La derecha mexicana pierde su último bastión; el Senado aprueba reformar el Poder Judicial

En los últimos días de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha puesto en el tablero su última carta para transformar la vida pública de México. Se trata de una reforma constitucional que modificará radicalmente la relación entre poderes, con el voto directo de jueces y magistrados y la creación de instancias de vigilancia de las decisiones judiciales.

Disminuida electoral y políticamente, tras la arrolladora fuerza del presidente y el refrendo popular a su proyecto en las elecciones del 2 de junio, la derecha mexicana intentó por todos los medios defender su último reducto de poder institucional.

Lo hizo sin pudores, ni disimulos. Primero fue la inédita huelga de jueces y trabajadores del poder judicial, que entraron en paro desde el 21 de agosto.

Luego, el embate mediático y el abierto rechazo de los embajadores de Estados Unidos y Canadá, las cámaras empresariales, organismos multilaterales, calificadoras y bancos extranjeros —Fitch; Citibanamex, Stanley Morgan—, y hasta la Iglesia católica, a través de su episcopado.

A eso se sumaron marchas de estudiantes de facultades de derecho de universidades privadas, que han sido equiparadas en la prensa corporativa con el movimiento estudiantil de 1968. Incluso, en un aparente error, una columnista difundió una conversación por whats app con la ministra (jueza suprema de la Corte) Margarita Rios Farjat, en la que le pedía el visto bueno a su artículo “México aguanta, los estudiantes se levantan”.

Los medios advirtieron de una crisis constitucional en puerta. La derecha auguró, por enésima ocasión, la muerte de la democracia y el nacimiento de la “dictadura de la mayoría”

La desesperación ante el avance de la reforma en las cámaras legislativas provocó absurdos jurídicos y políticos sin precedentes: cuatro jueces otorgaron suspensiones al proceso legislativo, es decir, concedieron suspensiones a una ley no aprobada. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia llamó a consultas al pleno para determinar si el máximo tribunal del país puede ejercer la facultad de atracción de dichas suspensiones. Y finalmente, 8 de los 11 ministros (jueces supremos de la Corte) de sumarse al paro laboral. Una acción equiparable a que el presidente o su gabinete se declaren en huelga ante la nación, en protesta por las decisiones de la Corte.

Esta semana, en el Senado, México enfrentó la madre de todas sus batallas. Para algunos, incluso, más grande que la pasada elección presidencial.

Los medios advirtieron de una crisis constitucional en puerta. La derecha auguró, por enésima ocasión, la muerte de la democracia y el nacimiento de la “dictadura de la mayoría”.

El capítulo final ocurrió este martes, cuando trabajadores del Poder Judicial tomaron por asalto el Senado de la República mientras los senadores debatían la reforma constitucional. Las imágenes de decenas de personas rompiendo puertas en el Senado y entrando al recinto con banderas de México, se reprodujeron rápidamente en las redes sociales y trajeron a la memoria el asalto al Capitolio de los Estados Unidos que protagonizaron los seguidores de Donald Trump en enero de 2021.

El domingo pasado, tras una discusión de más de 10 horas, la iniciativa presidencial pasó el último trámite de las comisiones legislativas para llegar al pleno del Senado, donde estaba previsto que se discutiría este miércoles 11, pero al final, los senadores decidieron no suspender la sesión del martes y el resultado se definió en la madrugada.

“Probablemente esta es la reforma de mayor trascendencia desde que se promulgó la constitución del 17”, dijo el senador y excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya, quien llegó al fuero legislativo con procesos judiciales abiertos

Las presiones se centraron sobre el voto de un senador, que es lo que le faltaba al bloque de Morena, Partidos del Trabajo (PT) y Verde (PVEM), para conseguir la mayoría calificada en la Cámara Alta. Ahora, solo le falta obtener el aval de 17 congresos locales, con mayorías legislativas de la coalición gobernante.

Los 43 senadores de la oposición (PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano) habían declarado que votarían en contra. Pero la ausencia de cualquiera de ellos en la votación le daría el pase a la reforma constitucional.

Eso fue lo que ocurrió. La ausencia de un senador de Campeche y el cambio en la intención de voto de un senador del PAN -acusado de traición por le dirigente de su partido- le dieron a la oposición 41 votos que resultaron insuficientes para detener la reforma constitucional.

“Probablemente esta es la reforma de mayor trascendencia desde que se promulgó la constitución del 17”, dijo el senador y excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya, quien llegó al fuero legislativo con procesos judiciales abiertos.

Afuera del Senado, sobre Paseo de la Reforma, acampaban trabajadores del poder judicial. Desde ahí lanzaron consignas contra la reforma y estrenaron un playlist de canciones que, en modo de banda, rap o hip hop, intentaban promocionar a una de las instituciones públicas que generan menos confianza y mayor percepción de corrupción entre los mexicanos.

“Sí queremos una reforma, pero no ésta”, repetían los opositores a la iniciativa presidencial.

El centro de los argumentos estaba en la elección directa de jueces y magistrados. Los opositores aseguran que el voto popular atenta contra la carrera judicial y que será una forma de control político del estado.

Otro reclamo, menos visibilizado, está en la creación del tribunal independiente para sancionar a jueces y magistrados para sustituir al actual Consejo de la Judicatura Federal, creado en 1996, con la reforma del expresidente Ernesto Zedillo para vigilar el comportamiento del Poder Judicial.

Según los opositores, la propuesta de que sea un tribunal externo al judicial, y que incluya a los poderes Ejecutivo y Legislativo, favorece las decisiones del gobierno en turno y politiza la designación de sus integrantes.

Una investigación publicada esta semana en la plataforma Quinto Elemento muestra la otra cara de la moneda: el Consejo de la Judicatura no solo ha fracasado en su mandato de castigar a jueces y magistrados que cometieron delitos, desde acoso laboral y sexual hasta enriquecimiento ilícito, liberación de narcotraficantes o amparos a empresarios de casinos, sino que ha sido cómplice de esos delitos.

“En los documentos revisados se encontraron acusaciones de empleadas que dijeron haber sufrido acoso sexual, jueces que probablemente emitieron fallos a favor de sus amigos, recibieron millonarios depósitos en sus cuentas bancarias que no pudieron explicar, o cometieron defraudación fiscal, y magistrados que liberaron a narcotraficantes o ampararon a empresarios de casinos”, dice la investigación de la periodista Zoraida Gallegos.

De miles de quejas presentadas contra los juzgadores, el Consejo de la Judicatura solo impuso sanciones a 423 jueces y magistrados. La gran mayoría de ellas fueron simples apercibimientos.

La sanción más severa fue la destitución, ordenada contra 22 jueces y ocho magistrados, uno de ellos fue por sacar una pistola y le apuntó a una magistrada durante una sesión del Tribunal.

En 24 años el CJF no ganó un solo caso penal contra jueces y magistrados a los que descubrió cometiendo delitos. Es decir, no hay ningún juzgador encarcelado por la comisión de delitos.

Un argumento más en contra de la reforma presidencial, esgrimido por abogados defensores de derechos humanos, es la incorporación, de último momento en la Cámara de Diputados, de los jueces sin rostro, una figura que garantiza el anonimato de juzgadores que lleven procesos por delincuencia organizada y que, en principio, busca responder a la violencia que asola México desde la declaratoria de guerra del expresidente Felipe Calderón, hace casi dos décadas.

La idea de estos tribunales anónimos se afianzó en Italia a inicios de la década de los 90, tras el asesinato del juez Giovanni Falcone a manos de la mafia siciliana, y se extendió por varios países de Latinoamérica: Perú, Colombia y, más recientemente, El Salvador.

Sin embargo, en esos países la figura no protegió a los jueces y los gobiernos Alberto Fujimori, César Gaviria y Nayib Bukele lo usaron como pretexto para una guerra contrainsurgente y justificaron con esa figura violaciones sistemáticas de derechos humanos, con cientos de personas detenidas y condenadas de forma arbitraria, sospechas de tortura e impunidad.

Pero los jueces sin rostro no fueron ni si quiera mencionados en la discusión, ni por los senadores del bloque mayoritario ni por los senadores de la oposición, quienes centraron el debate en que la coalición gobernante pretende hacerse del control del único poder en el que no tiene mayoría y que la reforma pone en duda la viabilidad económica del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el 1 de octubre.

“Todos queremos una reforma del poder judicial, en eso estamos de acuerdo”, dijo el senador Luis Donaldo Colosio, repitiendo el slogan creado para esta ocasión.

La respuesta de los senadores de Morena y sus aliados fue unánime. Si todos quieren una reforma al Poder Judicial, ¿por qué no la propusieron cuando fueron gobierno? ¿Por qué, si la propuesta presidencial fue presentada desde el 5 de febrero, no presentaron propuestas alternativas en los meses anteriores?

El mismo domingo, mientras se realizaba la votación en las comisiones del Senado, Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia convertida en ariete de la oposición política, anunció una propuesta alternativa a la reforma propuesta presidencial.

En un mensaje difundido en redes sociales, Piña dijo que la propuesta surgió en un “proceso reflexivo y autocrítico” de los juzgadores y que el objetivo es “aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde la experiencia directa de quienes imparten justicia”.

“La demolición del poder judicial no es la vía”, dijo la presidenta de la Suprema Corte.

El documento planteaba una amplia reforma al sistema de justicia, incluye también tópicos que exceden al poder judicial, como promover la desmilitarización y de cambios a las fiscalías y al sistema penitenciario. Habla de derechos humanos, de víctimas, de acceso a la justicia frente al fenómeno de la desigualdad, procesos y recursos judiciales efectivos, la creación de la Ley General de Defensorías Públicas. Y reduce a medidas procedimentales enlistadas en seis cuartillas las propuestas para reducir el nepotismo y la corrupción en el Poder Judicial.

Ni hablar de modificar la estructura del Poder Judicial, que es el centro de la reforma constitucional propuesta por López Obrador.

La respuesta de los senadores de Morena y sus aliados fue unánime. Si todos quieren una reforma al Poder Judicial, ¿por qué no la propusieron cuando fueron gobierno? ¿Por qué, si la propuesta presidencial fue presentada desde el 5 de febrero, no presentaron propuestas alternativas en los meses anteriores?

Los senadores de Morena alegaron que sólo el 15 por ciento de los cargos en el Poder Judicial se consigue por la vía de la carrera judicial y que la reforma propuesta afectará solo al 4 por ciento de los trabajadores, que son los que gozan de súpersueldos y ocupan 25 por ciento del presupuesto del Poder Judicial.

La apuesta de fondo, decían en los pasillos, es evitar a toda costa las tentaciones de lawfare sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, que tiene el mandato de continuar lo que el obradorismo ha llamado la Cuarta Transformación de la vida pública.

“No hay poder humano que detenga esto”, advirtió el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

“Nos vemos en el pleno”, se retaron en uno y otro bando, en referencia al voto que definiría la suerte de la reforma.

La senadora Julieta Ramírez, del norte del país, resumió de esta manera lo que, para la “dictadura de las mayorías”, representa la reforma:

“La justicia esta privatizada, y en el poder judicial te cobran desde las copias hasta el sentido de las sentencias (…) Moderar la opulencia es un grito vigente en los sentimientos actuales de la nación, los más altos representantes del Poder Judicial dejan atrás los anhelos de la justicia, por asumirse merecedores del presupuesto público para sus vanidades personales (…) Esta reforma podría poner fin al círculo vicioso que existe del poder y del dinero que impera en el poder judicial para que la justicia deje de ser un privilegio y para que la Corte deje de estar secuestrada (…) Y ustedes, legisladores, aún sabiendo que el humillado necesita esta reforma, aún sabiendo del desprestigio del Poder Judicial, prefieren que esto siga como esta. Es el egoísmo y los privilegios encarnado en sus partidos, que no entiendan que el país se transformó y que el Poder Judicial no puede permanecer ajeno a una transformación social de las dimensiones que vive actualmente México”.

La cita en el pleno se conjuró este martes 10 de septiembre. Tras varias horas de debate, las personas que acampaban afuera entraron al recinto, en medio de versiones de que los propios legisladores de la oposición les abrieron el paso.

El asalto al Senado obligó a suspender la sesión durante un par de horas, mientras los legisladores se trasladaban a una sede alterna. Ahí a la medianoche, concluyó la votación, con 86 votos en favor de la reforma constitucional y 41 en contra.

En los primeros minutos de este 11 de septiembre, los triunfadores festejaron con un minuto de aplausos en memoria del Golpe Militar contra el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile, hace 51 años.