Pese al ocultamiento de Ayuso, la SER accede a las actas de las residencias madrileñas
El gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso intentó bloquear la divulgación de las actas de las reuniones donde se decidió no derivar a hospitales a los residentes de centros de ancianos durante la crisis de la COVID-19. Con 7.291 muertes registradas en estas residencias, el gobierno madrileño ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para evitar la publicación de estas actas. Sin embargo, a pesar de este intento de ocultamiento, la Cadena SER ha tenido acceso a los informes redactados por los agentes de la Policía Municipal de Madrid durante sus visitas a estas instituciones.
La SER ha podido revisar alrededor de 200 de los aproximadamente mil informes solicitados por un ciudadano respaldado por el Consejo de Transparencia. Estos informes revelan las condiciones desgarradoras que se vivían en las residencias durante la primera ola de la pandemia, con cadáveres sin recoger durante días y trabajadores exhaustos ante la falta de apoyo institucional por parte de la Comunidad de Madrid.
Uno de los problemas destacados en estos informes es la dificultad para la recogida de los cuerpos de los fallecidos. Por ejemplo, en la residencia Ballesol, el 5 de abril de 2020, la directora solicitó urgentemente la recogida de tres cuerpos que llevaban entre 24 y 48 horas en la instalación. Situaciones similares se encontraron en otros centros, como en la residencia Amavir Puente de Vallecas.
Además, los informes policiales reflejan la sensación de abandono experimentada por muchos de estos centros. En la residencia Rafael Alberti, por ejemplo, se solicitaban urgentemente equipos de protección, señalando la ausencia de la UME y la Comunidad de Madrid. La falta de material de protección también era evidente en otros lugares, como en la residencia Sagrado Corazón y Nuestra Señora de Montserrat, donde se usaban bolsas de basura como EPIs.
Los informes sugieren la presencia de lo que se ha denominado como "protocolos de la vergüenza", refiriéndose a las pautas que resultaron en la falta de derivación de la gran mayoría de los residentes de los centros de mayores de la Comunidad de Madrid a hospitales durante el inicio de la pandemia.
La soledad institucional también era palpable, como lo refleja el caso de la residencia Santísima Virgen y San Celedonio, que había solicitado ayuda a varias autoridades sin obtener respuesta. Estos informes subrayan las difíciles condiciones que enfrentaron tanto los residentes como el personal de estas instituciones durante la pandemia, lo que ha generado reacciones de indignación y demandas de transparencia en la gestión de la crisis por parte de las autoridades madrileñas.
Específicamente, se mencionan en los informes la residencia Ballesol, la residencia Amavir Puente de Vallecas y la residencia Orpea Madrid Valdemarín.
Los testimonios obtenidos por la policía confirman la negligencia que experimentaron ciertos centros, como la residencia Rafael Alberti en Moncloa, que fue denunciada el 4 de abril. En ese lugar, los responsables solicitaron con urgencia equipos de protección y señalaron que ni la UME (Unidad Militar de Emergencias) ni la Comunidad de Madrid habían acudido. Este caso no fue único; muchas de las actas reveladas ahora indican la escasez de equipos de protección personal y mascarillas.
