Ley de deportación: el siguiente paso contra el Derecho de Asilo y la inmigración en Finlandia

La justificación para la aprobación de esta ley tiene su origen en los miles de personas que llegaron a lo largo de los últimos meses de 2023 a la frontera entre Rusia y Finlandia. Se estima que en septiembre de 2023 llegaron aproximadamente 30 personas solicitando asilo por la frontera con Rusia, en octubre el numero aumentaría hasta 32, en las primeras semanas de noviembre llegaría hasta 500. Según fuentes del Gobierno finlandés a esta frontera habrían llegado hasta 1.300 personas entre los meses de noviembre, diciembre y enero.

La modificación de la normativa prevé la posibilidad de rechazo de la solicitud de asilo sin derecho a métodos legales para poder alegar contra esa decisión en el mismo puesto fronterizo. Establece también unos criterios de vulnerabilidad con el fin de hacer excepciones en aquellas personas que considere la guardia fronteriza que ahora será la encargada de tomar en cuenta este extremo e incluso estarán habilitados para usar métodos violentos de expulsión.

Estas nuevas responsabilidades asignadas a los guardias han sido fuente de críticas por parte de sus sindicatos. Una de sus grandes dudas es la contradicción existente entre sus nuevas capacidades para poder expulsar a las personas solicitantes de asilo de Finlandia, al mismo tiempo que otras leyes y disposiciones penalizan este tipo de actuaciones. Los guardias temen que asumiendo sus nuevas funciones puedan incurrir en responsabilidad penal ante los tribunales. Estos incluso llegaron a declarar en un comunicado que la aplicación de la ley conduciría a la violación de derechos Humanos y fundamentales.

El Defensor del Pueblo finlandés también ha asegurado que la ley entra en conflicto con la Constitución, las disposiciones de la Unión Europea y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Este asegura que esta nueva disposición no respeta el principio de no devolución, el cual garantiza que mientras alguien haya solicitado asilo, no podrá ser devuelto al país del que proviene hasta que se examine si efectivamente la persona corre riesgos en caso de ser deportada.

Distintas organizaciones y colectivos también han dado la voz de alarma asegurando que este tipo de disposiciones dan lugar a actuaciones violentas y abandono de las personas solicitantes de asilo en la zona fronteriza. En este sentido cabe recordar dos episodios geográficos cercanos. Uno en la zona fronteriza entre Polonia y Bielorrusia cuando un grupo de entre 20 y 30 personas estuvo retenido por varias semanas, ya que ni las autoridades polacas le permitieron ejercer su derecho al asilo a pesar de que entraron en territorio polaco, ni las autoridades bielorrusas quisieron recibirlos de vuelta, además, estos últimos amenazaron violentamente a los solicitantes de asilo para que no volvieran a Bielorrusia. Otro episodio sucedió cuando Letonia creó una zona de exclusión mediante la declaración del estado de emergencia en la frontera con Bielorrusia, evitando que medios y personas pudieran acceder libremente para monitorear la situación. Amnistía Internacional informó que en algunos casos se dejaba a los solicitantes de asilo abandonados en la zona fronteriza con el agravante climático de ser una zona que en invierno puede llegar a los -20 °C, además, también al hablar con algunas de las personas abandonadas, estas declararon haber visto osos y lobos rondando la zona. Otra actuación que se llevó a cabo en esta zona de exclusión fue la intimidación y exposición de los solicitantes de asilo a violencia verbal y física por parte de las autoridades letonas, e incluso deportaciones en caliente.

Finlandia siempre consideró que Rusia utilizaba a los migrantes como medida de presión, ya que entendían que difícilmente las cifras de solicitantes de asilo en esta frontera se podían incrementar tanto sin el beneplácito de Moscú. Bielorrusia también ha sido acusado por países de la UE como Lituania de instrumentalizar a personas migrantes y de lanzarlas a la frontera para aumentar la presión en el flanco este de la Unión.

Sea o no intencional el uso de personas migrantes como medida de presión por parte de Rusia o Bielorrusia, el incremento de marcos jurídicos contrarios al Derecho de Asilo o que buscan obstaculizar su ejercicio, constituye una de las tendencias más fuertes dentro de la UE. Las artimañas jurídicas llevadas a cabo por los países buscando evadir el marco del Derecho de Asilo de la UE se han incrementado, esto, junto al recientemente aprobado Pacto de Migración y Asilo solidifican y normalizan una posición antiinmigración y antiasilo dentro de la Unión que no responden a los derechos que la misma propugna.