La herencia corrupta de la monarquía española
El día 14 de marzo de 2020, el periodista James Badcock publicaba en el diario británico The Telegraph que Felipe VI figuraba como beneficiario de la Fundación Lucum, con sede en Panamá y en la que Juan Carlos I guardaba casi 65 millones de euros que le había “regalado” el rey de Arabia Saudí. El día anterior, el 13 de marzo de 2020, y ante la peor pandemia del último siglo, con la perspectiva de cientos de miles de muertos en España, el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos anunciaba por primera vez en la democracia la aplicación del artículo 116.2 de la Constitución española y declaraba el estado de alarma. El día 15 de marzo de 2020, con el país en shock, con las calles de Madrid completamente vacías como si de una película apocalíptica se tratase, con la gente confinada y teniendo por su vida, Felipe VI decidía publicar un comunicado igualmente inédito en la historia de nuestro sistema político: el actual rey renunciaba a toda herencia de su padre y le retiraba la asignación de casi 200.000€ al año que Juan Carlos I todavía mantenía como rey Emérito a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
La naturaleza puramente comunicativa de aquel acontecimiento quedaba clara por una multitud de factores.
En primer lugar, por la elección de la fecha. Cualquier experto en comunicación sabe perfectamente que Felipe VI publicó aquel comunicado en un día en el que su impacto potencial era mínimo en términos relativos. Si lo hubiera hecho en un periodo ordinario, las televisiones no habrían hablado de otra cosa durante semanas. Sin embargo, con la perspectiva de la muerte por COVID-19 de cientos de miles de compatriotas y con el país cerrado a cal y canto, era bastante evidente que el tema de conversación iba a ser otro. Uno podría argumentar que el actual rey no conocía los hechos hasta que no los vio publicados en The Telegraph y que, por lo tanto, se limitó a responder lo más rápido posible en cuanto recibió la noticia. No obstante, el propio Felipe VI se encargó de desmentir esta posibilidad en el mismo comunicado, al explicar que conocía su participación en Lucum al menos desde marzo de 2019 y que había puesto esta información en manos de “las autoridades competentes”. Es decir, que ocultó durante todo un año a la opinión pública española —y no renunció a ninguna herencia— que era el beneficiario de casi 65 millones de euros guardados en el paraíso fiscal de Panamá. Durante ese año de ocultación, además, tuvieron lugar en España dos elecciones generales consecutivas a las cuales se presentaron tanto partidos monárquicos como partidos republicanos.
Felipe VI ocultó durante todo un año a la opinión pública española que era el beneficiario de casi 65 millones de euros guardados en el paraíso fiscal de Panamá
Si es evidente que la fecha de publicación del comunicado fue elegida expresamente para minimizar el daño reputacional, su carácter puramente comunicativo es obvio también desde el punto y hora en que el artículo 991 del Código Civil impide renunciar a ninguna herencia antes de que la persona haya muerto. Así, Felipe VI en ningún caso estaba renunciando al dinero negro de su padre sino meramente haciendo pública su voluntad de hacerlo en el futuro. Y eso sin siquiera mencionar que la principal herencia que le ha dejado Juan Carlos I a Felipe VI es la corona del reino de España, a la cual, por supuesto, no ha renunciado.
Por último, y aunque Felipe VI pueda cumplir en el futuro su promesa de no aceptar ningún tipo de patrimonio de manos de su padre, al dinero opaco al que no puede renunciar es al que ya se gastó. Como también reveló James Badcock en The Telegraph, la luna de miel de Felipe y Letizia en 2004 —cuando todavía eran príncipes de Asturias— costó medio millón de dólares y fue financiada la mitad directamente por Juan Carlos I y la otra mitad por uno de sus testaferros. Poco después del peor atentado terrorista de la historia de España —el atentado Jihadista de Atocha—, los actuales reyes se recorrieron en secreto los hoteles de lujo de medio planeta en un viaje sufragado con dinero turbio. A menos que devuelva ese medio millón, Felipe VI todavía tiene un debe bastante importante en lo que respecta a la herencia corrupta de su padre.
La luna de miel de Felipe y Letizia en 2004 —cuando todavía eran príncipes de Asturias— costó medio millón de dólares y fue financiada la mitad directamente por Juan Carlos I y la otra mitad por uno de sus testaferros
En el último capítulo del blanqueamiento de capitales del botín real acumulado durante casi cuatro décadas por el que, casi con toda seguridad, ha sido el mayor ladrón de la historia de España, El Confidencial revelaba ayer que Juan Carlos I ha decidido constituir una fundación en la dictadura teocrática de Emiratos Árabes —a donde decidió fugarse poco después de saltar el escándalo en 2020— para acumular todo el dinero que tiene distribuido en cuentas y en inversiones en diferentes lugares del mundo y, finalmente, canalizarlo en forma de herencia hacia sus hijas, las infantas Elena y Cristina. Por lo visto, a pesar de que la primera está ganando 300.000€ al año —25.000€ al mes— como directiva en la fundación Mapfre y la segunda está ganando 400.000€ al año —33.000€ al mes, 1000€ al día— en su trabajo en la fundación Aga Khan en Ginebra, parece que el emérito estaría preocupado por la situación económica en la que quedarían las infantas después de su muerte y, por ello, habría decidido constituir esta nueva fundación para asegurarse de que reciben todo lo que él ha sabido acumular. El hecho de crear la fundación en Abu Dabi tiene el muy poco patriótico motivo de aprovecharse de la reducida fiscalidad y la opacidad jurídica de aquel país, ocultando definitivamente la procedencia del dinero transferido y practicando la elusión fiscal como es costumbre de la familia.
De esta manera, la indeterminada fortuna corrupta de Juan Carlos I se vuelve a acercar a la jefatura del Estado de nuestro país, pues no debemos olvidar que, si algo le pasase a las princesas Leonor y Sofía —nadie lo desea, pero hay una previsión constitucional para tal eventualidad—, la infanta Elena se convertiría en la nueva reina de España en tanto que tercera en la línea de sucesión al trono. Este hecho, como todos los anteriores, como la existencia del artículo 56.3 que ha convertido en impunes los delitos de Juan Carlos I y podría hacer lo mismo con los delitos de sus descendientes, o como la protección mediática y política que el sistema bipartidista ha brindado siempre a los Borbones, nos recuerdan una vez más que la monarquía es una institución diseñada para delinquir y que la verdadera herencia a la que ninguno de ellos puede renunciar es a su corrupción intrínseca.
