Desinformación, violencia y desidia del Poder Judicial; el cóctel perfecto de la ultraderecha

Hace unos días, en su canal de Telegram, Alvise Pérez, publicó un mensaje haciendo hincapié en su inviolabilidad como eurodiputado y en cómo no tendrá moderación alguna. Luego aseguró que pelearía junto a sus seguidores en grupos organizados por toda España y que, si debían, sabotearían trenes, aviones o incluso bloquearía el país utilizando la “fuerza legítima” ante acciones “sentenciadas” como inconstitucionales. Todo esto refiriéndose a la posibilidad (no anunciada ni insinuada en ningún momento) de que el Gobierno proporcionara una vacuna contra la viruela del mono, enfermedad que ha incrementado sus contagios los últimos meses.

¿PODEMOS INCLUIR A "SE ACABÓ LA FIESTA" COMO UNA BANDA TERRORISTA?

Por cierto @Alvise_oficial_ , si crees que por ser eurodiputado eres INVIOLABLE, es que eres más tonto de lo que pareces. Además, dudo mucho que estas opiniones las hagas en el ejercicio de tu cargo@Europarl_ES pic.twitter.com/uCQ56juJYI

— GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) August 15, 2024

Llama la atención sobre todo la parte del mensaje en la cual asegura que bloqueará el país de manera organizada y que saboteará distintos medios de transporte, sobre todo si nos atenemos a tesis legales manejadas en distintas situaciones del procés respecto de la responsabilidad de este tipo de actos.

Por ejemplo, el Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, entendía en la causa de Tsunami Democràtic que la organización de este grupo podía vincularse a Puigdemont y Wagensberg mediante ciertos indicios muy débiles, a diferencia del caso de Alvise Pérez que participa activamente en su grupo de Telegram. Por otro lado, otra tesis de García-Castellón era que, los bloqueos de Tsunami Democràtic al aeropuerto de Barcelona habían conllevado un “factor desestabilizante en el funcionamiento de estructuras económicas”, y, por tanto, se trataba de un delito de terrorismo. Estas tesis, que, en primer lugar, fijan quien dirige la acción de un grupo de personas junto a un lenguaje que deja claro que se producirían efectivamente bloqueos de infraestructuras vitales, entran dentro de las tesis de lo que podría implicar un delito de terrorismo según García-Castellón. Sin embargo, hasta el momento no ha habido acciones legales de oficio ante estas actuaciones de Alvise Pérez.

Otro ejemplo en clave legal lo encontramos en las recientes declaraciones del fiscal de la Sala de la Unidad de delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, el cual propuso ayer cambiar la ley para prohibir el acceso a las redes a quiénes las utilicen para campañas de odio. A priori puede parecer una medida útil, sin embargo, cabe recordar cuando los tribunales decidieron considerar a los nazis como víctimas de delitos de odio, es decir, una vez más la discrecionalidad en torno a lo que es, en este caso una “campaña de odio”, puede convertirse en otra interpretación legal lejos de la realidad. Otra muestra es la aplicación de la Ley de Amnistía, la cual ha sido sorteada de ser aplicada de pleno a según que sujetos por parte de determinados tribunales y jueces. Mientras se daba este anuncio, Raúl Solís, periodista de esta casa, era víctima también de un bulo de Alvise Pérez con incluso amenazas de muerte, al igual que Martina Velarde era también puesta en el punto de mira por el mismo Alvise sin consecuencias legales más allá de que las que ellos mismos quisieran llevar a cabo, como Raúl Solís que ha denunciado la situación a la Fiscalía, la cual ahora tendrá que decidir si investiga el suceso o lo deja estar.

Vas a caer @Alvise_oficial_ por incitar al odio y por el acoso y las amenazas que estoy recibiendo a través de mensajes privados y públicos. Aunque sea lo último que haga pic.twitter.com/uKDXyg1IeC

— Martina Velarde (@MartinaVelardeG) August 21, 2024

Por último, cabe destacar declaraciones de miembros de este mismo Poder Judicial en redes sociales como Juan Antonio Frago Amada, fiscal, que no duda en dejar clara su posición en torno a discursos de odio, así como su vinculación con la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), de la cual, según su biografía en X, fue Presidente.

Un moro queriendo subirse al AVE sin billete. Le han tenido que echar. Lo que no sé es cómo ha conseguido pasar el control de billetes

— Juan Antonio Frago Amada (@alegrameeeldia) August 15, 2024

Más allá de las tesis legales esgrimidas y como se adaptan a según quién hace los llamamientos cabe hacer referencia a un video de Miquel Ramos publicado para Diario Público acerca de cómo el terrorismo de extrema derecha es tratado de manera distinta a otras acciones ejecutadas por otros grupos políticos o por otras razones.

En este video se dan varias muestras, como por ejemplo el asesino de Nueva Zelanda que entró disparando a una mezquita, Brenton Tarrant, o el asesino de las juventudes laboristas noruegas, Anders Breivik, ambos supremacistas blancos habituales en foros de la ultraderecha que ocasionaron masacres o a la incautación de material militar en una redada a un grupo de nazis en Italia, donde a pesar de ser todos estos casos actos de extrema gravedad, el enfoque mediático es muy distinto al que se da a acciones similares hechas por otros perfiles u otros grupos políticos. Los blancos son catalogados como locos o desequilibrados, mientras que, si lo realiza una persona racializada o de un credo distinto al cristiano, esto aparece como factor determinante en las motivaciones del sujeto, pasa de ser un loco, a alguien con unos lazos culturales o religiosos que le han llevado a realizar esta acción.

Mientras los medios miran para otro lado en su relato de la violencia de la ultraderecha, un informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de este año destaca los actos de estos grupos e individuos. Desde 2022, extremistas domésticos locales han realizado tres ataques en suelo estadounidense que han resultado en 21 muertes, así como en múltiples heridos, además, policía y otros cuerpos de seguridad del Estado han intervenido en más de una docena de planificaciones de atentados, mientras que, en el mismo periodo de tiempo, solo ha habido un ataque por parte de un individuo inspirado por organizaciones terroristas extranjeras, en concreto Al-Qaeda.

Este informe también destaca como los objetivos son una variedad de objetivos, pero que principalmente se basan en instituciones estatales o de fuerzas del estado, así como organizaciones religiosas, centros comerciales, grupos étnicos minoritarios, centros de salud, medios de transporte o contra el sector energético.

Por último, asegura que es probable que estos extremistas sigan usando las armas de fácil acceso en el país, así como plataformas online para compartir nuevas tácticas y técnicas, además destaca que el crecimiento de estos fenómenos continuara mientras sigan esparciendo su discurso, reclutando seguidores e inspirando ataques.

Todo esto crea un coctel perfecto para la ultraderecha: acciones violentas que los medios califican de manera individual y no como la colectividad de la que forman parte y desidia de perseguir estos actos por parte del Poder Judicial cuando ya se cuenta con herramientas para hacerlo. Ya ni se hable de la influencia de grupos paramilitares como Desokupa entre los cuerpos policiales cuando hace poco anunciaron que estos impartirían cursos a los agentes de la policía.

Mientras el Poder Judicial no utilice las herramientas en vigor para poner freno a estas campañas de odio y desinformación y no persiga tanto a ejecutores como instigadores, la ultraderecha mediática seguirá floreciendo en un clima de permisividad. Mientras la mayoría del entorno mediático no señale a la colectividad de la ultraderecha como culpable de las matanzas y asesinatos llevados a cabo por estos, así como los grupos en los que se coordinan y alimentan, esta deriva continuara.