Reforma del sistema de salud en Colombia, pulso clave para el progresismo

Colombia eligió el primer gobierno progresista de su historia a medidos del 2022. Desde entonces, la administración de Gustavo Petro se ha esmerado en adelantar una agenda de cambios sociales en un país que desde los 90 emprendió el proceso históricamente rotulado de apertura económica. Éste significó la desregulación y desprotección de la industria nacional con efectos perversos sobre la agricultura y a más largo plazo sobre la seguridad y soberanía alimentarias. El efecto ha sido categórico: 15 millones de un total de 40 sufren de hambre. Colombia fue una excepción a comienzos de los 2000, pues mientras en el resto de América Latina el progresismo equilibraba la balanza y en la mayoría se redujeron los niveles de concentración de la riqueza (calculada a partir del coeficiente de Gini), Colombia tuvo el gobierno más a la derecha de las últimas décadas. Tras años de neoliberalismo ininterrumpido el país se convirtió en el más desigual de la zona más desigual del mundo. 

La llegada de Petro significaba la posibilidad de que el Estado empezara una regulación paulatina del mercado para permitir el acceso a derechos que, durante décadas, han sido concebidos como mercancías, esto ha sido el caso de salud, jubilaciones (pensiones según el léxico colombiano), educación, trabajo y servicios públicos, entre otros.

Esta semana se vivió en Colombia un intenso debate por cuenta del sistema de salud que el progresismo colombiano pretende reformar. El actual esquema administrado por privados que reciben ingentes recursos públicos ha demostrado su ineficiencia y carácter regresivo pues sólo se accede al derecho a la salud en función de la capacidad adquisitiva. En Colombia las clases sociales de mayor suficiencia económica suele tener seguros (planes complementarios de salud, que permiten tener acceso cabal a una lista extensa de especialistas) mientras que la inmensa mayoría depende de un esquema avaro donde el acceso a las citas médicas suele ser dispendioso, la autorización de tratamientos no toma en cuenta la gravedad de las enfermedades y, a la larga, el único mecanismo que ha encontrado una ciudadanía desahuciada ha sido el recurso de amparo (acción de tutela). Esto es interponer una acción para que un juez en un lapso máximo de diez días ordene a estas empresas prestadoras de salud (EPS) la concreción del servicio que rara vez en los medios de comunicación colombianos se describe como un derecho. El lenguaje crea realidades y para los medios la salud es un servicio o mercancía transable. Atención a esta cifra escabrosa: ¡se interpone una acción de tutela cada tres minutos para acceder a la salud!

Colombia vive una transición que se ha estrellado contra los sectores más reaccionarios congregados en una oposición que desde el primero minuto de gobierno declaró que no estaba dispuesta a la deliberación

Colombia votó en las urnas en 2022 por un gobierno de corte progresista, esto es, entre otros, el pedido porque el Estado regule el acceso a ciertos derechos que por la lógica del mercado quedan en pocas manos. La agenda social del Pacto Histórico (coalición de siete partidos progresistas) estuvo condicionada por cuatro grandes reformas: salud, jubilaciones, trabajo y educación previendo una mayor dosis de intervención del Estado en la regulación, sin llegar a la estatización, a pesar de que los grandes medios lo etiquetan de esa forma sin reparo por la rigurosidad. El sistema de seguridad social está viciado desde la denominada Ley 100 de 1993, legado del uribismo, que puso en manos de privados el acceso a la salud y seguridad social. Se anunció con “bombos y platillos” que se llegaría a una cobertura universal, pero jamás fue llevada a la práctica por los estímulos para los privados que los llevan a priorizar rentabilidad por encima de la exigibilidad del derecho. Las brechas ciudad campo, centro periferia y entre estratos socio-económicos, se terminaron disparando. Hasta la derecha más reaccionaria ha reconocido en estos tiempos que los rezagos en las regiones colombianas más apartadas son inocultables. Como máxima expresión de un sistema de salud defectuoso por elitista y clasista, Colombia terminó patentando el llamado “paseo de la muerte” consistente en el traslado eterno de pacientes por todos los hospitales y que por razones administrativas no son atendidos, en los peores casos terminando falleciendo en salas de espera. En 2018, 89 personas perdieron la vida en medio de esta pesadilla kafkiana.  

Paradójicamente (no sin asomo de cinismo) varios políticos, periodistas y generadores de opinión que insisten en que el sistema actual funciona y que la reforma del Pacto Histórico conduciría a una hecatombe, pasan por alto que Colombia arrastra una crisis en el sistema de salud padecida en los estratos más desfavorecidos y en las regiones más aparadas de los centros de poder. Entretanto, los sectores más acomodados económicamente se niegan a mirar hacia el resto del país, victima de los abusos de las EPS y dependientes en extremo de las acciones judiciales, un desgaste que se suma a las dificultades de quien acude a un centro médico por enfermedad.

Pero los problemas del actual régimen de salud no se agotan en un derecho al que se accede de forma intermitente, a lo anterior se suman revelaciones hechas por la Contraloría (organismo independiente de control fiscal) sobre un desvío de fondos cercanos a los 6 billones de pesos (1.500 millones de dólares) en los que las entidades privadas responsables de administrar la salud, habrían despilfarrado dineros públicos en viajes, clases de pilates, sesiones de yoga y todo tipo de excentricidades. A pesar del escandaloso hallazgo (que no es una investigación preliminar, sino una conclusión) los medios hegemónicos parecen no darse por enterados y han preferido cubrir temas secundarios de farándula. En los debates sobre la reforma a la salud se suele dar prioridad a los críticos y entre más catastrofista sea la versión, recibe mayor difusión. El pálido cubrimiento de este entramado de corrupción de actores privados que niegan sistemáticamente la salud a millones de colombianos no es justificable, solamente los intereses corporativos de los grandes medios lo explican. Al año, las EPS reciben un monto cercano a los 92 billones de pesos (23.000 millones de dólares) para prestar el servicio de salud, pero como actores privados no asumen proceso algunos de rendición de cuentas. El efecto es claro: ningún directivo de las EPS está obligado a la transparencia de cara al Congreso o a la ciudadanía, a pesar de recibir recursos de significativa valía por parte del Estado. ¿Por qué el silencio de los grandes medios? ¿No les corresponde escrutar la actividad de estos privados?

Colombia vive una transición que se ha estrellado contra los sectores más reaccionarios congregados en una oposición que desde el primero minuto de gobierno declaró que no estaba dispuesta a la deliberación. La tensión se resume entre la aspiración popular de transformar desde abajo y un inmovilismo recalcitrante en uno de los Estados más conservadores de la zona.  Al margen del resultado, algo seguirá cambiando en Colombia, vale la pena seguir observándolo.