Tres ministerios del PSOE fomentan la cooperación económica con Israel en pleno genocidio

En mayo del año en curso el Gobierno de España reconocía el Estado de Palestina con las fronteras anteriores a 1967. El presidente aclaraba “No es una decisión contra nadie”. En junio, el ministro Albares anunciaba que España se sumaría a la demanda de Sudáfrica por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia para matizar después que no entraría como demandante sino que sólo se personaría en el proceso. Sus declaraciones “España no va contra Israel. Lo que buscamos es parar la guerra” elegían el término “guerra” aún tratándose de una demanda por genocidio. Ambas medidas tuvieron menos éxito presionando a Israel que aplacando las manifestaciones, movilizaciones y acampadas que se posicionaban en contra del estado sionista en todo el país.

Al inicio de las hostilidades varias multinacionales españolas continuaban operando en Israel. Se trataba mayoritariamente de constructoras, como CAF y Comsa, dedicadas a trazar las vías férreas del país a cambio de contratos milmillonarios. Casi un año y más de 40.000 muertes después, el centro de investigación Who Profits revelaba que otras empresas de construcción ferroviaria como GMV, Ineco o Grupo Semi llevarían desde 2017 ayudando a comunicar y anexionar los territorios ocupados sin cesar en su actividad tras los eventos en Gaza. Se trata de ocupaciones tachadas de ilegales por la ONU en varias resoluciones y que se realizan sobre terrenos dentro de las fronteras previas a 1967, que España ha reconocido como Palestinas.

La cooperación económica entre nuestros países ha facilitado los crímenes sionistas. El Gobierno Español no sólo no ha hecho nada para revertir esta situación sino que la ha continuado importando armas a Israel. Aunque Pedro Sánchez anunció en el congreso que "desde el 7 de octubre España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel" el ministerio dirigido por Margarita Robles ha continuado ofreciendo contratos públicos a las principales empresas armamentísticas israelís por valor total de alrededor de los 1.100 millones de euros, como señalaba un informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz. Parte de los contratos corresponden al mantenimiento de materiales ya adquiridos para los que sólo las empresas israelís pueden ofrecer reparaciones. Sin embargo, otra parte corresponde a nuevos equipos cuya adquisición se convierte en una mayor dependencia de la industria armamentística de un estado acusado de crímenes contra la humanidad.

Grupos como Amnistía Internacional y algunos medios también denunciaron la opacidad de los ministerios de Defensa, Exteriores e Industria y Comercio, todos en cartera del PSOE, al ser preguntados por los datos exactos de las importaciones.  "Al contrario de lo que sucede con las exportaciones, no existe un informe anual oficial de importaciones por parte de la Secretaría de Estado de Comercio", señalaron desde el Centre Delàs.

La directora de la Secretaría de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, es también la directora de la entidad ICEX España Exportación e Inversiones. Esta agencia pública dependiente del Ministerio de Industria y Comercio lanzaba un informe actualizado el 28 de mayo, desvelado por Público, en el que exhortaba la inversión española en Israel.

“Más allá de la guerra, hemos de recordar que Israel es un país de referencia en alta tecnología especializada en múltiples sectores, así como en su transferencia tecnológica o conexión entre ciencia e innovación empresarial". El informe proseguía alabando el talento tecnológico del ejército israelí y alentando a la exploración de nuevas oportunidades de negocio con su infraestructura militar. También se mencionaban otros sectores propicios a la inversión nacional, como el ya mencionado campo de las infraestructuras ferroviarias: "Israel adolece de una gran carencia de infraestructuras, especialmente de transportes, que las empresas españolas han sabido aprovechar hasta el momento y deberían seguir aprovechando una vez termine la guerra".

Pero sin duda lo más relevante del documento es la voluntad explícita de incrementar los lazos económicos con Israel, los cuales “siempre han sido menores de lo deseado por las autoridades de ambos países". Todo ello justificado, además de en las ventajas económicas, en " que nuestros vínculos históricos y culturales son profundos y fructíferos, siendo también muy considerable la afinidad y simpatía entre sus ciudadanos desde el momento en que entran en contacto entre sí".

En suma, el gobierno ha intentado presentar una imagen pública en contra de la masacre en Gaza a la vez que mantenían un perfil tibio en el panorama internacional que asegurase la continuidad del comercio. A pesar de declarar apoyar las manifestaciones propalestinas, en ningún momento ha mostrado voluntad política de condenar el sionismo como fenómeno históricamente responsable del genocidio. A lo sumo ha reprochado los últimos episodios de violencia extrema como si estos fueran inéditos y sin precedentes. El documento del ICEX, la venta de armas y los eufemismos (“no es una decisión contra nadie”) demuestran la intención de capear la tormenta esperando a que se arrase toda Gaza, se señale a Netanyahu como único responsable y el Estado Español pueda retomar abiertamente sus tratos con un estado que considerará legítimo, quizás construyendo trenes en la Franja de Gaza.