Partido Popular y Vox expulsan durante un mes de la Asamblea Regional de Murcia a Víctor Egío, diputado de Podemos-IU-AV, por defenderse de las difamaciones de Vox

Continúa la deriva autoritaria en la Asamblea Regional de Murcia, controlada por Partido Popular y Vox. Este miércoles, en una decisión que no tiene precedentes en el parlamentarismo murciano, los antiguos socios de la coalición que gobernó la Comunidad Autónoma hasta la semana pasada se han vuelto a unir para votar la suspensión de funciones durante un mes del diputado de Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde Víctor Egío. El motivo esgrimido para la expulsión del representante morado ha sido la interrupción del Pleno de la Asamblea Regional del pasado 26 de junio, después de que la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, se negara a cederle la palabra tras las difamaciones por parte del portavoz de Vox, Rubén Alpañez, quien acusó a Egío de “no haber pisado la Asamblea durante seis meses”. La realidad es que el diputado se acogió al permiso de paternidad al que tenía derecho durante seis semanas tras el nacimiento de su hija. Sin embargo, la presidenta de la Asamblea no concedió el turno de réplica para que Egío pudiese defenderse de las mentiras de Vox, tal y como marca el reglamento, a pesar de que este lo reclamó en reiteradas ocasiones.

En la sesión de hoy, la diputada de Vox María Jesús Ruiz ha cargado abiertamente contra el derecho a la conciliación familiar y el derecho a los permisos de paternidad y maternidad, asegurando que tener un hijo o una hija no es excusa para faltar al puesto de trabajo. Ha obviado, eso sí, que el ya exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo Frings, también de la formación ultraderechista, se ha acogido al mismo permiso de paternidad del que disfrutó Egío durante seis semanas. Un derecho básico a la conciliación familiar y la corresponsabilidad que conquistó Unidas Podemos tras la negociación en 2019 con el PSOE.

Desde la tribuna de oradores, Egío ha considerado que el Pleno de esta mañana era en realidad “un juicio sumarísimo, sin testigos, pruebas ni derecho a presentar un recurso de apelación”. Se da la circunstancia de que los proponentes de la sanción al diputado de Podemos han sido el propio Rubén Alpañez, portavoz de Vox que difamó al representante de Podemos, y la Presidenta de la Asamblea, que fue quien se negó a darle la palabra tras las mentiras de la ultraderecha y trató de expulsarle del Pleno. Un “yo me lo guiso, yo me lo como” que acaba con la sanción a Egío y que, por primera vez en la historia, priva de representación a miles de ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia durante un mes.

Manifiesto de apoyo

La sanción a Egío ha provocado, pese a los intentos de la derecha y la ultraderecha de pasar desapercibida por hacerse en periodo estival, que se haya hecho público un manifiesto contra la deriva autoritaria de las instituciones regionales, firmado por personalidades relevantes del mundo de la cultura, la universidad y la política, tanto regional como estatal. Este manifiesto reclama, además de la suspensión inmediata de la sanción a Egío, la recuperación de los plenos de control al Gobierno regional, suspendidos a principios de la presente legislatura, devolviendo a la oposición la posibilidad de control al Ejecutivo, así como la retirada del proyecto de Comisionado de Transparencia, un órgano unipersonal impulsado por Vox en sustitución del Consejo de la Transparencia que existía hasta ahora y que estaba conformado por 18 personas independientes y de reconocido prestigio. Los firmantes del manifiesto aseguran que con las maniobras del Partido Popular y la ultraderecha se ha perdido la “capacidad de fiscalizar la acción de Gobierno y ofrecer a la ciudadanía toda la información relativa a la gestión que este realiza de los recursos públicos”.

En el documento de recogida de firmas —al que puede adherirse cualquier ciudadano o ciudadana aquí— se asegura que el “castigo” a Víctor Egío “constituye un nuevo ataque a la oposición en la Asamblea Regional y al derecho de los habitantes de la Región de Murcia a ver expresada la pluralidad política de la sociedad”. Consideran además que es también “una clara advertencia a los cargos públicos de la izquierda regional para que se abstengan de criticar y controlar la acción del Gobierno de López Miras, ya que podrán ser objeto de cualquier tipo de ataque personal, dejándoles sin derecho tan siquiera a defenderse”. Por último, afirman que se trata de “una agresión al derecho de conciliación familiar, que rezuma además la visión patriarcal de que el hombre no puede atender al cuidado de sus hijos e hijas, un papel que corresponde a la mujer, según el punto de vista de la ultraderecha”.