José Antonio Martín Pallín: "Pablo Llarena no está actuando por encima de la ley, está actuando contra la ley"

Ayer conocíamos de la no aplicación por parte del magistrado Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, de la Ley de Amnistía, respecto al delito de malversación a Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluis Puig.

Este se escudaba en la previsión literal de la propia Ley de Amnistía como principal fundamento para el rechazo de la aplicación, asegurando que la amnistía se habría producido de no ser porque la propia ley excluye a aquellos casos en los que hubo enriquecimiento personal.

Esta ha sido la tesis mantenida por la mayoría de los miembros del Supremo, quienes reconocen que el erario público manejado por, los en aquel momento, miembros del Govern independentista, no acabó engordando cuentas o patrimonio personales de los acusados, pero que aun así, el mero uso de estos en cuestiones como el referéndum, actos o provisión de fondos a determinadas asociaciones de marcado carácter independentista, entran dentro de lo que la jurisprudencia entiende como malversación.

A este respecto, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, fue preguntado en El Tablero. Una de las primeras cosas de las que advirtió, fue de la ‘sorpresa’ con la que podían toparse al dilatar tanto la aplicación de la amnistía: una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ‘cargándose’ aseguraba el magistrado, la sentencia disparatada del procés.

“Yo, como juez, preferiría aplicar la amnistía, y no que me pegase un revolcón el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, aseguraba Martín Pallín. El exmagistrado continuaba: “Llarena lo que ha hecho es continuar en esta línea, de una forma verdaderamente absurda, con unos ejemplos que dan vergüenza ajena. Porque claro, dice que enriquecerse, pues sería lo mismo que domiciliar el agua, la luz, el gas, el teléfono de un político o un funcionario público en las cuentas públicas […] eso no hay ningún banco que se lo admita […] al final acaba diciendo que, enriquecimiento, es todo lo que a él le parezca enriquecimiento”

“Está contra la ley”, sentenciaba en su intervención. Continuaba: “Porque la sentencia no dice que haya habido lucro individual ni lo individualiza, por tanto, lo que un tribunal de justicia que se respeta a sí mismo, dentro de un sistema democrático, debería hacer, es decir: […] no hay enriquecimiento porque no hay lucro ni sustracción, por tanto, cabe la amnistía”.

Laura Arroyo, continuaba preguntándole sobre los mecanismos para evitar que un juez, en este caso como Llarena, vayan contra la Ley. Martín Pallín respondía: “Podríamos encontrarnos ante un delito de prevaricación […], ha habido querellas, pero estas han sido rechazadas con argumentos, a mi modo de ver, inconsistentes y con un tufo corporativista verdaderamente preocupante. Existe otra vía que es más compleja, la disciplinaria, pero no para el caso de Llarena, sino para la anterior resolución, en la que se dice textualmente que la amnistía la hizo el gobierno para ganarse los siete votos de Junts. Esa es una falta disciplinaria grave de libro, […] el Consejo General del Poder Judicial estaba en coma inducido cuando se produjo esto, pero ahora que ya está un poco vivo, pues a lo mejor tiene algo que decir”.

La presentadora de El Tablero también le preguntó a raíz de esta mención del CGPJ si el exmagistrado pensaba que la impunidad podía mantenerse en este nuevo Consejo. Martín Pallín declaró: “Démosle un tiempo de crédito, acaban de constituirse, pero la historia del Consejo que arranca en 1980 se ha repetido, ha habido muy pocas sanciones de expulsión, la última la del juez Alba […]. Yo creo que el problema del CGPJ no se ha solucionado a pesar de esa autocomplacencia que demuestra el señor Bolaños y no tanto o más el señor González Pons. El problema del Consejo es algo estructural, desde su nacimiento el PP y el PSOE han querido apoderarse de él para nombrar fundamentalmente a los magistrados del Tribunal Supremo. […] La Sala Tercera ahora se está metiendo en terrenos muy arriesgados, como legitimar a un partido político para oponerse a un indulto, cosa inverosímil. […] Además, lo van a agravar porque hay una proposición de ley que va a ir por procedimiento de urgencia para nombrar magistrados del Supremo, yo salí por 11 a 10 (votos del Consejo), pero ahora exigen los 3/5, y ya se ha demostrado que los 3/5 han tenido confrontado durante cuatro o cinco votaciones al actual Consejo. Yo lo que creo es que debe aprovecharse esa proposición de ley para hacer una renovación a fondo de la estructura y de las competencias del CGPJ”

Por último, Laura Arroyo, poniendo en relieve las consecuencias políticas de las decisiones de la Magistratura, preguntaba si existía alguna forma de evitar estas consecuencias, haciendo referencia concretamente a la no aplicación de la Ley de Amnistía y las implicaciones que tiene para Junts como exsocio del gobierno. A este respecto, Martín Pallín sentenciaba y finalizaba su intervención en el programa: “No, eso no se puede evitar.”, y continuaba, “Junts tiene una responsabilidad política e histórica, allá ellos […], hay experiencias pasadas, tenemos la experiencia de las elecciones catalanas, esto es un problema político por desgracia, yo pienso que habrá un sentido de la responsabilidad, por lo menos, como decía Borges: ‘No nos une el amor, sino el espanto’. […] A lo mejor, el PP llegando al poder cambia completamente, tenemos el ejemplo de Aznar, que aprendió catalán en la intimidad, luego, que se lo piensen bien, pero es un problema exclusivamente de un partido político, Junts. […] Nos encontramos con una situación inédita en nuestra historia democrática y que yo sepa en la historia de los países que componen la UE, que es la imputación del fiscal general del Estado, por haber hecho una nota que está obligado a hacer por el artículo 6 de su estatuto, para desmentir un bulo. Ya veremos lo que hacen Marchena y compañía […], en la toma en consideración de esa petición de imputación que se realiza, nada más y nada menos, que por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid […]. Después hay otra cosa que yo auguro, y es que, en una actuación, el juez Peinado, dictó una resolución en la que se preguntaba a las partes, si el silencio de Pedro Sánchez podía ser inculpatorio. Prefiero equivocarme, pero es un augurio de que, si sigue por ese camino, va a elevar también una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para pedir la imputación del Presidente del Gobierno. Que los ciudadanos valoren lo que está ocurriendo, ni nada más ni nada menos que el cuestionamiento judicial del presidente del gobierno y del fiscal general del Estado.”

Puedes ver la entrevista completa en El Tablero aquí: