Dos integrantes de la Corte Suprema de Chile podrían ser destituidos por supuestamente haber accedido a su puesto mediante tráfico de influencias
Al menos dos integrantes de la Corte Suprema de Chile serán objeto de acusaciones constitucionales para ser destituidos de sus cargos, luego de develarse que ambos jueces recurrieran a la influencia de un conocido abogado de la plaza para llegar a sus cargos
El impacto instaló una fuerte crisis en la cúpula del máximo tribunal, a tal punto que en un inusual acto el presidente de éste anunció el lunes la apertura de un proceso de remoción de la integrante de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por seis cargos que, según dijo, constituyen delitos. En el Congreso, en tanto, se anunció que además será acusado el juez Jean Pierre Matus, también apuntado como partícipe de tráfico de influencias. Ambos casos tienen un hilo en común: sus relaciones con el influyente abogado Luis Hermosilla, quien está en prisión preventiva y procesado por los delitos de soborno reiterado, lavado de activos y delitos tributarios.
La intrincada red de influencias y delitos de distinto tipo comenzó a develarse en noviembre del año pasado, cuando el portal Ciper Chile publicó la grabación de un encuentro entre los abogados Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos -hoy también en prisión preventiva- y el empresario Daniel Sauer, en la que comentaban los pagos a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión del Mercado Financiero (CMF). Por entonces Hermosilla era el abogado defensor de Sauer, un controlador de dos empresas financieras que eran investigadas por la CMF por operaciones irregulares. “Necesitamos una caja, una caja negra de pagos, porque esto se arregla con dinero que se entrega en un sobre”, decía Hermosilla en la grabación, para enseguida agregar que “esto es un delito”, por lo que pedía silencio de su cliente.
Luis Hermosilla ha tejido su red de influencias desde un estudio jurídico familiar, junto a su padre y hermano -hoy su abogado defensor- que durante la dictadura de Augusto Pinochet gestionó recursos de amparo por las víctimas de la represión
La investigación judicial a Hermosilla supuso la incautación de sus aparatos tecnológicos donde estaban registradas sus conversaciones, a través de mensajería, que develaron sus nexos y “gestiones” con ex ministros de Piñera, altos jefes policiales, influyentes congresistas, líderes políticos, jueces, empresarios y otros abogados. Una “Caja de Pandora”, como sin mucha creatividad ha bautizado la prensa de los grandes grupos mediáticos.
Luis Hermosilla ha tejido su red de influencias desde un estudio jurídico familiar, junto a su padre y hermano -hoy su abogado defensor- que durante la dictadura de Augusto Pinochet gestionó recursos de amparo por las víctimas de la represión. De hecho, Hermosilla fue militante del Partido Comunista, del cual -dice en la grabación publicada- era el encargado del “aparato de inteligencia”, lo cual niega el PC. Trabajó en la Vicaría de la Solidaridad, un organismo creado por la Iglesia Católica para defender a los perseguidos de la dictadura. Estudió en la Universidad Católica, donde forjó lazos con los fundadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI), un partido creado en 1983 con recursos reservados de los ministerios que controlaban sus militantes, muchos de los cuales ya en democracia fueros alcaldes, parlamentarios e incluso ministros de los gobiernos del fallecido presidente Sebastián Piñera.
En abril de 1991 fue asesinado por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, y la familia de éste recurrió a Hermosilla para representarla. Fue su reencuentro con sus antiguos compañeros de universidad, principalmente con Andrés Chadwick, Jovino Novoa y Juan Antonio Coloma, todos discípulos de Jaime Guzmán y conspicuos miembros del Opus Dei.
Andrés Chadwick fue ministro del Interior en los dos gobiernos de su primo Sebastián Piñera, y en su gabinete incluyó a Hermosilla, como uno de los asesores más influyentes que circulaban por el palacio presidencial de La Moneda. Cuando Chadwick fue acusado constitucionalmente por su responsabilidad política en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la revuelta popular de 2019, su abogado defensor ante el juicio político fue Hermosilla.
Los audios y antecedentes de la investigación revelan que el pago a Hermosilla por su defensa de Chadwick se realizó con cheques emitidos por factoring Factop, la empresa de Daniel Sauer investigada por irregularidades cometidas en el mercado financiero y participante de la grabación que dio origen al escándalo. El mismo origen tienen los pagos a un abogado alemán que emitió un informe en derecho que cobró 25 mil euros, así como un pago de 14 mil euros al abogado chileno Jean Pierre Matus, ahora integrante de la Corte Suprema y contra quien podría ser impuesta una acusación constitucional el próximo 23 de septiembre.
La crisis amenaza con profundizarse en los próximos días y semanas, toda vez que en la Cámara de Diputados se están acumulando antecedentes sobre otros casos de tráfico de influencias para la nominación de jueces en la Corte Suprema
Los mensajes a través de WhatsApp revelan que Matus pidió ayuda a Hermosilla para llegar a la Corte Suprema como abogado integrante, una petición similar a la que hizo Ángela Vivanco para también acceder a un sillón en el alto tribunal. “No te preocupes, eres la candidata del presidente (Piñera)”, escribió Hermosilla. Ya nombrada en el cargo ella escribió: “Luis, gracias por todo, que es mucho”.
La rapidez con que la Corte Suprema suspendió de su cargo a Vivanco e inició un proceso de destitución obedece a que en la mensajería entre ésta y Hermosilla mostró que el abogado le había solicitado buscar la forma de integrar una sala para tratar una causa de su interés comercial.
La crisis amenaza con profundizarse en los próximos días y semanas, toda vez que en la Cámara de Diputados se están acumulando antecedentes sobre otros casos de tráfico de influencias para la nominación de jueces en la Corte Suprema. Y podría pegar con mayor fuerza al Senado, cámara que vota las acusaciones constitucionales pero que también aprueba la designación de los sillones que ocupan los integrantes del máximo tribunal de Justicia.
El “Caso Hermosilla”, ya instalado en la Corte Suprema, podría extenderse hacia los otros poderes del Estado y la corrupción a ese nivel, al igual que el crimen organizado, transformarse en una amenaza a la democracia.
