El PP y el principio democrático
"Muy buenos días a todos. Situémonos. Septiembre de 2014. Declaraciones en una entrevista en televisión: «Ni antes ni después, el Partido Socialista va a pactar con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez, la pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y sobre todo, la desigualdad.» Diez años después, parece increíble pensar que aquellas palabras fueron pronunciadas por la misma persona que hoy ejerce la presidencia del Gobierno de España. Tendríamos que aceptar aquel complejo teorema ontológico de Carmen Calvo, de que el presidente, antes de ser presidente, era otro ser. Porque hoy en día, no solo es que Pedro Sánchez haya pactado antes y después con el populismo o con varios populismos, es que se ha convertido en sí mismo y a su partido en el máximo exponente del discurso populista. Y si por algo se ha caracterizado el populismo, es por detestar, más que nada, los contrapoderes. Hace diez años, los discursos políticos que enfrentaban la voluntad popular con las instituciones estaban fuera del Gobierno. Hace cinco años, llegaron al Gobierno como parte minoritaria de él. Y hoy los encabeza la presidencia y los comparte el Gobierno en su conjunto. Esa aspiración de una democracia plebiscitaria con un poder sin cortapisas y sin limitaciones, nació en Podemos, pero hoy está en Sánchez. Esa concepción populista, donde el voto de la mayoría está por encima de cualquier marco legal, de cualquier contrapeso institucional y de cualquier control jurisdiccional, nació con el procés, pero hoy está en Sánchez."
Estas son las palabras con las que, en la mañana de ayer y poco después de pedir al gobierno movilizar los barcos de guerra de la Armada contra los cayucos, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, comenzaba su intervención desde la tribuna para defender la Proposición de Ley —firmada por el PSOE y el PP— para reformar el CGPJ y la Fiscalía. Hemos querido reproducir esta introducción en su totalidad porque, en ella, Tellado revela de una forma transparente no solamente cuál es la naturaleza del pacto alcanzado con el PSOE sino también cuál es la concepción de la democracia que tiene el PP.
Lo primero que hace el portavoz de Feijóo en su discurso es introducir el significante del "populismo" para identificarlo, como es habitual, con Venezuela y con todos los males económicos y políticos que un país puede sufrir. Lo hace, además, citando unas palabras de Pedro Sánchez de 2014 en las que no solamente negaba la posibilidad de pactar con Podemos —los "populistas"— sino que, además, establecía que esta supuesta tradición política conllevaría la "falta de democracia". Sin embargo, rápidamente Tellado nos hace saber que, para él y para su partido, el "populismo" sería más bien todo lo contrario; algo así como un exceso de democracia. De esta manera, el portavoz del PP dice que lo que caracteriza al "populismo" es que detesta los "contrapoderes". Pero, los contrapoderes de qué tipo, podría uno preguntarse. En la siguiente frase, lo deja completamente claro. Según Tellado, el crimen político que estarían cometiendo los "populistas" sería el de "enfrentar la voluntad popular con las instituciones". Y es aquí donde tenemos que hacer la primera parada. Porque, claro, ¿a qué instituciones se refiere? En el artículo 1.2 de la Constitución Española se dice que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Así que, en principio y de acuerdo con el texto constitucional, debería ser imposible enfrentar la voluntad popular contra ninguna de las instituciones que forman parte del Estado, ya que todas ellas emanan de dicha voluntad popular y, por tanto, responden a su mandato. Parecería, sin embargo, que el portavoz del PP nos está diciendo que existen ciertas instituciones que pueden actuar en contra de la voluntad popular, es decir, en contra de la voluntad democrática del pueblo expresada en las urnas y representada en el Parlamento. De hecho, el portavoz del PP va todavía más allá y afirma que la concepción "populista" —algo, recordemos, cargado de connotaciones negativas según su opinión— estaría defendiendo que "el voto de la mayoría está por encima de cualquier marco legal". Es como si Tellado no supiera que el único poder del Estado con capacidad de hacer leyes —es decir, de definir los marcos legales— es precisamente el Parlamento y, efectivamente, puede hacerlo por mayoría. Es decir, que, dado que es el voto de la mayoría el que define el marco legal, que el primero esté por encima del segundo no es "populismo" sino la base de la democracia parlamentaria que existe en todos los países de la Unión Europea.
El discurso del portavoz de Feijóo en el Congreso es importante porque nos está diciendo básicamente —y quizás con demasiada transparencia— que el PP no se cree del todo el principio democrático, que está incómodo con el artículo 1.2 de la Constitución, que piensa que debería haber marcos legales que una mayoría democrática no pueda cambiar y que es necesario construir "instituciones" que puedan ir en contra de la voluntad popular por ser independientes de esta. De hecho, en lo que está pensando en concreto Miguel Tellado como hará explícito más adelante, en el resto de su discurso, es en la emancipación de la voluntad popular del Poder Judicial.
El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado y, como los otros dos, es capaz de ejercer un gran poder, valga la redundancia. Por eso, es vital que los vocales del CGPJ sean elegidos en la sede de la soberanía popular
El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado y, como los otros dos, es capaz de ejercer un gran poder, valga la redundancia. Por eso, es vital que los vocales del CGPJ sean elegidos en la sede de la soberanía popular, que ocurra lo mismo con los miembros del Tribunal Constitucional, que los puestos clave de las altas magistraturas —como el Tribunal Supremo, las Audiencias o los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas— sean también elegidos, aunque sea de forma indirecta, por la voluntad popular —en el ordenamiento actual, a través del CGPJ—, ya que constituyen las instancias superiores que pueden revocar las decisiones de las instancias inferiores o casar doctrina, y también es indispensable que exista un órgano emanado de la voluntad popular —en estos momentos, el CGPJ— que tenga capacidad de sancionar a los jueces que hacen mal uso de su poder; y que ejerza esta capacidad, claro. Si toda esta conexión del Poder Judicial con el principio democrático se rompiera, automáticamente existiría un poder del Estado —miles y miles de jueces firmando sentencias por todo el país— que sería un poder absoluto que podría actuar con total impunidad contra la voluntad de la mayoría de su pueblo.
Este funcionamiento no solamente sería aberrante y contrario al artículo 1.2 de la Constitución sino que, además, es lo que defiende abiertamente el PP —"que los jueces elijan a los jueces"— y también es hacia donde avanza de forma clara la reforma legal pactada con el PSOE que ayer inició su trámite con los votos a favor del bipartidismo y la abstención de Sumar. En dicha Proposición de Ley, ninguno de sus puntos avanza hacia un mayor sometimiento del poder judicial a la voluntad democrática del pueblo español y todos ellos avanzan en la dirección contraria. Primero, se establece que cada uno de los vocales elegidos para el CGPJ tendrá un suplente predeterminado. De esta forma, se garantiza que, ante cualquier baja, el reparto bipartidista —10 para el PSOE, 10 para el PP— se mantenga inalterado en el tiempo. Además, se compra por completo el discurso antipolítico de la derecha y la extrema derecha que dibuja la política como algo sucio y que ensalza, por ello, la "despolitización" de la justicia (que no es otra cosa que cortar los lazos que la atan a la voluntad popular), estableciendo toda una serie de perjuicios para aquellas personas que pasen de la actividad judicial a la actividad política o viceversa. La corrupción del lenguaje es tal que llegan a llamar a esto "puertas giratorias"; como cuando un presidente o un ministro del bipartidismo pasa a un consejo de administración del Ibex 35 a forrarse con los contactos que amasó durante su periodo de servicio público. En la norma pactada por el PP y el PSOE, también se establece la mayoría 3/5 para las votaciones más importantes en el CGPJ, otorgando así poder de veto a los 10 vocales del PP y garantizando que ningún alto magistrado pueda ser nombrado contra la voluntad de Feijóo. Por último, se da un mandato explícito al nuevo CGPJ para que haga una propuesta de reforma de la ley que regula su propia renovación. Es decir, se le otorga al máximo órgano del Poder Judicial una competencia cuasi-legislativa que, obviamente, utilizará para proponer un nuevo sistema en el que los representantes de la voluntad popular tengan un menor papel en la elección de los vocales y la carrera judicial tenga un papel todavía mayor del que ya tiene.
El portavoz del PP en el Congreso lo ha dicho claro: su partido no cree que el Poder Judicial tenga que estar sometido al principio democrático y eso es lo que han convertido en ley. El PSOE está encantado con ello y ha votado a favor. Sumar se ha abstenido pocos días después de que su portavoz de justicia —el secretario general del PCE, Enrique Santiago— dijese que esto es "una buena noticia para la democracia" y Yolanda Díaz asegurase a los medios de comunicación que ella participó de la negociación en todo momento. Podemos ha votado en contra. Estas son las posiciones políticas que quedaron cristalizadas para la historia ayer en el hemiciclo el día que el partido de los jueces obtuvo una de sus mayores victorias y la voluntad popular una de sus mayores derrotas.
