Genocidio en Gaza

Podemos pide a la Audiencia Nacional que paralice e inspeccione un barco que transporta combustible para aviones de guerra a Israel

La denuncia subraya que las autoridades españoles son competentes para practicar las diligencias solicitadas, dado que el navío transita por aguas españolas
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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra — Eduardo Parra / Europa Press

Podemos ha presentado en las últimas horas una denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción de guardia de la Audiencia Nacional para solicitar que se paralice e inspeccione el Overseas Santorini, un buque que transita por aguas españolas y transporta combustible para aviones de guerra israelíes.

La formación detalla que el buque, que partió del puerto de Corpus Christi (Texas, EEUU) y se dirige a Israel, realiza esta trayecto periódicamente cargado con un carburante a base de queroseno y JP-8, que es utilizado específicamente por la aviación militar israelí, lo que indica que serviría para reforzar la operación de genocidio que se está perpetrando en Palestina.

De hecho, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó, en abril de 2024, una resolución donde expresaba su profunda preocupación por el hecho de que la transferencia de este combustible en concreto permita a Israel cometer violaciones del derecho internacional.

La denuncia subraya que las autoridades españoles son competentes para practicar las diligencias solicitadas, dado que el navío, que inicialmente tenía previsto hacer escala en Cartagena y posteriormente modificó su rumbo para dirigirse a Gibraltar, a donde tiene previsto llegar este martes, transita por aguas españolas.

Además, argumenta que la Ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso, faculta a la Administración General del Estado a retener cualquier cargamento que transite por territorio o espacio marítimo o aéreo español cuando existan “indicios racionales” de que “puede ser empleado” en acciones que vulneren los derechos humanos.

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Finalmente, Podemos recuerda que las autoridades españolas tienen el deber de cooperar en la aplicación de las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia en virtud del artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, haciendo cuanto esté en su mano para evitar la perpetración de un genocidio, pues en caso contrario serían cooperadores de dicho delito.