Argentina

Las protestas pacíficas de jubilados contra el veto de Milei a la reforma jubilatoria se saldan con más de 50 heridos

La reforma de las pensiones, que necesitaba una mayoría de dos tercios en la cámara legislativa argentina, no consiguió los apoyos necesarios y se mantiene el duro ajuste fiscal del actual gobierno ultraliberal

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Santi Garcia Diaz / Zuma Press / ContactoPhoto
Santi García Diaz / Zuma Press / ContactoPhoto

Miles de manifestantes se concentraban frente al Congreso de la Nación Argentina el pasado miércoles a la espera de conocer los resultados de una votación de especial relevancia para la población argentina. La reforma jubilatoria, que fue aprobada en el Senado a finales de agosto con la propuesta de un nuevo ajuste de las pensiones según la inflación y una compensación adicional por el poder adquisitivo perdido durante los primeros meses de 2024, fue vetada enseguida por el Gobierno de Milei, considerando que dicha reforma suponía un “gasto exorbitante” para el Estado.

Aunque la Constitución argentina permite insistir en la aprobación de una ley vetada a través de una mayoría absoluta de dos tercios en el Congreso, el presidente argentino y dirigente del partido Libertad Avanza consiguió a última hora romper la disciplina del partido de la Unión Cívica Radical (UCR) y obtener el apoyo al veto de cinco diputados radicales. Esta jugada política, sumada a las ausencias y las abstenciones que se produjeron durante la votación, ha tumbado la reforma e impide que se pueda volver a proponer hasta el próximo año parlamentario. Los manifestantes, en su mayoría jubilados, con el apoyo de diversas organizaciones políticas, sociales y generaciones más jóvenes, llevaban varias semanas saliendo a las calles cada miércoles para protestar contra los feroces ajustes fiscales del gobierno neoliberal, dado que las mayores reducciones de gasto primario de la administración pública argentina las han sufrido las pensiones y la jubilación. La jornada de ayer se recrudeció seriamente, hasta el punto de haber dejado más de cincuenta personas heridas, incluyendo a menores de edad. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó a desplegar casi 900 agentes de la policía que abarrotaron las calles, acompañados de gases lacrimógenos y balas de goma. Bullrich llegó a señalar que las heridas que habían recibido dos niñas de 9 y 11 años a causa de las balas y los gases eran culpa de su madre, “irresponsable y violenta; llevar a los chicos a las marchas está prohibido”. Así justificaba el Gobierno la actuación de la policía.

El plan motosierra de Milei está resultando especialmente duro para los ciudadanos de la tercera edad. Personas de setenta y ochenta años se ven obligados a reincorporarse a sus antiguos puestos de trabajo para poder pagarse un seguro de salud o unos medicamentos cuyo precio no deja de subir por las medidas de liberalización extrema de algunos productos de primera necesidad, sobre todo para aquellos con enfermedades crónicas. Algunos diputados de partidos opositores, como el Frente de Izquierda Unidad o Unión por la Patria cuestionan que desde el Gobierno afirmen que “no hay plata, pero votaron en la Ley Bases y el paquete fiscal la reducción al impuesto a los bienes personales”. El presidente argentino, quien ya comentaba hace unos meses lo “aberrante” que le resultaba la justicia social, parece obviar la realidad de que la cantidad de jubilados que acuden a comedores populares, debido a la crisis, va en aumento. Poco extraña entonces que el líder de Libertad Avanza, autodefinido como “un anarquista de mercado”, esté dirigiendo la motosierra contra aquellas personas que han trabajado toda su vida por una pensión digna y se encuentran en una situación cada vez más precaria, mientras ofrece todo el respaldo al sector privado, a quienes se dirige agradeciendo “su incansable esfuerzo de todos los días (…), concretamente son sus inversiones la que generan riqueza y empleo”.

El ajuste fiscal tampoco ha afectado a los viajes internacionales que ha realizado Milei desde que llegó a la Casa Rosada, cuyos gastos ascienden a más de 2,5 millones de dólares, no por razones oficiales, sino para presentar libros o asistir a foros de la extrema derecha. A pesar de la represión, la movilización ciudadana contra el veto expresaba que la violencia policial no va a terminar con las protestas: “el miércoles pasado nos reprimieron, y acá estamos, y somos más; y el miércoles anterior, hace quince días, también nos reprimieron, y cuando volvimos éramos más. Nos pueden seguir cagando, pero nosotros de acá no nos vamos”.

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