¿Qué nos espera judicialmente en este curso político?

En el anterior curso político, y en general, antes del verano hemos visto múltiples y muy variados litigios, así como otras decisiones de los tribunales que han afectado de lleno, desde la gobernabilidad del país, hasta actores particulares, y sin dejar atrás el lawfare que llegó a convertirse en un tema de actualidad. Hacemos un breve repaso de aquellas causas de mayor importancia que siguen abiertas y que estarán siendo de actualidad en la vuelta del verano.

Causa del juez Peinado contra Begoña Gómez

Cabe recordar que la causa que el juez Juan Carlos Peinado tenía contra Begoña Gómez acabo convirtiéndose en otra causa separada cuando Pedro Sánchez anuncio la querella contra este.

Esta inicial querella se interpuso por la Abogacía del Estado debido a que el juez se negó a que Pedro Sánchez declarara por escrito, privilegio determinado por la ley para determinadas personas que ostenten determinados cargos dentro del Estado. Esta fue interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ya que consideraban que la citación que el juez hizo en la Moncloa con el jefe del Gobierno había sido injusta y a sabiendas de esta garantía legal.

Además, de esta no declaración, ya que Sánchez se negó a declarar, usando el privilegio que le concede la ley a los cónyuges de investigados, el juez Peinado decidió, por un lado, ceder las grabaciones de esta no declaración a las acusaciones de la causa, es decir, organizaciones de ultraderecha, y, por otro lado, decidió sacar conclusiones de la no declaración.

Así lo hizo saber hace unas semanas cuando emitió una providencia que lo sugería. La cuestión a este respecto surge cuando, precisamente, no declarar ante el juez, supone no perjudicar a la persona que está siendo investigada, con lo cual, una declaración no puede ser “interpretada” de cualquier forma por el juez, sino que tiene que ser simplemente ignorada.

De esta providencia surgió una ampliación de la querella, esta vez asegurando la Abogacía del Estado que este incurre en una injusticia intrínseca y que las interpretaciones legales que hace son forzadas y artificiales.

Además, la propia Begoña Gómez también ha presentado por su cuenta otra querella contra el juez Peinado por prevaricación. En esta defiende que las decisiones del juez son arbitrarias y que las normas de la instrucción estarían siendo forzadas. También se le acusa en esta querella de revelación de secretos por funcionario público.

Cabe destacar que hasta ahora el juez Peinado no ha sido claro sobre por qué se le acusa a Begoña Gómez, de hecho, las diligencias practicadas hasta el momento no arrojan indicios delictivos alguno, incluso Barrabés, uno de los empresarios que Peinado decidió involucrar en la causa, ha recurrido el registro de su empresa a la Audiencia Provincial de Madrid, asegurando que esta no cumplía los requisitos legales exigidos.

Por último, sobre estas causas, hay que aclarar que el 30 de septiembre está previsto que la Audiencia Provincial de Madrid vote sobre si permitir al juez Peinado continuar en la causa de Begoña Gómez.

Juez Aguirre y el procés

Después de que la Audiencia Provincial de Barcelona le obligara a elegir entre archivar la trama rusa o enviarla a juicio oral, el juez decidiría abrir una nueva causa: la nueva trama rusa.

En esta, y mediante un auto lleno de tesis geopolíticas sobre la posible influencia de Rusia en la política interior española, especialmente relacionada con el independentismo catalán, el juez justificaba la apertura de una nueva causa, esta vez sí, acusando de traición a Puigdemont y otros implicados del entorno independentista catalán e incluso empresarios rusos afincados en España. Los nuevos cargos dejarían fuera de la ley de amnistía a los acusados.

A pesar de que la defensa de algunos implicados interpuso los correspondientes recursos contra la apertura y recusaciones con el fin de apartar al juez Aguirre, esta última fue denegada por el mismo.

Cabe recordar los audios publicados en exclusiva por Diario Red, en los cuales se jactaba de intervenir en la política del país, con frases como "me dice que ayer lo de la ley de amnistía se tumbó por mí", o, "claro, es que será la tumba. Sí lo será. Al gobierno le quedan dos telediarios alemanes. Dos. Y ya está. A tomar por culo. Entonces, hay gente que se está situando ya. Ha tomado partido, y el partido soy yo", así como el documental en la televisión pública alemana en el cual salió hablando, precisamente sobre esta causa y sus teorías geopolíticas relacionadas con Rusia.

A pesar de esto, el juez entiende que esto no afecta a su parcialidad en la causa y por ello denegó la recusación. Cabe destacar que no negó en ningún momento ser quien habla de los audios.

En este mismo sentido, Aguirre denunció a Diario Red ante la Fiscalía con el fin de que esta investigue acerca del origen e intención detrás de la publicación de los mismos, además los considera manipulados, ya que este asegura que fueron extraídos y ensamblados para crear una alocución que traslada una impresión artificial y alejada de la realidad, además destacaba que esta manipulación tenía la intención y atribuir un contenido político a unas conversaciones que crecían de él.

Además, durante el verano supimos que el juez Aguirre se jubilará de manera anticipada en enero de 2025, después de que recibiera el informe favorable por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y la aprobación de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. En principio, la fecha elegida por el magistrado es el 15 de enero.

Por último, hay que destacar que el juez tiene, al igual que el magistrado Peinado, una querella abierta. Esta fue interpuesta por presuntos delitos de prevaricación y malversación y el texto calificaba de arbitraria, estrafalaria e injusta la apertura de la nueva trama rusa, además solicitaba como medida cautelar el cese provisional del magistrado en esa instrucción.

Ley de Amnistía

La última noticia que tuvimos en este sentido fue la comunicación de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de que se envió una de las aplicaciones de la amnistía al Tribunal Constitucional (TC).

En esta comunicación el tono era duro y diferenciador respecto al resto de ocasiones en que se había comunicado alguna decisión del alto tribunal. Destaca el uso de términos como “golpistas” y el uso de argumentos extralegales y subjetivos haciendo referencias genéricas a la violación al derecho a la igualdad o el principio de seguridad jurídica.

En cuanto al resto de aplicaciones, encontramos desde la llegada de casos nuevos al Supremo, así como archivos.

Entre los archivos encontramos el de Susana Polo y el de Manuel García-Castellón, por parte del Supremo y la Audiencia Nacional respectivamente y ambos por la misma causalidad: una anulación de las actuaciones del juez García-Castellón durante su instrucción, ya que este había continuado instruyendo la causa a pesar de haber prolongado horas más tarde de lo debido la misma, lo cual acabaría afectado a la parte de la causa que derivo al Supremo y acabo en manos de Susana Polo, teniendo ambos magistrados que archivar sus respectivas causas relacionadas con Tsunami Democràtic y liberando a distintos investigados, entre ellos, Marta Rovira.

Otro archivo, por distinta razón, se produjo en un Juzgado de Instrucción de Barcelona. Concretamente, la magistrada Carmen García Martínez decidió si amnistiar el delito de malversación, contradiciendo las tesis del Supremo y liberando a Frances Homs, quien fuera conseller, así como el secretario de Asuntos Exteriores y de la UE, Senén Florensa.

Una llegada que hubo al Supremo fue parte de la nueva trama rusa del juez Aguirre, en la cual acusaba de traición, entre otros, a Carles Puigdemont, sin ningún argumento jurídico, sino con una mera mención a determinada sección del Código Penal, lo cual está por verse en el alto tribunal.

Mientras se producían estos choques en la judicatura en torno a los políticos, los policías en su aplastantemente mayoría si recibieron las correspondientes amnistías según informaba Alerta Solidària, mientras que Iridia, Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana anunciaban su intención de recurrirlas, ya que estas entendían que ningún caso de violencia policial podía beneficiarse de esta por posibles implicaciones en delitos de torturas o trato inhumano o degradante, delitos fuera de este tipo de beneficios conforme el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por último, una de las últimas informaciones que se han publicado es que en el Boletín Oficial del Estado se ha hecho efectiva la jubilación forzosa de Manuel García-Castellón, con lo cual el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Audiencia Nacional será ocupado por otra persona, dejando su oficio uno de los principales opositores judiciales a la amnistía.

Sus causas serán asumidas, hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe, de entre quienes se presenten y tengan los méritos y trayectoria en el puesto, por María Tardón, también Jueza Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.

Caso González Amador, novio de Ayuso

En esta causa, el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se enfrentaba a dos fiscales que, según su querella, habrían filtrado datos sensibles mediante el comunicado que emitió la fiscalía en redes sociales desmintiendo unas afirmaciones hechas por Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Ayuso, de que el trato que estaba llevando a cabo González Amador con la Fiscalía fue saboteado por órdenes de un superior de los fiscales acusados y que este había sido ofrecido por la Fiscalía a González Amador.

Aquí toma gran protagonismo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quién desde un primer momento se enfrentó al bulo y se ha marcado al mismo como el último responsable de la publicación del comunicado, incluso llamando la atención al juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que derive la causa al Tribunal Supremo, ya que en caso de que entre el cómo investigado en la causa, entraría en juego el aforamiento del que goza ante el alto tribunal.

Lo último que conocíamos de esta querella y sus diligencias, es que el juez instructor del TSJM pidió al Supremo que imputara al fiscal general del Estado, ya que este consideraba que era necesaria la contrastación de la versión de los hechos que pudiera dar García Ortiz, sin embargo, también archivaba el caso para uno de los fiscales, Julián Salto, ya que el magistrado entendía que su participación en la elaboración del comunicado de la Fiscalía fue meramente instrumental. Mientras que Pilar Rodríguez no tendría la misma suerte, ya que sigue en la causa que ahora escala al alto tribunal.

Cabe destacar de igual manera que se está desarrollando paralelamente la investigación de los delitos fiscales de González Amador. En este sentido, en junio, González Amador parecía haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el que admitía no solamente los dos delitos fiscales, sino también que uso facturas falsas para engañar a las autoridades tributarias en estos delitos, sin embargo, PSOE y Más Madrid presentaron escritos con el fin de ampliar la investigación con hasta cinco nuevos delitos, con lo cual, ese acuerdo quedo en frustrado. Este acuerdo consistía en una condena de ocho meses de cárcel que no cumpliría y pagar una multa de más de 120.000 €, además de regularizar su situación fiscal.

Al respecto del escrito presentado por el PSOE y Más Madrid, la magistrada instructora Inmaculada Iglesias, rechazó investigar más a fondo tal y como solicitaban las acusaciones populares, ya que consideraba ‘prospectivas’ determinadas diligencias al, según ella, “no existir indicios de delitos distintos a los que son objeto del presente procedimiento”, a pesar del informe de la Agencia Tributaria que señalaban los acusadores populares.

Consejo General del Poder Judicial

A pesar de que la batalla por la presidencia de este órgano terminó esta misma semana e Isabel Perelló abrirá el año judicial junto al Rey, este puede ser solamente el comienzo de una larga zaga de desacuerdos en el pleno del CGPJ, y es que a pesar de que Perelló ostente el voto de calidad que permite los desempates, lo cierto es que muchas de las principales funciones del Consejo se sustancian por votaciones de tres quintos, con lo cual, la política de bloques dentro del Consejo tendrá que romperse.

Aunque Perelló llega con menos atribuciones debido a la reforma llevada a cabo, de igual manera conserva una serie de poderes dentro del órgano, importantes a la hora de influir, por ejemplo, fijar el orden del día de plenos y de la Comisión Permanente, con lo cual los asuntos a tratar irán de su mano, pero también decide quienes son ponentes en determinados dictámenes sobre leyes del Gobierno o incluso cuál magistrado del Tribunal Supremo sería el encargado de autorizar, ya sean escuchas del Centro Nacional de Inteligencia o entradas en domicilios privados. También propone el nombramiento del Vicepresidente del Tribunal Supremo, del Secretario General y Vicesecretario General y algunas funciones de tipo comunicativo.

Dejando atrás que Perelló fue elegida en quinta votación y después de varios meses en esta situación, lo que cabe preguntarse es que le espera a este ya completamente funcional Consejo.

Esencialmente, cubrir plazas, de hecho, hasta un tercio de las plazas del Supremo requieren cobertura en estos momentos, siendo esto de especial gravedad, ya que este es el tribunal encargado de fijar criterios de interpretación y de cómo deben aplicarse las normas, la conocida jurisprudencia, y casi 100 plazas en total (incluyendo las del Supremo) en la totalidad del país y en las distintas instancias que conforman el Poder Judicial.

Además, cabe recordar el acuerdo suscrito por PP y el Gobierno para la reforma de la justicia, el cual recuperó una figura derogada por el PP en 2013, la Comisión de Calificación, la cual elaborará informes sobre los candidatos a las distintas instancias de los tribunales, con lo cual, puede ser determinante con el fin de establecer un filtrado de candidatos.

Nuevos y viejos frentes

Lo judicial siempre es noticia, ya sea en su vertiente más superficial, como pueden ser los juicios e instrucciones pendientes, como aquellas cuestiones más profundas, como algunas de las funciones atribuidas al CGPJ, sin embargo, hay algunas cuestiones pendientes que vale la pena mencionar ni siquiera por encima con el fin de prestarles atención en los meses venideros.

Por ejemplo, los recursos contra la amnistía por parte de diversas comunidades autónomas, incluso una socialista como la de García-Page, Castilla-La Mancha. La última noticia que teníamos en este sentido es que el PP interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante el TC y además recusaran a los magistrados de este mismo tribunal, Cándido Conde-Pumpido, Campo y Díez, ya que según ellos estos no dan garantías en la imparcialidad ni independencia en la resolución.

La realidad es que esos vetos responden a desequilibrar la balanza a favor del sector más conservador del TC, ya que rompería la mayoría mínima que tiene este órgano para los progresistas.

Los gobiernos autonómicos que se sumarían serían el de Madrid, Andalucía, Murcia, Baleares, Aragón, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura y Cantabria por parte del PP y la Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page. La Xunta de Galicia estaría estudiando con su Consejo Consultivo este extremo, mientras La Rioja no se ha pronunciado.

Otro frente que viene de atrás es el del fiscal general del Estado, el cual ahora mismo enfrenta dos situaciones prioritarias en el Tribunal Supremo, el recurso contra su nombramiento hecho por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y la ya mencionada querella que escala a esta instancia desde el TSJM promovida por González Amador.

En cuanto al recurso, su recusación contra los magistrados encargados de resolver sobre su nombramiento fue rechazada por no cumplir determinados extremos formales, con lo cual, el tribunal que lo evalué será el mismo que ha anulado en anteriores ocasiones sus nombramientos discrecionales para distintos puestos de la Fiscalía, véase, Dolores Delgado o Isabel Rodríguez Mateo.

El otro extremo lo veremos evolucionar con el tiempo, ya que una escalada en la causa de González Amador, teniendo al frente a García Ortiz, será esencial saber quién deberá ahora investigar acerca de esta situación.

Otra cuestión de gran trascendencia fue la publicación de un informe en el cual se descubrió que antes de los protocolos de la vergüenza que condenaron a miles de personas mayores a fallecer en las residencias bajo gestión autonómica, ya había instrucciones para que las personas mayores no fueran recibidas durante el comienzo de la pandemia por COVID.

Esto reavivo los muchos casos por vía penal que se vienen sustanciando, sin embargo, uno de los portavoces de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores, Miguel Vázquez, declaraba para El Plural, que aún con todos estos datos, “es muy difícil dado el sesgo político que parece que tiene una gran parte de los jueces y juzgados de la Comunidad de Madrid”.

El portavoz también recalcaba que seguirán presionando y reclamando verdad y justicia, con lo cual, habrá que estar a lo que las diferentes instrucciones abiertas determinen a fin de poder establecer responsabilidades en las muertes de estos mayores, por lo menos, en términos legales.