Chile: El difícil momento de un alcalde comunista en prisión
Este miércoles los tribunales chilenos revisarán las medidas cautelares de prisión preventiva dictadas en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, un destacado militante comunista y ex candidato presidencial, quien ha sido acusado y formalizado por una jueza por los delitos de cohecho, fraude al fisco reiterado y delito concursal, todo ello en el marco de una investigación iniciada hace cuatro años al funcionamiento administrativo y compra de medicamentos e insumos de las llamadas “farmacias populares”, una iniciativa impulsada por el alcalde y que se expandió por todo el país.
La acusación contra Jadue proviene de una denuncia de la empresa proveedora Best Quality, que se querelló en contra del alcalde por la supuesta solicitud de este y sus cercanos del pago de sobornos para adjudicar los contratos de compra y venta de medicamentos e insumos. La empresa proveedora ha solicitado al tribunal que, además de mantener la prisión preventiva, prohíba la enajenación de las propiedades del edil ya que alega una deuda cercana a un millón de euros. La probable resolución judicial será conocida este miércoles, cuando se cumpla un mes de la permanencia de Jadue en la prisión Capitán Yáber en Santiago de Chile, un recinto penal usado para personas de alta connotación pública que no estén acusados de delitos violentos.
Jadue, que ingresó al PC chileno a inicios de los 90 luego de militar por años en el Frente Popular para la Liberación de Palestina, es un destacado líder comunista que cumplirá casi doce años a la cabeza de la populosa comuna santiaguina de Recoleta, lugar donde ha impulsado farmacias populares, bibliotecas, ópticas y otras iniciativas gratuitas o a bajo costo para la población, por la vía de adquirir insumos directamente a proveedores o fabricantes. “Jadue puso un freno al neoliberalismo e introdujo cambios radicales en la gestión municipal”, dice un parlamentario del PC al buscar explicaciones para el encono que tiene la derecha y sus medios de prensa al trabajo del alcalde.
En 2020, Jadue se erigió como candidato presidencial del PC y rápidamente creció en las encuestas, pero el Frente Amplio levantó la candidatura de Gabriel Boric, quien a la postre venció en las primarias presidenciales de la izquierda. Sin embargo, el liderazgo de Jadue quedó instalado, sobre todo al interior de su partido que, hasta hace poco, no estaba acostumbrado al ejercicio interno de tendencias. Jadue lidera una de ellas, la más crítica al gobierno de Boric e incluso distante de aquellas ministras y ministros comunistas que integran el gabinete. De todas maneras, para el PC ha sido un fuerte golpe la prisión de Jadue, por lo que ha acompañado al dirigente con duras declaraciones contra la derecha, la prensa y los jueces, y con una estrategia ofensiva que ha comenzado a ser revisada. Esta semana han ingresado nuevos abogados y se han distribuido distintas funciones en el equipo de defensa de Jadue, que apeló ante las Cortes por la prisión preventiva, pero el pasado 16 de junio perdió al ser confirmadas las medidas cautelares.
El equipo de defensa del alcalde está liderado por el penalista Ramón Sepúlveda, un abogado que trabaja hace años con Jadue, quien en este periodo ha sido secundado por la pareja del edil, la abogada brasileña Anjuli Tostes, que no puede ejercer en Chile, a quienes ahora se suma Juan Carlos Manríquez, un jurista reconocido en la plaza y que buscará como objetivo terminar con la prisión preventiva de su defendido. Este equipo jurídico tiene un plazo fatal que cumplir.
El próximo 18 de julio el Concejo Municipal de Recoleta podría nombrar a un nuevo alcalde para la comuna, luego de cumplirse 45 días de ausencia del edil, según establece la ley. Es una carrera contra el tiempo que, si la pierde, complica aun más su ya difícil situación política y judicial.
En el intertanto, junto a la defensa jurídica, el abogado comunista y ex diputado Hugo Gutiérrez se apresta a presentar la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que el edil está siendo sometido a un juicio que podría arrebatarle sus derechos políticos en una causa entre “privados” (el alcalde y una empresa), lo que “atentaría contra la soberanía popular”.
En paralelo, tal como el viernes pasado cuando Jadue cumplió 57 años de edad, un grupo de adherentes del alcalde se instala a diario en las afueras de la prisión para ruidosas manifestaciones en apoyo a Jadue. El medio centenar de manifestantes lee una larga lista de alcaldes de derecha acusados de corrupción por millonarias cifras, pero que gozan de libertad o de medidas cautelares menos intensivas que las del líder comunista. La lista la encabeza Cathy Barriga, ex alcaldesa de Maipú, acusada de defraudar al municipio por más de 31 millones de euros. La militante de la derechista Unión Demócrata Independiente, casada con el diputado Joaquín Lavín (hijo del ex candidato presidencial) está bajo arresto domiciliario, que ha vulnerado reiteradas veces. Y la lista es larga, prueba —dicen los militantes comunistas— que la “justicia chilena ha dictado resoluciones desproporcionadas e injustas” contra el alcalde Daniel Jadue.
