El juez Aguirre denuncia a Diario Red por los audios publicados sobre sus manifestaciones políticas

Este jueves se ha conocido que Joaquín Aguirre, Juez de Instrucción número 1 de Barcelona, ha presentado una denuncia por los audios que revelo en exclusiva Diario Red.

El juez que instruye la nueva trama rusa, así como el Caso Negreira se jactaba en estos audios de haber intervenido en la aprobación de la ley de amnistía, afirmando lo siguiente: "Me dice que ayer lo de la ley de amnistía se tumbó por mí", siendo este audio fechado a 31 de enero de 2024. En un segundo audio se le escucha declarar: "Claro, es que será la tumba. Sí lo será. Al Gobierno le quedan dos telediarios alemanes. Dos. Y ya está. A tomar por culo. Entonces, hay gente que se está situando ya. Ha tomado partido, y el partido soy yo", el cual está relacionado con la apertura de un nuevo caso con base en los mismos indicios de la trama rusa, esquivando el mandato de la Audiencia Provincial de Barcelona de mandar está a juicio o archivarla.

Esta nueva trama rusa investiga por traición a varias figuras, pero muy concretamente a Carles Puigdemont, delito el cual dejaría al de Junts fuera de la amnistía, dejando el apoyo de su partido al Gobierno de Pedro Sánchez en el aire. Esta nueva trama rusa fue, además, recientemente elevada al Tribunal Supremo por el instructor.

Respecto a esto, el juez Aguirre asegura que los audios estarían fuera de contexto y con un contenido político que distorsiona la realidad de las conversaciones originales, el magistrado sostiene que sus palabras se vieron tergiversadas y que no corresponden a la realidad de una conversación que recalca, era privada. La investigación del caso, hasta ahora, ha permitido identificar que efectivamente el primer audio data del 31 de enero de 2024 según el registro de llamadas del juez y según publicó Diario Red, mientras que el resto del audio, según la investigación, formarían parte de conversaciones en los primeros días de febrero de 2024.

El magistrado pide que se investigue el origen e intención detrás de la publicación de estos audios que él considera manipulados, ya que según asegura, fueron extraídas y ensambladas para crear una alocución que traslada una impresión artificial y alejada de la realidad, denuncia también que esta manipulación tenía la intención de atribuir un contenido político a unas conversaciones que carecían de él.

La realidad es que el derecho a la información que hay detrás de la publicación de estos audios, tiene una serie de consideraciones jurídicas importantes a la hora de limitarlo respecto a las acusaciones que presenta el juez Aguirre.

Para empezar, hay que clarificar que la libertad de información no es un derecho absoluto, sin embargo, existen una serie de pautas para apreciar si es preferente la libertad de información u otros derechos. Una de las pautas más importantes es que el asunto del que se trate sea de interés general o relevancia pública, otro es que la información sea veraz, de hecho, este es uno de los principales legitimadores legales, y por último, la siempre presente proporcionalidad, en el sentido de que no haya expresiones injuriosas o vejatorias, todo esto conforme las sentencias más recientes del Tribunal Constitucional.

Luego respecto de la veracidad, el Tribunal Supremo la identifica como el resultado de una razonable diligencia por parte del informador a la hora de contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales, ajustándose a las circunstancias del caso, a pesar de que la información con el transcurso del tiempo pueda verse desmentida o no confirmada. En sentido contrario, esa falta de diligencia se da, cuando se transmiten como hechos verdaderos, cosas que son simples rumores que no han sido constatados. Además, resulta de vital importancia recalcar que la veracidad no se deja de cumplir por meros errores circunstanciales.

Respecto a una posible vulneración de la intimidad, distintas sentencias recogen que la función del derecho a la intimidad es la de proteger frente a cualquier invasión que pueda realizarse en aquel ámbito de la vida personal y familiar que la persona desea excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros en contra de su voluntad.

En todos los supuestos jurídicos expuestos tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional, ha sido el mismo magistrado quien ha decidido por cuenta propia entrar dentro de los supuestos de permisión establecidos.

En primer lugar, respecto del interés o relevancia pública. Es de conocimiento público que sus piezas tienden a generar derivaciones y tentáculos de distinta magnitud que en muchos casos no acaban en nada y acaban suponiendo una instrucción que sobrepasaba ampliamente la media de duración registrada por el Consejo General Poder Judicial, un ejemplo fue el Caso Macedonia. Difícilmente, por tanto, podemos entender que esto no genere la atención de los medios de comunicación, en otro sentido, encontramos los individuos que muchas veces se ven involucrados en estas piezas, sin ir más lejos, Carles Puigdemont, así como otras personas relacionadas con el procés o el independentismo catalán, los cuales de por sí, generan la atención del público en general por todos los acontecimientos que les rodearon hace casi una década. Por último, hay que recalcar el hecho de que se trata de un juez, ello debe tener una especial valoración a la hora de ponderar la relevancia pública, ya que este está sometido a mandatos y deberes provenientes de su cargo, que, en caso de incumplirse, los medios de información tienen derecho de poner en conocimiento del público general.

Respecto de la veracidad, resulta difícil argumentar por parte del magistrado que estos audios pueden llevar a equivocación o puedan calificarse como rumores en torno a su opinión política concreta cuando autos de sus instrucciones son manifestaciones políticas en sí mismas, como es el caso de la recientemente nueva pieza que abrió a raíz de que la Audiencia Provincial de Barcelona le pidiera enviar a juicio o archivar la llamada trama rusa del procés. En el auto de apertura de esta nueva pieza, el magistrado, sin más evidencia que la que ya tenía del anterior caso por el cual fue advertido, este hace una serie de análisis de carácter geopolítico internacional, pero, no cita ningún precepto concreto de la legislación española para fundamentar su investigación. Por otro lado, estas grabaciones provienen y así ha sido reconocido por el mismo magistrado de una serie de llamadas telefónicas realizadas por el mismo donde expresa unos pareceres alineados no solamente con sus resoluciones judiciales, sino también con la entrevista que dio a la televisión pública alemana sobre la trama rusa.

Por último, en cuanto al derecho a la intimidad, ya que la premisa esencial recae en la voluntad de que el afectado se vea invadido en esferas de su vida personal y familiar, habría que preguntarse entonces, en primer lugar, si esta voluntad efectivamente se ha reflejado en alejarse de los focos, o, por el contrario, ha actuado con preferencia hacia determinados medios de comunicación. En este sentido, cabe recalcar cuando este magistrado decidió entrevistarse en la televisión alemana, tal y como se mencionó en el anterior punto. En este mismo sentido, la intimidad se despliega en un ámbito de actuaciones lógicas, si el mismo juez es quien se expone a los focos y convierte tramas de por sí mediáticas en eventos de especial trascendencia por realizar actuaciones extrañas para un instructor promedio de cualquier caso, difícilmente puede aducir una intromisión en la intimidad.

Al respecto de este nuevo movimiento del juez Aguirre, también hemos consultado a dos especialistas en derecho como son Gonzalo Boye y José Antonio Martín Pallín.

Gonzalo Boye, actual abogado de Carles Puigdemont y otros involucrados en los distintos casos instruidos por el juez Aguirre ha declarado: “Ya ha tardado mucho para decir que esto era una manipulación, si él lo consideraba así, hace ya dos o tres semanas que tuvo que haberlo denunciado, pero ahora se da cuenta del lío en el que esta y entonces trata de buscar esta salida. Además, sus resoluciones de por sí son de marcado carácter político”.

“Yo creo que Diario Red lo que ha hecho, es como tienen que actuar los medios de información y comunicación cuando tienen una información que es relevante, y que es donde prima el derecho a la información. Evidentemente, tienen que hacerlo público, lo que pasa es que el juez Aguirre no está muy acostumbrado a que se cuente la verdad, pero le voy a dar un ejemplo”.

“Es que el mismo se está dedicando a trabajar con medios de comunicación para sus propios intereses, porque ayer, él nos notifica que ha llegado un informe policial a la causa, al que las partes podemos acceder si vamos al juzgado a buscarlo cuando llevamos una semana viéndolo publicado en otros concretos medios de comunicación. Entonces bueno, un poco de seriedad tampoco vendría mal”.

Por otro lado, Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, afirma: “El derecho a publicarlos es incuestionable y, sobre la manipulación, no puede excusarse en una manifestación genérica de manipulación, tendrá que precisar en qué cortes o partes faltan o han sido deliberadamente ocultadas. Para mí la esencia ante su acusación es la precisión de donde reside la manipulación, y que no se publiquen enteros, tampoco significa que estén manipulados. Él será quien tenga que precisar en qué consiste la manipulación”.