Álvaro Uribe: el rey al desnudo

El pasado 24 de mayo, la Fiscalía acusó formalmente al exmandatario de tres presuntos delitos: soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Como respuesta, Jorge Granados, abogado defensor de Uribe, solicitó la nulidad del proceso por las supuestas irregularidades que el ente habría cometido en la modificación de términos esenciales en el escrito de acusación.

Ante la petición —claramente dilatoria de la defensa de Uribe— que pedía reiniciar el proceso desde la fase de imputación de cargos, la jueza Sandra Liliana Heredia confirmó la acusación y elevó la petición realizada por Jorge Granados al Tribunal Supremo. El fallo del pasado martes dejó en firme la improcedencia de recursos adicionales, es decir que la defensa de Uribe no cuenta con más cartas bajo la manga para entorpecer lo que podría ser el primer juicio formal contra un presidente en la historia del país.

Antecedentes: caso Cepeda-Uribe

Uribe es señalado de conformar organizaciones paramilitares que cometieron todo tipo de violaciones a los derechos humanos desde los años 90. A estas alturas el exmandatario cuenta con 60 investigaciones abiertas en la justicia, 46 de ellas varadas en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, y otras 12 en las salas de la Corte Suprema.

Bajo la excusa de la lucha contra la inseguridad y la insurgencia, en 1994 el presidente neoliberal César Gaviria creó las cooperativas de vigilancia ‘Convivir’ con la firma del Decreto Ley 356, el cual estableció la privatización de ciertos servicios especiales de seguridad dirigidos a los grandes comerciantes, empresarios y hacendados. Con este precedente, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, fundó la Asociación de Seguridad Privada El Cóndor.

Múltiples testigos afirman que Álvaro Uribe y su hermano, Santiago, fundaron en 1996 el bloque paramilitar Metro con las finanzas de la unión de narcotraficantes ‘Los Doce Apóstoles’. Uribe, quien por entonces era gobernador del departamento de Antioquia, habría aportado logísticamente a la estructura paramilitar que perpetró las pavorosas masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997).

Entre los denunciantes se encuentran los exparamililtares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, hijo de Óscar Monsalve, capataz de la hacienda Las Guacharacas, propiedad de la familia Uribe.

En el 2012, el congresista de izquierdas Iván Cepeda, líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado,  MOVICE, realizó el primer debate en la Cámara de Representantes que expuso las relaciones entre Uribe, el narcotráfico y los paramilitares. Cepeda fue citado a las cárceles por los propios exparamilitares Sierra y Monsalve. Según los testimonios, en la hacienda Las Guacharacas fueron torturados, asesinados y desaparecidos campesinos acusados de ser cómplices de la guerrilla. Gracias a los debates de Cepeda y del entonces senador Gustavo Petro, el país descubrió cómo se había intentado legitimar e institucionalizar el proyecto paramilitar. En pocos meses, 86 congresistas del arco uribista fueron imputados por vínculos con los mercenarios de la ultraderecha. 

En el 2014 el expresidente Uribe asumió como senador al igual que Cepeda, quien ese año presentó un notable debate sobre la responsabilidad del exmandatario en la constitución del paramilitarismo. En medio de la discusión, la bancada uribista abandonó el recinto violentamente y se dirigió a la Corte Suprema de Justicia con una serie de testimonios que buscaban acusar a Iván Cepeda de manipular a los testigos Sierra y Monsalve en su contra. Sin embargo, en el 2018 la Corte desestimó los señalamientos contra Cepeda y, como un bumerán, abrió una indagación contra Uribe. Las pruebas en poder de la Corte Suprema indican que tanto el diputado uribista, Álvaro Hernán Prada, como su abogado, Diego Cadena, intentaron sobornar en las cárceles a los testigos con el fin de cambiar las declaraciones e inculpar a Iván Cepeda.

Como consecuencia de las investigaciones, en el 2020 la Corte ordenó la detención del senador Uribe. Dos semanas después, éste renunció al Congreso para que su causa pasara al fuero de la Fiscalía, una institución a su mando. El imputado fue liberado tras 67 días de prisión domiciliaria por orden de una jueza… de la Fiscalía.

Uribe ‘el intocable’

Además de la formación del Bloque Metro de los paramilitares, Uribe cuenta con una amplia trayectoria criminal que se empareja con la formación de esa nueva élite, nacida del matrimonio —no menos violento— entre el narcotráfico y el terrorismo de Estado de los años 70. Su padre, Alberto Uribe Sierra, pasó de ser un humilde comerciante a un destacado testaferro y terrateniente del Cartel de Medellín. En los años 80, el joven Uribe decidió hacer su propia carrera institucional bajo el apoyo que le brindaban las redes heredadas. Con tan solo 28 años, fue designado Director de la Aeronáutica Civil. Su carrera política voló por los aires después de firmar los permisos de las avionetas de Pablo Escobar, según informes desclasificados de la DEA. En 1984 fue elegido alcalde de Medellín, pero sus relaciones resultaron tan escandalosas que el presidente Belisario Betancur pidió su dimisión en 1986.

Su presidencia (2002-2010) se forjó con la proclama de una guerra total contra las guerrillas, en la que fueron asesinadas más de 12 mil personas; 6402 asesinadas a sangre fría por el propio Ejército Nacional, disfrazadas como bajas en combate. Mientras tanto corporaciones internacionales como Banacol, Coca-Cola y Drummond, brindaban fondos y armas a los paramilitares para arremeter contra el tejido social organizado. 

La pregunta que salta a la vista es: ¿a qué se debe tanta impunidad?

Sin lugar a dudas Uribe ha sabido convertirse en el mediador absoluto e indispensable de todas las tramas del poder real: el financiero, el mediático, el judicial, las subeconomías, las corporaciones y el bipartidismo. Todos le deben y casi todos acuerdan.

El silencio de los sepulcros

No fue el caso del fundador del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, Jesús María Valle Jaramillo, asesinado en 1998 después de gritarle en público al gobernador Uribe sobre las andanzas entre el Ejército y los paras. Augusto Botero y Luís Fernando Giraldo, los dos investigadores a cargo de la investigación murieron ese mismo año. 

Destino similar le esperaba Pedro Juan Moreno, el secretario fiel del gobernador que murió en un extraño accidente aéreo en el 2006. Nancy Esther Zapata, trabajadora de los hangares del Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín de donde salió la accidentada aeronave, escribió un correo insinuando la posibilidad de saboteo semanas antes de ser asesinada en los predios de la terminal de aviones. Nadie vió nada, salvo un cartel a su lado que rezaba “aquí no se aceptan sapas”.  En el 2022, el exjefe paramilitar alias Don Berna escribió un correo a la periodista María McFarland, autora del libro Aquí no hay muertos: una historia de asesinato y negación en Colombia, en el que admitía que “la muerte de él [Pedro Juan Moreno] fue producto de un saboteo al helicóptero donde se movilizaba. Acción llevada a cabo por órdenes de Uribe”.

En el 2008, Francisco Villalba, exparamilitar del Bloque Metro que participó en la masacre de El Aro, aseguró ante Noticias Uno que “el presidente mismo me dio en su momento la orden personalmente, en el año 97, de cometer esa masacre”. Y llegó a plantear una supuesta condecoración: “Él [Uribe] me dio las condecoraciones, se lo digo de frente. Él me dio las decoraciones [sic], me dio la felicitación y simplemente yo le digo al país: esperen el video, las fotos y yo presento eso”. Las pruebas no vieron la luz. Villalba fue asesinado al año siguiente en la puerta de su casa.

En el 2013, ni bien empezaron las investigaciones que hoy tienen al filo de la cárcel al expresidente Uribe, Medicina Legal confirmó que en el sitio de reclusión del denunciante Juan Guillermo Monsalve, fue encontrado un recipiente con fluoroacetato de sodio que se usa para inducir la muerte por paro cardiorrespiratorio. Gracias a la intervención de Iván Cepeda, Monsalve fue trasladado a la Cárcel La Picota de Bogotá a donde llegaron los emisarios de Uribe, Álvaro Hernán Prada y Diego Cadena, con dinero, chantajes y amenazas de muerte.