Cuatro claves sobre las presidenciales en Venezuela

Consolidación o freno de un ciclo político: de la confrontación hacia una apertura económica a un “modelo chino”

Desde la asunción de Nicolás Maduro en 2013, posterior a la muerte de Hugo Chávez, se abrió un proceso de lucha política por el control del país, que incluyó protestas violentas, represión, sanciones, la proclamación de un gobierno paralelo y un bloqueo similar aplicado a Cuba en los años 90 después del derrumbe de la Unión Soviética. El Periodo Especial venezolano dinamitó la infraestructura petrolera con una caída del ingreso petrolero y la producción de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La escasez de productos básicos y la hiperinflación posterior dejaron al liderazgo chavista al borde del precipicio con sanciones personales contra Nicolás Maduro y su círculo de confianza.

Francisco Rodríguez, economista y antiguo director del Bank Of America en Venezuela, atribuye el colapso de la economía venezolana a las sanciones contra la industria petrolera y, en segundo lugar, a la mala gestión del gobierno chavista por exceso de gasto, alto endeudamiento contraído durante el gobierno de Chávez, y baja producción nacional.

Luego del fracaso del gobierno paralelo de Juan Guaidó y la estrategia de “máxima presión” de la Administración Trump, el gobierno de Nicolás Maduro consolidó un modelo económico basado en la liberación económica para atraer inversiones y favorecer una alianza con el empresariado venezolano, asesorado por un equipo de economistas cercanos al expresidente ecuatoriano Ráfael Correa. Estas políticas derrumbaron la inflación, de 3.000% en 2020  a menos del 10% en lo que va de 2024,  e iniciaron un periodo de crecimiento económico. Además, el gobierno inició una apertura económica en el sector de hidrocarburos durante la Administración Biden, gracias a las licencias otorgadas por Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) que permiten operar a petroleras extranjeras como Chevron y Repsol, entre otras.

El modelo Chevron, en alusión a la licencia otorgada a la compañía estadounidense, plantea que los privados se hagan cargo de las empresas mixtas antes controladas por PDVSA, para favorecer que la inversión que aumente la producción petrolera venezolana y, por ende, los ingresos del Estado venezolano. El nuevo esquema ha atraído la mirada de otras petroleras como la india Reliance, la italiana Eni y la francesa Maurel & Prom. También acuerdos de inversión en los campos de gas aguas adentro, compartidos por Venezuela y Trinidad y Tobago, donde la estatal PDVSA firmó un acuerdo con Shell y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago después de que fuera autorizado por la OFAC.  Venezuela es el país con mayor reserva de crudo pero también un país rico en gas y minerales, vitales para la transición energética en Europa, Estados Unidos y China. La apertura incluye el compromiso del gobierno venezolano de reestructurar una deuda de 60 mil millones de dólares para reingresar en el mercado, si el esquema de sanciones se flexibiliza luego de unas elecciones reconocidas. La apertura económica atrae a sectores del empresariado venezolano, como la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecamaras), interesados en beneficiarse con que el modelo Chevron se expanda a otros sectores de la economía controladas por el Estado venezolano. Lo que es un signo de cambio de época luego de que 20 años atrás, Pedro Carmona Estanga, antiguo presidente de Fedecamaras, asumiese el poder de facto después del golpe a Hugo Chávez en 2002. “Si gana la oposición, dicen los ejecutivos empresariales estadounidenses, Venezuela corre el riesgo de hundirse en el caos, lo que echaría por tierra las esperanzas de restablecer el país como un importante proveedor de petróleo a Estados Unidos”, según The Wall Street Journal.

Para el chavismo, un triunfo de Nicolás Maduro, reconocido a nivel internacional, consolidaría la apertura económica dirigida por su gobierno después de un largo periodo de conflicto político.  

La tesis opositora de la transición democrática: ¿excusa para volver a la vía insurreccional o forzar un cambio por la vía electoral?

Desde el fracaso opositor, luego del golpe de 2002, la tesis política que ha predominado en el antichavismo es que se enfrenta a un “régimen autoritario” y, por ende, se debe forzar un cambio a través de una transición hacia “la democracia” sin el chavismo. Hasta 2018, el liderazgo de la oposición combinó las elecciones, las protestas de calle y conspiraciones militares para presionar por una fractura en el liderazgo chavista que abriera paso hacia este escenario, amparadas en manuales de “revoluciones no violentas” (o de color) como el “De la Dictadura a la Democracia”, escrito por Gene Sharp, ideólogo de varios cambios de régimen auspiciados por Estados Unidos. Desde el desconocimiento de la reelección de Nicolás Maduro en 2018, la oposición optó por presionar por un “cambio” a través del “gobierno paralelo” de Juan Guaidó y diversos intentos de golpes de Estado, como el de julio de 2019 que incluyó la toma de una autopista en Caracas por parte militares disidentes y un llamado de Guaidó a deponer a Maduro.

El fracaso del gobierno paralelo desarticuló al liderazgo opositor, pero también a sus bases luego de un periodo de ascenso de lucha, impulsado desde 2007 con las protestas estudiantiles contra el cierre de Radio Caracas Televisión por el fin de su concesión ordenado por Hugo Chávez. Ya sea por la inmigración, la apatía o la represión, la oposición ha perdido un núcleo importante de militantes que sostenía la orgánica de los principales cuatro partidos de oposición tradicional: Primero Justicia de Henrique Capriles, Voluntad Popular de Leopoldo López, Acción Democrática de Henry Ramos Allup, antiguo presidente de la Asamblea Nacional, y un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia. Esto cobra bastante relevancia dado que el liderazgo opositor ha sido tomado, luego de elecciones internas, por María Corina Machado, cuyo partido Vente Venezuela también carece de la cantidad de militantes para suplir la orgánica opositora del periodo de confrontación.

Por este motivo, encuestadores como Luis Vicente León, vicepresidente de la consultora Datánalisis, ponen en duda que la Plataforma Unitaria de Oposición (PUD) pueda cobrar la ventaja de 20 puntos a su favor que tiene su candidato, Edmundo González, en la mayoría de los sondeos.  “Una variable clave para entender el resultado de una elección es la capacidad de movilización inducida de las fuerzas políticas. Obvio que es importante comparar las preferencias, pero ¿y no es relevante saber quién es más fuerte en mover su gente al centro de votación, en un país donde es difícil moverse?”, asegura Vicente León.  Algunos como el consultor Francisco Rodríguez han realizado informes donde se asegura que la mayoría de encuestas tienen sesgos a favor de la oposición. Y si se hace un promedio de los errores de cálculos en otras elecciones, la diferencia entre Maduro y Gonzáles se reduce a una brecha entre dos y seis puntos. También en las encuestas parece subestimarse el impacto electoral de los terceros candidatos, como el evangelista Javier Bertucci que en 2018 juntó un millón de votos.

Lo cierto, y concreto, es que la oposición venezolana intenta suplir esta falta de organización con el armado de “comanditos” y redes de testigos, estructuras de organización adhoc compuestas por voluntarios, para proteger lo que creen será una “avalancha de votos”.  En palabras de Corina Machado: “para votar y cobrar”.   Biagio Piliero, vocero de la PUD, además afirmó que la oposición “respetará lo que digan las actas” que recojan sus testigos electorales en las 30 mil mesas y más de 15 mil centros electorales habilitados para la votación. Esto abre, por supuesto, la posibilidad de que la PUD desconozca los resultados, dados por el Consejo Nacional Electoral, si favorecen a Maduro. De fondo está, de nuevo, la tesis de que las elecciones son un detonante para forzar una transición en Venezuela a través de un nuevo ciclo de presión en las calles y aislamiento internacional de Venezuela. Para Edmundo González, su “victoria obligará al gobierno a negociar” una salida.

El riesgo es volver a un periodo de confrontación en las calles similar al de años anteriores, que genere un nuevo estancamiento político y económico.

El papel de Estados Unidos y la comunidad internacional: del rompimiento de relaciones al acercamiento

Los Acuerdos de Barbados de garantías electorales, firmados entre la oposición y gobierno estuvieron precedidos por la firma en Doha de un compromiso entre Caracas y Washington para flexibilizar las sanciones. En abril, el Departamento del Tesoro no renovó el periodo de alivio de sanciones para operaciones petroleras en Venezuela cuando el Tribunal Supremo de Venezuela ratificó la inhabilitación de María Corina Machado y el Consejo Nacional Electoral no permitió inscribir a Corina Yoris, la sustituta propuesta por la líder opositora, según la PUD. El diálogo entre Washington y Caracas se reinició a principios de julio previo a las elecciones, lo que en la práctica deja en un segundo plano a la oposición venezolana. Mucho se especuló con la posibilidad de que la Casa Blanca pretenda ofrecer garantías a Maduro para una eventual salida del poder si pierde como una forma de presionarlo.

Para Mark Feierstein, exjefe de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Departamento de Estado durante la Administración Obama, Estados Unidos debería convencer a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a que “hagan lo correcto el día de las elecciones”. En su opinión, Estados Unidos y sus socios deberían emitir advertencias rápidas y claras sobre cualquier indicio de fraude electoral a través de comunicaciones privadas. “Y convencer a Maduro, a sus aliados más cercanos y los militares que una transición democrática no los dejarían tras las rejas”. Feierstein, hombre clave de la Administración Obama para su estrategia hacia Venezuela, considera que es clave que Estados Unidos y la oposición tengan su propio conteo rápido para “que no se mienta en los recuentos de votos”. En este contexto, el gobierno venezolano limitó la observación electoral con el argumento de que podría ser utilizada para deslegitimar el proceso. Según el exfuncionario estadounidense, un cambio de gobierno en Venezuela expandiría su suministro global de energía, reduciría “la migración a Estados Unidos y privaría a los adversarios estadounidense de un socio clave en América Latina”.

La Administración Biden pareciera usar como palanca de presión el reconocimiento internacional de las elecciones por su parte y de sus aliados en la Unión Europea.  La incógnita es hasta donde está dispuesto a llegar Estados Unidos en un eventual desconocimiento de los resultados oficiales, dado que la oposición venezolana tiene un largo historial de actuar, en sincronía, con los intereses de Washington.  Y cuánta energía y capital político puede poner el gobierno estadounidense en un año electoral.

Feierstein, en su documento publicado en el Wilson Center, también recomienda que Washington intenté obtener pronunciamiento de Lula Da Silva y Gustavo Petro para aislar a Maduro. Toda esta estrategia desconoce que la mayoría de países latinoamericanos, como Brasil y Colombia, están interesados en que Venezuela vuelva al concierto internacional para estabilizar un país que los ha afectado con fenómenos como la migración. Bastante lejos están los tiempos en los que Washington auspicio la creación del Grupo de Lima para presionar a Maduro. Y más cerca los de acuerdos relacionados con la apertura económica de Venezuela. 

La llave de cualquier escenario es la unidad o fragmentación del chavismo

En reiteradas ocasiones, el liderazgo de Nicolás Maduro ha sido jubilado con anticipación sin que eso se diese. Después de la derrota parlamentaria de 2015, la oposición creyó tener la llave para destituirlo, forzar un referéndum revocatorio y dividir el liderazgo chavista. En dos años el resultado fue otro: el gobierno llamó a una Asamblea Nacional Constituyente para sustituir en la practica el parlamento controlado por la oposición, y luego triunfó en las elecciones regionales y presidenciales de 2018. En tres años, Maduro obtuvo más de seis millones de votos, un millón más que los obtenidos por el chavismo en las parlamentarias en 2015. En Venezuela había hiperinflación y escasez, lo que dio un aire de proeza a su victoria en una contienda desconocida por la mayoría de la oposición. Luego, Juan Guaidó en enero de 2019, se autoproclamó presidente con el compromiso, hecho a la Administración Trump, de que cuatro mil generales se le cuadrarían. Pero nada de eso sucedió.

En todo este periodo, Nicolás Maduro afianzó su liderazgo interno al desplazar a otras tendencias representadas por figuras como Miguel Rodríguez Torres, exjefe de inteligencia de Chávez, Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, y Tareck El Aissami, titular de carteras como Interior, Petróleo, Finanzas. Si bien el chavismo se redujo en volumen y dirigentes con perfil propio, la unidad de la fuerza de gobierno está lejos de estar en riesgo, como en los años posteriores a la derrota del 2015, en los que había constantes pronunciamientos internos y críticas a Maduro.  Quizás el mayor desafío del chavismo no proviene de su unidad, sino de reconectar con su base afectada por las heridas sociales de la crisis, la inmigración y la precariedad de la vida en el país: los persistentes problemas de infraestructura y la falta de perspectiva de salarios altos, tanto en la administración pública como en el mundo privado. También la apatía que ha producido la apertura económica y liberación en algunos sectores duros del chavismo, como la bonanza de empresarios cercanos al poder. Por ejemplo, algunas de las derrotas del oficialismo, como la del 2015 o el referendo constitucional de 2007, se explicaron, en gran medida, por la abstención de chavistas.

Por eso en esta campaña, Maduro ha reproducido modalidades de gobierno adoptados en el periodo de confrontación que le permitieron sumar un millón de votos entre 2015 y 2018. Una de ellas es el Mapa de Soluciones armado a partir de votaciones en los miles de Comunas y Consejos Comunales de Venezuela. Esto implicó, por ejemplo, el arreglo de infraestructuras en barrios y ciudades como calles, gimnasios, hospitales de alta complejidad y sistemas de agua. El papel del chavismo descontento es clave en las elecciones ya que, por ejemplo, según la encuestadora Delphos, dos de cada diez votos a Edmundo González Urrutia provienen de este segmento. La meta para el gobierno, en este contexto, puede ser superar los seis millones de votos y esperar que la oposición no reedite los casi ocho millones obtenidos en las parlamentarias de 2015, su último gran evento electoral.  En todos estos números, es posible, impacte la enorme cantidad de venezolanos que están en el exterior.

Pero para cualquier escenario, la clave está en la unidad o la fragmentación del chavismo. Ya sea para enfrentar una victoria y una deslegitimación opositora, gestionar una derrota electoral, que pueda reeditar la confrontación post 2015 donde la oposición controlaba uno de los poderes del Estado y el chavismo el resto, o abrir las puertas a una transición de gobierno como desea la oposición. Para resistir un escenario adverso y de aislamiento, el chavismo tiene algo que no tenía hace diez años: un modelo económico de crecimiento.