Orbán se niega a pagar los 200 millones que le exige el TJUE y recrudece las amenazas contra Bruselas

Las amenazas de Viktor Orbán de enviar autobuses llenos de inmigrantes y solicitantes de asilo hacia la capital europea poblaban los titulares belgas hace pocos días. La discusión que se desató después de la aprobación del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo el pasado 14 de mayo de este año, lejos de haber quedado enterrada, está generando cada vez más tensiones y enfrentamientos entre la Unión Europea y algunos países miembros, cuyo ejemplo más mediático es Hungría, aunque no el único.

El Pacto Migratorio, que actualiza el Derecho de la Unión en diversos aspectos, principalmente en materia de protección internacional y asilo, debe ser trasladado por cada país miembro a sus respectivos ordenamientos jurídicos con fecha límite en junio de 2026. No obstante, a día de hoy el debate en torno a las políticas migratorias europeas ha consolidado dos fuertes posiciones que difícilmente puedan llegar al consenso en el corto plazo, ello sin contar con los defensores del Pacto a toda costa, como el Partido Popular Europeo (PPE) y el Partido Socialista Europeo (PSE), ambos abogando por reforzar las fronteras exteriores de la UE. Por un lado, diversas ONG y organizaciones especializadas como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado resaltan lo “devastador” que puede resultar para los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo, señalando, entre sus defectos, que el nuevo Pacto refuerza la externalización de las fronteras, permitiendo la financiación de terceros países (donde el respeto a los derechos humanos es mínimo) para que estos se ocupen de acoger a los inmigrantes, permite la suspensión de las garantías del derecho de asilo en “casos de crisis o fuerza mayor”, o incluso facilitan la detención y privación de la libertad en las fronteras por el simple hecho de migrar a un país de la Unión. En el bando opuesto, podemos situar a los quince países que firmaron un comunicado poco después de la aprobación del Pacto Migratorio, en el que mostraban su disconformidad y exigían medidas aún más represivas respecto a la migración, entre los que destacaban Italia, Polonia, Austria y Países Bajos.

En una posición todavía más a la derecha se mantiene el presidente húngaro Orbán, quien ni siquiera formaba parte del comunicado antes mencionado, por considerar que las medidas que proponían seguían siendo insuficientes. El líder del partido ultraconservador Fidesz, quien hace un año se jactaba de ser el único país “libre de migrantes”, amenazaba hace pocos días con enviar autobuses – de forma completamente contraria al Derecho comunitario e internacional –  llenos de personas solicitantes de asilos a Bruselas, sede de las instituciones comunitarias; además exigía una indemnización de 2000 millones de euros a la Unión Europea, asegurando que es lo que le ha costado “proteger la frontera exterior” del Grupo de los 27. Philippe Close, alcalde de la ciudad belga, ya ha respondido que bloqueará toda intención de Orbán de realizar dicho transporte. Desde la Comisión Europea también se prometían medidas de represalia.

El gobierno húngaro alegaba que las amenazas eran consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del 13 de junio de este año, por la que se imponía a Hungría una multa de 200 millones de euros y un millón de euros diarios hasta que no se adoptasen “todas las medidas necesarias para ejecutar lo dispuesto en la sentencia de 17 de diciembre de 2020”. Esta condena hace referencia a una sentencia anterior en la que el TJUE acusaba al ejecutivo húngaro de haber realizado detenciones ilegales y expulsiones de solicitantes de asilo, infringiendo gravemente el Derecho de la Unión en materia de asilo. El Tribunal denunciaba también la creación de “zonas de tránsito” entre las fronteras de Hungría y sus países vecinos, donde debían resolverse las solicitudes de asilo y donde se producían numerosas devoluciones en caliente, una práctica condenada por la Unión Europea y numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Viktor Orbán parece encontrarse en una posición cada vez más crítica. Las continuas congelaciones de fondos de la UE tampoco parecen estar surtiendo el efecto que deberían en el país magiar. Desde la llegada al poder de Fidesz, en 2010, el deterioro de la democracia húngara no ha hecho más que aumentar; así lo muestran los índices de democracia como Freedom House, donde ya se refieren a Hungría como un “régimen híbrido”. Inversamente proporcional al desgaste democrático vemos cómo están aumentando las políticas migratorias restrictivas y en la práctica racistas. Este fenómeno ya ha empezado a influir en países donde todavía no gobierna la extrema derecha, como ocurre en la Alemania de Scholz, que recientemente ha anunciado la introducción de controles en las fronteras terrestres con la excusa de rebajar una supuesta amenaza islamista, estrategia que no deja de ser otra forma de vincular la inmigración con la criminalización.