Pedro Sánchez pide la expulsión de las personas migrantes en situación irregular y recibe el aplauso del PP

En unas declaraciones hechas ayer en medio de su gira por África, Pedro Sánchez ha recalcado los beneficios de la migración regular, pero también ha afirmado que es imprescindible el retorno a su país de aquellos que se encuentren en una situación administrativa irregular en el Estado español.

Esto lo podría haber dicho perfectamente Feijóo o Abascal, palabra por palabra. pic.twitter.com/Cqz0rKWBxo

— Pablo Echenique (@PabloEchenique) August 29, 2024

En su mensaje, el presidente ponía un gran peso en la responsabilidad de las mafias en esta migración calificada popularmente como “irregular”, haciendo hincapié en que el retorno de estas personas en situación administrativa irregular desincentivaría a estas mafias.

Además de exigir una disculpa a Pedro Sánchez, el PP ha señalado que en el pasado el presidente acusó al líder de la oposición de “xenófobo” y le cuestiono su “altura moral”, además de acusarles de que la ultraderecha les marcaba el paso, todo en clave migratoria, sin embargo, esto no ha impedido que aplaudieran al mismo tiempo el cambio de opinión de Pedro Sánchez. Así se expresó el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados en la red social X.

Así sí. Este cambio de opinión sí.

El único problema es que ayer puso a los suyos a llamarnos fachas por pedirle esto. Insultarnos era la forma de darnos la razón.

Urge un debate sereno sobre la crisis migratoria. En España debería ser posible hablar en serio de algo. pic.twitter.com/9oBfmRJGHc

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— Miguel Tellado (@Mtelladof) August 29, 2024

Este es solo el último consenso alcanzado por el PSOE y el PP después del acuerdo acerca de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el cual el presidente del Gobierno y su partido asumieron el lawfare a pesar de las actuaciones del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez.

Por otro lado, con la mención de las mafias conviene recordar el informe elaborado por el Observatorio para el tráfico de migrantes de la Oficina para las Drogas y el Crimen de las Naciones Unidas, el cual muestra como en España los condenados por estos delitos y en concreto en el archipiélago canario no estarían involucrados con estas mafias, sino que estos serían también pasajeros de estos cayucos y embarcaciones, los cuales gozarían de algún beneficio a la hora de embarcarlos a cambio de dirigir las embarcaciones hacia las islas, lejos de la estructura de funcionamiento y de coordinación que se da en las costas africanas.

Este informe también pone en relieve que las condiciones de estas personas en sus lugares de acogida no son las legalmente exigidas, no gozan de estándares mínimos como acceso a agua, higiene o baños, así como asistencia médica y que incluso durante estos periodos de detención la policía les interroga para identificar a quienes deportaran de manera express.

Informantes del Gobierno de Canarias aseguraban que había niños en la cárcel solamente por navegar el bote para intentar salvar a la gente que se encontraban en él. Fiscales entrevistados aseguraban que los conductores de estas embarcaciones raramente estaban relacionados con las organizaciones que operaban en la costa, y si aun así lo estaban, estos eran actores de bajo nivel en esa organización, pero eso no evitaba que se les acusara de tráfico de migrantes en su modalidad agravada, conllevando penas de entre 4 y 8 años de prisión, esto si no muere nadie durante el viaje, ya que en este caso la pena puede incrementarse de uno a cuatro años por cada persona que muera, elevando las condenas de 10 a 20 años.

Otra medida anunciada por el presidente es la creación de empleos mediante la migración circular, es decir, formación y contratación en origen para que estas personas viajen a España a únicamente ejercer sus empleos de manera temporal para luego volver a sus países de origen.

En este sentido, el Gobierno defiende que la migración legal y segura es necesaria y que el país necesitará de 200.000 a 250.000 trabajadores migrantes hasta 2050 para sostener el Estado de bienestar, además recalca que esta medida es demandada por los empleadores españoles.

Nunca es mala noticia que en origen se creen más opciones mediante las cuales las personas migrantes puedan llegar sanas y salvas a los países que las mismas deseen, sin embargo, firmar acuerdos de migración circular, cuando en el país hay ya una base de personas migrantes susceptibles de regularizarse en la iniciativa que el movimiento Regularización YA!, impulso por sí misma en el Congreso y que solo ha contado con la desidia del Gobierno, resulta paradójico.

Por otro lado, existen ya herramientas legales para que las personas lleguen de manera segura y sin tener que acudir a mafias de ningún tipo; los visados. Sin embargo, estos tendrían que ser reformulados con el fin de que cumplan esta función y no la de evitar precisamente que lleguen las personas. En este sentido, cabe recordar que el Ministerio de Asuntos Exteriores no cuenta con una estadística de visados solicitados, solamente una de concedidos, con lo cual el monitoreo de esta medida antiinmigración se hace difícil de dilucidar.

Por último, cabe destacar la información revelada esta semana por Canarias Ahora sobre el reparto de los contratos para los centros donde alojan a las personas migrantes que llegan al archipiélago, donde el principal instrumento legal usado por el Gobierno de Canarias es el del procedimiento de urgencia que externaliza la administración de los centros a dedo, con la falta de transparencia que esto supone. Este método se supone que debería usarse únicamente para acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional, sin embargo, esta se viene utilizando incluso antes de la mal llamada “crisis migratoria”.

En la información revelada en esta pieza, de los millones de euros utilizados en esta gestión, la mitad se los estarían llevando dos organizaciones en concreto e incluso una de las organizaciones estaría siendo investigada, ya que su líder podría haber cometido una explotación de menores migrantes en una de sus fincas y otra podría haber cometido un desvío de fondos públicos.

Finalmente, todo este dinero no acabaría sirviendo a su fin, ya que las personas que deberían ser cuidadas con estos fondos se quejan de las condiciones en las que viven, ya que no cumplen con los estándares mínimos en muchos casos y el personal de estos centros tampoco está preparado para responder a la situación.