ciudadano dedique más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca” sigue sin estar cerca de cumplirse, y no se han tomado todavía medidas que equilibren de forma real la balanza a favor de los arrendatarios e hipotecados.