Borkum
El pasado martes, la Red Solidaria Contra la Ocupación Palestina (Rescop) denunciaba que el carguero Borkum, que tiene programado recalar en el puerto de Cartagena alrededor de las 11:00 de la mañana de este jueves, transporta decenas de toneladas de armamento con destino a Israel. La Rescop llegó a esta conclusión tras comprobar los códigos de identificación de los contenedores que fueron obtenidos por la Campaña Fin Al Comercio de Armas con Israel. Como resultado de esta comprobación, entre la carga del Borkum se encontrarían 20 toneladas de motores de cohetes, 12,5 toneladas de cohetes con carga explosiva, 1,5 toneladas de sustancias explosivas y 740 kilos de cargas propulsoras de cañón. Además, entre los documentos filtrados, se encuentra una cláusula de confidencialidad que obliga a cualquier empleado y a todo miembro de la tripulación a no mencionar a nadie ninguna información que involucre el nombre de la empresa IMI Systems ni el de Israel con el carguero. Según explica elDiario.es, IMI Systems es una compañía con financiación público-privada subsidiaria de Elbit Systems, el gigante armamentístico de Israel que se dedica "a fabricar artillería, mortero, municiones pequeñas, medianas y de gran calibre, la más utilizada en la Franja".
Ante estas informaciones publicadas en varios medios de comunicación, varios partidos políticos, entre ellos Sumar y Podemos, han pedido al gobierno que tome medidas al respecto. Los de Yolanda Díaz han pedido que se impida al buque Borkum recalar en el puerto de Cartagena, mientras que los de Ione Belarra han pedido que se inmovilice el carguero y se investigue su cargamento.
La respuesta del gobierno ante estas peticiones ha sido caótica y desordenada. Si el equipo de comunicación del ministerio de Defensa filtraba a los medios que la responsabilidad del ministerio de Transportes, el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, se enzarzaba en la red social X con la cuenta oficial de Canal Red, arremetía contra las palabras de Manu Levin en TVE y descargaba la responsabilidad en el ministerio de Exteriores. En esa publicación, además, Puente afirmaba que el destino del Bokrum no era un puerto de Israel, sino la República Checa. El hecho de que este país no tenga salida al mar convirtió 'República Checa' en tendencia en X y el ministerio de Transportes tuvo que enviar fuentes a los medios diciendo que el barco descargaría en un puerto italiano y, entonces, a partir de ahí, el material militar sería transportado hasta la República Checa por carretera. Poco después, el mismo Puente contestaba a otro usuario en X diciendo que la descarga no se produciría en Italia, sino en Eslovenia.
El gobierno de España ha decidido no hacer absolutamente nada respecto del carguero Borkum y ha tenido que ser Podemos quien presente un escrito en la Audiencia Nacional para pedir que se inmovilice el barco y que España cumpla su propia legalidad
Sea como fuere, lo cierto es que el artículo 8 de la ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso establece que los permisos de transferencia de material militar pueden ser revocados "cuando existan indicios racionales" de que dicho material puede ser utilizado para la violación de los derechos humanos. Sin duda, los elementos anteriormente expuestos constituyen más que de sobra "indicios racionales" para que el gobierno —cuando sus ministros dejen de pasarse unos a otros la patata caliente— se avenga a intervenir. Y sin duda también el genocidio que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza, con el asesinato de más de 35.000 palestinos —14.000 de ellos menores de edad— en tan solo siete meses, no solamente constituye una violación de los derechos humanos sino con toda la seguridad la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, y a pesar de todo esto, el gobierno de España ha decidido no hacer absolutamente nada respecto del carguero Borkum y ha tenido que ser Podemos quien presente un escrito en la Audiencia Nacional para pedir que se inmovilice el barco y que España cumpla su propia legalidad. Mientras la Policía de Marlaska reprime a los universitarios movilizados, mientras el ministro Albares dice que Israel es "un país amigo", mientras Sánchez no rompe relaciones diplomáticas con los genocidas y se limita a gestos declarativos, y mientras el ministro Puente se encara con maneras de matón con cualquiera que señala las vergüenzas del gobierno en las redes sociales, han tenido que ser Irene Montero y Ione Belarra desde su modesto lugar en el grupo mixto del Congreso quienes muevan ficha para, al menos, intentar poner un poco más difícil a Netanyahu que siga exterminando al pueblo palestino.
Ayer el PSOE lanzaba a su candidata a las elecciones europeas, Teresa Ribera, con el viejo cuento de que votar al PSOE es la forma de frenar a la extrema derecha. Es difícil concebir cómo puede el PSOE frenar a la extrema derecha si no es capaz ni siquiera de frenar un pequeño carguero que transporta armas que pueden acabar siendo usadas para asesinar niños durante un genocidio.
