Ayuso recurre ante la justicia para no hacer públicas las actas de las residencias durante la pandemia
Casi cuatro años después del inicio de la pandemia ocasionada por la COVID-19, los familiares de los fallecidos en las residencias de Madrid continúan reclamando transparencia a las autoridades para conocer de qué manera se actuó en estos centros durante los primeros meses de confinamiento. En los meses de marzo y abril de 2020 murieron 9.468 personas en esas residencias, de las cuales casi un 80% –7.291 personas– lo hicieron sin recibir asistencia sanitaria.
En este contexto, un particular solicitó en febrero de 2022 el acceso a las «Actas de Inspección de Residencias de Mayores y otros centros residenciales», en concreto a aquellas realizadas por la «Sección de Inspección y Evaluación de Servicios de Policía Municipal desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 1 de agosto de 2020», a lo que la Viceconsejería de Interior respondió que no era posible debido a la Ley de Protección de Datos.
Sin embargo, una reclamación presentada dos meses más tarde ante el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid dio lugar a la aceptación de la solicitud por parte de este ente. El particular alegó que los datos personales contenidos en esos informes podrían omitirse antes de ser compartidos, de manera que no se estaría vulnerando la Ley de protección de Datos.
Ante esto, la Viceconsejería de Interior argumentó que era necesario un proceso de reelaboración de la información contenida en esas actas, pues se trataba de un «elevado volumen» de datos complejo de comprender por estar escrito a mano, siendo imprescindible la transcripción mediante una aplicación informática de la que, según alegaron, no disponían.
Por su parte, el Consejo de Transparencia rechazó la argumentación de la Viceconsejería e instó a la administración madrileña a presentar la documentación en un plazo de veinte días, poniendo fin a la vía administrativa y dando paso a la contenciosa. Y así es como llegamos hasta la actualidad, en la que la Comunidad de Madrid, encabezada por Ayuso, ha retrasado el proceso interponiendo recurso ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
De esta manera, la Comunidad de Madrid trata de evitar desde los tribunales que la información contenida en esas actas sobre los mecanismos de actuación en las residencias durante la pandemia se haga pública, alegando de nuevo la necesidad de una reelaboración de la información y el alto volumen de documentos.
