La Región de Murcia: el agujero negro de los fondos europeos

El Gobierno de López Miras retiene decenas de millones de euros que debería haber ingresado a las personas beneficiarias de ayudas directas por compra de vehículos, instalación de puntos de carga o colocación de placas solares en domicilios particulares. Un dinero proveniente de los fondos europeos y que el Gobierno de España lleva años transfiriendo puntualmente a las arcas públicas de la Región de Murcia. Se trata de una práctica habitual en todas las subvenciones que dependen del Gobierno regional: se saca la convocatoria de la ayuda, se vende a bombo y platillo en los medios de comunicación, se reciben las solicitudes de los interesados. A partir de ahí, empiezan las irregularidades. Los expedientes se atascan, las resoluciones exceden con mucho el tiempo fijado y la propia administración establece trabas burocráticas que ralentizan el proceso. Aun así, que la resolución sea favorable y se conceda no es sinónimo en la mayoría de casos de ingresar ni un céntimo de la ayuda.

El Plan MOVES es el equivalente al antiguo plan PREVER: un sistema de ayuda económica para favorecer la modernización del parque de vehículos. Durante las últimas convocatorias, se ha puesto especial énfasis en la promoción de la adquisición de coches eléctricos. Sin embargo, la Región de Murcia aparece año tras año como la que menos expedientes resuelve y también como la que más tarda en pagar las ayudas. Tanto es así que, en el último de estos planes, el MOVES III, la Comunidad Autónoma apenas ha pagado un 12% del total de las ayudas que ha concedido. De los más de 27 millones de euros que el Gobierno de España ha transferido a la Región de Murcia, solo 3,4 millones han llegado a los bolsillos de los solicitantes. Una situación que se repite con las anteriores convocatorias, ya que numerosos usuarios exponen que tampoco cobraron las ayudas correspondientes a los MOVES I y II, a pesar de que la administración regional las ha concedido.

Los afectados por la falta de pago por parte de la Comunidad Autónoma han decidido organizarse bajo el paraguas de una nueva asociación. Aunque uno de los puntos principales de esta es lograr que la administración regional desbloquee el pago de las ayudas, sus fines van más allá: a largo plazo, pretenden lograr fomentar el uso de vehículos eléctricos terrestres, marítimos y aéreos, así como potenciar las energías renovables, en especial aquellas que no incluyen combustión. La Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible (ACMEIS) nació a través de un grupo de Telegram en el que se agruparon más de 200 afectados y afectadas por la falta de pago de las ayudas. Su presidente, David García Gomariz, explica que los impedimentos burocráticos, sumado al retraso indefinido en el cobro de las ayudas puede disuadir a quienes estarían dispuestos a cambiar a un modelo de consumo energético más sostenible, ya que es necesario que sea el consumidor quien abone el 100% del costo, a pesar de que la administración tiene la obligación de subvencionar parte de la inversión con los fondos que la Unión Europea ha destinado a ese fin. Esos fondos suponen hasta 7.000 euros en el caso de la compra de un coche y un 70% del coste de un punto de recarga eléctrica particular. La Asociación denuncia además el agravio comparativo que supone que en otras comunidades autónomas los solicitantes estén cobrando la ayuda en 3 o 6 meses, mientras que, en la Región de Murcia, la mayoría de los usuarios y usuarias están esperando desde hace más de 3 años.

Ese es el tiempo que lleva esperando BMI, un propietario de coche eléctrico que presentó toda la documentación en octubre de 2021, al comenzar el Plan MOVES III. No obtuvo respuesta por parte de la administración hasta que 13 meses después le comunicaron la concesión de la ayuda, y requerían la documentación justificativa del gasto. Sobre esa justificación del gasto no recibe respuesta hasta mediados de 2024, pidiéndole que aporte, incluso, documentos que llegaron a quedar obsoletos en el plazo de más de un año que estuvo esperando. Sin embargo, hasta el día de hoy, no ha recibido nada de los 5.000 euros que tiene concedidos por el Plan MOVES. Un dinero que, tal y como asegura, pretendía invertir en la cancelación parcial del préstamo, de forma que el retraso del Gobierno de López Miras en ingresar la ayuda está costándole el dinero que generan esos intereses. “Nosotros adelantamos el dinero y pagamos los intereses que genera a la financiera, mientras que López Miras obtiene un crédito gratis por nuestra parte con el que financiar sus proyectos y tapar los agujeros que genera su gestión”, denuncia.  

Otro de los afectados, Antonio Fernández, explica que es muy común que quien se compra un coche eléctrico, también decida poner un punto de recarga privado, alimentado con placas solares para el autoconsumo. Se trata por tanto triples afectados, ya que la Comunidad Autónoma adeuda tanto la ayuda del MOVES como la relativa a la instalación fotovoltaica y la subvención para el punto de recarga. “Al final hablamos de miles de euros por cada afectado”, es decir, de una deuda de “millones de euros de la administración con personas individuales que han hecho una inversión contando con ese dinero y que nadie sabe dónde ha ido a parar”.  

Ese fue el caso de JCA, quien en 2022 decidió pasarse al vehículo eléctrico con la compra de una moto por la que le corresponden 1.200 euros de subvención. Para la carga diaria de la moto, también decidió instalar placas solares, que cuentan con una supuesta ayuda del 60% del total de la inversión. Sin embargo, a pesar de que presentó todos los documentos requiridos, a día de hoy no ha obtenido ninguna respuesta de la administración. “Estamos en un limbo en el que ni siquiera se ha abierto el expediente correspondiente”, asegura. Desde la asociación consideran que los retrasos en el pago y la falta de tramitación de la mayoría de expedientes “disuade de pasarse a un modelo más sostenible, tanto a la hora de la movilidad como para el propio consumo eléctrico en casa”.

Una visión que comparte también NGR, quien destaca especialmente el problema generado por el Ayuntamiento con los puntos de recarga públicos. En su caso, adquirió un coche eléctrico en octubre de 2023 y también está pendiente de respuesta por parte de la administración regional. Sin embargo, a pesar de que en un principio se anunció un ambicioso plan para proveer el municipio de Murcia de puntos eléctricos para cargar el coche, la realidad es que “cada vez hay menos”. Según denuncia, desde el Ayuntamiento “empezaron instalando 10 o 12 puntos, pero han ido dejando sin servicio la mayoría”. Es decir, que “están los puntos”, pero no están disponibles porque los han dejado sin corriente eléctrica”. De esta forma, quienes no tienen coche eléctrico siguen viendo que en la vía pública existen puntos de recarga, cuando la realidad es que simplemente está el dispensador, sin que nadie pueda hacer uso de él.

Pendientes de la calidad del aire

La ciudad de Murcia cuenta, medición tras medición, con uno de los peores datos de contaminación del aire de toda España. Desde Ecologistas en Acción han denunciado este problema en numerosas ocasiones. En su informe del pasado mes de abril destacaron que las mediciones de dióxido de nitrógeno (NO2) en la ciudad superaron la mayoría de los días el límite propuesto por la Organización Mundial de la Salud. En este informe, EeA asegura que las continuas superaciones del valor límite que propone la OMS para el contaminante dióxido de nitrógeno, “evidencian el deterioro de la calidad del aire producido por el tráfico”. “Estas superaciones suponen un proceso continuado de contaminación atmosférica y deterioro de la calidad del aire que respiran los habitantes de la ciudad”, destacan.

De ahí que desde la recién formada Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible hayan decidido no limitarse exclusivamente a la denuncia del retraso en el cobro de las ayudas, sino que también preparan acciones para concienciar a la población de las ventajas colectivas e individuales de pasar a un modelo más sostenible y menos dependiente de los combustibles fósiles. “Es un cambio social”, asegura su presidente, quien además anuncia que, a partir de septiembre, la ACMEIS comenzará a convocar movilizaciones y protestas, además de continuar reclamando el cobro inmediato de todas las ayudas que el Gobierno Regional debe a los particulares”.