Movilización popular, una revolución silenciosa en Colombia

Por primera vez Colombia empieza a habituarse a la movilización popular en favor de un proyecto político que gobierna. La constante hasta la fecha, había sido la convocatoria a manifestar en pro de resistir a administraciones que hicieron del neoliberalismo y el populismo punitivo su credo. Uno de los países de mayor conservatismo en términos de cultura política se acostumbró a ver en los manifestantes a peligrosos delincuentes o criminales, según las etiquetas clasistas de administraciones conservadoras, pero no a personas vulnerables y expuestas. La empatía hacia quien protesta no existe en la elite colombiana. Quienes han salido a las calles estos años, han reclamado la concreción de los acuerdos de paz firmados entre el Estado y la entonces guerrilla de las FARC en 2016 (no sólo el gobierno como amañadamente se suele decir), la transición energética, garantías para la protesta social, esquemas de protección a la producción nacional amenazada por tratados de libre comercio y la presencia del Estado en zonas donde la violencia ha generado desplazamiento, entre otros. Se trata de demandas legítimas y en cualquier democracia sana es normal que se acuda a la protesta social para visibilizarlas.

Ahora que es evidente el deseo del Consejo Nacional Electoral (CNE) por acusar de manera formal a Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña, es apenas comprensible que sea el pueblo el llamado a defender lo que consiguió en las urnas en junio de 2022, y que muchos veían como imposible. Aunque se ha dicho hasta la saciedad, se debe repetir por la premura de los medios hegemónicos en desinformar: ese órgano no tiene competencia para juzgar al presidente, solamente debe ejercer inspección y vigilancia sobre las elecciones (artículo 265 de la Constitución). Sin embargo, a partir de la insistencia de dos de sus magistrados que son cuotas de la extrema derecha, uno de ellos confeso alfil de Álvaro Uribe Vélez, se ha abierto la posibilidad de que se siga instalando la idea de un origen espurio en la elección del primer gobierno progresista de la historia, abriendo paso a una eventual sanción que pueda interrumpir su mandato como el propio mandatario lo ha advertido.

Petro ha hecho un enérgico llamado a la movilización social para defender la democracia (no al proyecto de izquierda solamente, pues está en juego el sistema deliberativo sacralizado según la Constitución del 91)

En respuesta y a diferencia de lo que solía hacer la derecha, Petro ha hecho un enérgico llamado a la movilización social para defender la democracia (no al proyecto de izquierda solamente, pues está en juego el sistema deliberativo sacralizado según la Constitución del 91). Ante la protesta, los gobiernos se habían acostumbrado a advertir a la Fuerza Pública sobre la necesidad de tener cero tolerancia con los manifestantes y defender desde arriba aquello que las administraciones consideraban intentos por desestabilizar. Esta vez opera la lógica contraria, se pide que, desde abajo, las clases sociales más golpeadas por el establecimiento reaccionario y las regiones ignoradas durante décadas por el Estado, se movilicen para hacer entender a los diferentes segmentos de quienes aún conservan el poder en Colombia, que no tendrá cabida un golpe blando. De manera expresa se la ha exigido a las Fuerzas Militares y de Policía que bajo ninguna circunstancia empuñen sus armas contra el pueblo cuando éste ejerce su derecho a la movilización. Parece obvio, pero en Colombia no lo es.

En noviembre de 2019 y entre los meses de mayo, junio y julio de 2021 se produjo el estallido social más significativo de los últimos tiempos. La respuesta del Estado fue autoritaria, nada que envidiarles a los regímenes militares del Cono Sur de la segunda mitad del XX. La administración del entonces presidente Iván Duque del Centro Democrático (partido de Uribe Vélez) no sólo ordenó una represión que acabó con la vida de más de 80 jóvenes, sino que insistió cual libreto de la Guerra Fría, en que las manifestaciones estaban infiltradas por agentes extranjeros y enemigos internos (desde Rusia hasta Venezuela, pasando por la guerrilla del ELN) con lo cual se pretendió deslegitimar a quienes haciendo uso de su derecho constitucional reclamaban que el gobierno cumpliera con su mandato de avanzar hacia un Estado social de derecho. Incluso tomó forma la idea de llevar a Duque y su ministro de defensa a la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad antes los comprobados excesos de la Fuerza Pública (un grupo de trabajo de la OEA pudo verlas y corroborarlas de primera mano). 

La movilización en favor de las reformas progresistas comenzó este fin de semana en la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad con la masiva asistencia de campesinos, asociaciones indígenas, afros y de comunidades invisibilizadas, sindicatos y representantes de movimientos sociales. Asimismo, el 19 de septiembre tendrá lugar una manifestación de apoyo a estos cambios cuya buena parte han sido bloqueados en el Congreso recurriendo al terror cuando no, a las maniobras dilatorias.

En el fondo del pedido de Petro a la Fuerza Pública para respetar la movilización social está en juego el cambio de doctrina de seguridad nacional

De otra parte, en el fondo del pedido de Petro a la Fuerza Pública para respetar la movilización social está en juego el cambio de doctrina de seguridad nacional. Esa tesis estuvo anclada hasta ahora en la lógica anacrónica del enemigo interno y fue redituable electoralmente para una derecha que tuvo monopolio exclusivo sobre la autoridad para hablar sobre la materia. La izquierda colombiana ha construido su identidad alrededor de las causas objetivas del conflicto (hay violencia porque existe la violencia cultural, estructural y directa contra los más pobres) mientras la derecha ha insistido en que sólo la autoridad armada y represiva puede garantizar la estabilidad (para el conservatismo importa más el orden que la justicia social).  Uno de los pasivos más visibles del gobierno Petro ha sido precisamente el cambio de doctrina de seguridad y defensa, complejo reto para la izquierda que siempre estuvo en el otro bando, pero esta vez que se encuentra gestionando y administrando la seguridad ha dimensionado la complejidad de construir una narrativa distinta de la mano de militares y policías que son para sorpresa de no pocos, mucho más receptivos al discurso progresista acerca de las raíces profundamente sociales de la violencia. Agentes de policía y soldados saben que mientras cientos de oficiales, suboficiales y patrulleros son hoy juzgados por violaciones a los derechos humanos, los políticos que estaban en la cumbre de la cadena de mando siguen intocables sin asumir responsabilidad política o penal, acostumbrados a que sean los soldados rasos quienes den la cara por ellos.

Se ha dicho que poco o nada ha cambiado con este gobierno progresista, pero si se logra disuadir este amago de golpe blando desde abajo y se abre el camino para empezar a transformar la relación Fuerza Pública y manifestantes, Colombia habrá asistido a una revolución silenciosa pero profundamente democrática.