Macron, firme contra el aumento de impuestos a los ricos

Michel Barnier no tiene mandato para «deshacer lo conseguido» desde 2017, dijo Emmanuel Macron a sus aliados esta semana, al tiempo que aparecía una ruptura entre el presidente y su nuevo primer ministro. El 5 de septiembre, Macron había impuesto a Barnier como jefe de Gobierno, en una elección que ignoraba a la mayor fuerza del Parlamento, el izquierdista Nouveau Front Populaire (NFP). Sin embargo, apenas dos semanas después, las relaciones ya han empezado a enfriarse entre los aliados más cercanos de Macron y el nuevo primer ministro.

Después de que las elecciones anticipadas de junio y julio supusieran una importante derrota para el presidente, la elección de Barnier —miembro del partido de centroderecha Républicains— ofreció a Macron una vía para mantener el control sobre la Asamblea Nacional. Dada la debilidad del partido de Barnier, que solo cuenta con 47 diputados en la Cámara Baja, el nuevo primer ministro se verá obligado a marchar al unísono con los 166 diputados que componen el bloque que apoyó a Macron en el último parlamento. Esto significa mantener una parte de los ministros macronistas y, lo que es más importante, preservar la agenda del presidente.

Pero durante la última semana, las negociaciones de gobierno entre los macronistas y el nuevo primer ministro parecieron tomar un giro a peor. Los líderes del partido del presidente en el Parlamento, Ensemble pour la République, expresaron su preocupación por el hecho de que Barnier les estuviera apartando de los puestos más altos del gabinete y reservando los puestos más poderosos para sus compañeros republicanos. En una reunión supuestamente tensa el 17 de septiembre, Macron rechazó la lista preliminar —aún desconocida para la prensa— que Barnier propuso para su gabinete.

Más allá de los desacuerdos personales, Macron y sus aliados pronto empezaron a advertir de supuestas diferencias políticas insalvables con Barnier. En particular, dijeron que el primer ministro corría el riesgo de cruzar una de sus líneas rojas: aumentar los impuestos. Al informar de sus negociaciones con Barnier, los ministros salientes y los diputados macronistas expresaron su frustración por el hecho de que el primer ministro esté estudiando medidas para reforzar los ingresos del Estado. Aunque no han aparecido detalles concretos de los supuestos planes de Barnier, el nuevo premier afirmó en una entrevista el 6 de septiembre en TF1 que en las próximas negociaciones sobre el presupuesto de 2025 no excluiría medidas para garantizar «más justicia fiscal». El pasado miércoles, las tensiones parecían estar a punto de estallar, y el periódico de derecha Le Figaro llegó a especular con que el telón ya estaba cayendo sobre Barnier.

Pero, como era de esperar, no fue así. El pasado jueves, los macronistas y Barnier llegaron a un acuerdo sobre lo que se prevé que sea un gabinete de treinta y ocho miembros. De las dieciséis carteras ministeriales completas, siete se reservarán para el partido de Macron y tres para los Républicains, dividiendo la diferencia con las otras formaciones centristas de la coalición gobernante. En total, todas estas fuerzas suman unos 235 diputados, muy por debajo de los 289 necesarios para la mayoría absoluta. Está previsto que los detalles completos del Gobierno se den a conocer el próximo domingo.

El 1 de octubre Barnier pronunciará su primer discurso ante la Asamblea Nacional, en el que expondrá las posiciones políticas de su Gobierno. Tradicionalmente, este discurso va seguido de un voto de confianza, que por ahora solo el Nouveau Front Populaire se ha comprometido a rechazar.

Bloqueo presupuestario

La polémica de esta semana sobre la subida de impuestos ha sido probablemente secundaria a las luchas internas sobre los nombramientos ministeriales. Sin embargo, el revuelo causado incluso por la rumoreada voluntad de aumentarlos es un recordatorio de los verdaderos obstáculos para hacer frente a los problemas fiscales de Francia. Estos van desde el agotamiento estructural del crecimiento económico hasta la falta crónica de financiación de los servicios públicos.

El enfrentamiento entre Barnier y los macronistas se produce cuando el nuevo primer ministro se enfrenta a la ardua tarea de elaborar un presupuesto para 2025 y poner en orden un presupuesto para 2024 que arrojó un déficit varias decenas de miles de millones de euros mayor de lo previsto. Barnier incumplió el plazo del 13 de septiembre para presentar una versión de trabajo del presupuesto de 2025 a las autoridades de auditoría del país, y lo hizo público casi una semana más tarde bajo presión de la oposición. Los documentos, presentados finalmente el 19 de septiembre, revelaban al ministerio de Defensa como posible ganador de nuevas asignaciones presupuestarias. El ministerio de Trabajo se enfrenta a los mayores recortes, que probablemente afecten a aspectos como la formación profesional y los programas de aprendizaje.

Constitucionalmente, el gobierno debe presentar un anteproyecto de presupuesto antes del 1 de octubre. Sin embargo, la oficina del primer ministro ha sugerido que ese plazo también podría incumplirse, dada la dificultad de formar gobierno a partir de las dispares fuerzas de la Asamblea Nacional. «Hay una lucha de poder entre los macronistas y los republicanos», ha dicho Nathalie Oziol, diputada de France Insoumise por Montpellier. «Estamos pagando el precio de la situación en la que Macron nos ha puesto a todos al no nombrar a Lucie Castets [candidata del NFP] como primera ministra este verano. En su lugar, recurrió a uno de los partidos más pequeños de la Asamblea Nacional».

Es probable que la aprobación del presupuesto sea la principal batalla del Parlamento este otoño, y también la razón principal del nombramiento de Barnier

Oziol desconfía de que las supuestas subidas de impuestos de Barnier supongan algo más que un escaparate para los recortes de gastos, que llevarán el peso real del presupuesto de 2025. «En primer lugar, nos gustaría saber qué significaría eso», declaró a Jacobin. «Y que no nos mantengan en esta zona gris en la que el camino a seguir por el país se está decidiendo en una batalla entre partidos».

Es probable que la aprobación del presupuesto sea la principal batalla del Parlamento este otoño, y también la razón principal del nombramiento de Barnier. Al optar por una figura del centroderecha, la prioridad de Macron era bloquear al NFP, cuya plataforma incluye la promesa de derogar su aumento de la edad jubilatoria sancionado en 2023 y revertir los recortes fiscales a las empresas y grandes fortunas que se hicieron desde la elección de Macron hace siete años. El presidente recurrió a Barnier para mantener intacto ese legado al precio de estrechar lazos con los Républicains (y formar un gobierno que probablemente solo sobrevivirá si el partido de Marine Le Pen se abstiene en las votaciones de censura).

La deuda obliga

Todo apunta a un fuerte recorte del gasto. Además de los recortes retroactivos por valor de más de 25.000 millones de euros para compensar el inesperado aumento del déficit en 2024, el ministro de Finanzas saliente, Bruno Le Maire, había elaborado planes de recortes adicionales por valor de 20.000 millones de euros para 2025. Su proyecto también preveía un impuesto ligeramente más estricto sobre las ganancias inesperadas de las corporaciones energéticas y nuevas tasas sobre la recompra de acciones por parte de las empresas. Aunque Barnier estaba desesperado por atraer a su gabinete a alguna figura del centroizquierda y reforzar así su pretensión de representar a un gobierno de «unidad nacional», es probable que solo tome medidas mínimas para aumentar la recaudación fiscal.

En los últimos meses, una serie de organizaciones internacionales y organismos nacionales han dado la voz de alarma sobre el déficit presupuestario de Francia, que en 2024 alcanzará el 5,1%. En junio, la Unión Europea puso a Francia bajo investigación por incumplir el objetivo de déficit del 3% del PIB que Macron y sus aliados se han comprometido a alcanzar en 2027. Si se descarta una subida seria de impuestos, la mayor parte de ese ajuste deberá proceder de recortes draconianos de los servicios públicos, que probablemente afectarán a escuelas y hospitales que ya tienen problemas de liquidez.

Una parte importante del aumento del déficit francés desde 2020 se debe a los paquetes de gasto en respuesta a las crisis COVID-19 y energética, una expansión del déficit que ahora se está frenando. Pero también refleja las dádivas a los ultrarricos y a las grandes empresas durante los últimos siete años. Estos incluyen la derogación en 2017 del ISF (Impuesto de Solidaridad sobre la Riqueza), un recorte de las tasas corporativas del 33% al 25%, un impuesto fijo del 30% sobre las ganancias de capital y otras tasas reducidas.

En su discurso de despedida del 12 de septiembre en el Ministerio de Finanzas, Le Maire celebró los recortes de ingresos promulgados desde 2017, que según él ascendieron a 55.000 millones de euros en impuestos reducidos. «Francia no debe retroceder en impuestos», dijo Le Maire, el ministro que más tiempo lleva en el cargo en la era Macron.

«Ya no es sostenible. Es un misterio cómo Bruno Le Maire ha podido mantener esto durante tanto tiempo», dijo Layla Abdelké Yakoub, de Oxfam Francia, autora principal del reciente informe de la ONG sobre las lagunas del código fiscal francés:

Debería llegar un momento en que dijéramos: «Solo necesitamos más dinero para mantener a flote nuestros servicios públicos». Sin plantear siquiera la cuestión de la transición ecológica, necesitamos más fondos. Y eso sin hablar de la cuestión del déficit.

El NFP es hoy el único bloque del Parlamento que propone un cambio de rumbo. Además de restablecer los recortes fiscales de la era Macron, como el ISF, los partidos de izquierda quieren ampliar las obligaciones de las mayores fortunas, hacer el código más progresivo añadiendo tramos impositivos más altos y promulgar una fiscalidad centrada en el clima. Un impuesto ISF actualizado, ponderado en función de la huella de carbono, supondría 17.600 millones de euros de nuevos ingresos, según Oxfam Francia.

El informe de Oxfam del 17 de septiembre, ampliamente difundido, insiste en la necesidad de aumentar la fiscalidad, en particular sobre los grandes patrimonios y las herencias

El problema de la deuda francesa «tiene menos que ver con un aumento del gasto que con una caída de los ingresos», declaró a Jacobin Oziol, diputado de France Insoumise. «Tenemos que encontrar fuentes adicionales de financiación, ya sea gravando los beneficios extraordinarios y las transiciones financieras o restableciendo el impuesto sobre el patrimonio ISF».

El informe de Oxfam del 17 de septiembre, ampliamente difundido, insiste en la necesidad de aumentar la fiscalidad, en particular sobre los grandes patrimonios y las herencias. En las próximas décadas, advierte, se producirá una espectacular transferencia de riqueza a medida que las mayores fortunas pasen de los más ricos de la generación boomer a sus sucesores. Pero gracias al lamentable estado del código tributario, plagado de lagunas y amortizaciones, la carga del 45% que se supone debe aplicarse a las herencias superiores a 1,8 millones de euros se reduce en promedio al 10%. En conjunto, el informe afirma que se perderán más de 160.000 millones de euros que deberían entrar en las arcas del Estado en la próxima transferencia.

Mientras tanto, la mayoría de las fuerzas del Parlamento se oponen a cualquier conversación sobre nuevos impuestos. Los macronistas, los derechistas Républicains (el partido de Barnier) y el Rassemblement National de Marine Le Pen han trazado líneas rojas en torno al aumento de las obligaciones fiscales. Aunque Barnier puede forzar la aprobación de un presupuesto para 2025 en la Asamblea Nacional invocando el artículo 49.3 de la Constitución, necesitaría el apoyo tácito de Le Pen para derrotar la moción de censura que casi con toda seguridad le seguiría. Su partido espera a consultar el proyecto de presupuesto antes de pronunciarse.

Los sondeos de opinión franceses suelen mostrar una profunda desconfianza de la opinión pública ante el aumento de los impuestos. El temor a que las nuevas cargas recaigan sobre la clase media y trabajadora se debe en gran medida a que no están diseñadas para beneficiar a los hogares más ricos y a las grandes empresas.

«Cuando se pregunta explícitamente a la gente si está a favor de restablecer el impuesto sobre el patrimonio, la mayoría responde que sí», declaró Abdelké Yakoub a Jacobin. «Si les preguntas si están a favor de un impuesto sobre los superbeneficios de las multinacionales, también dirán que sí. Pero cuando se hacen discursos grandilocuentes contra el aumento de los impuestos en general, o sobre cómo los impuestos son una estafa y por lo tanto no deben aumentarse, también están de acuerdo». Sin embargo, estas contradicciones palidecen en comparación con el punto muerto en que se encuentra la Asamblea Nacional.

Artículo publicado por Jacobin y reproducido en Diario Red con su permiso