Detrás de las elecciones en Venezuela: el descubrimiento de petróleo más grande en 25 años
Lejos de Caracas, la Cámara de Comercio de París, un tribunal de arbitraje, decidirá en los próximos meses sobre la potestad del bloque petrolero Stabroek ubicado aguas afuera en la Guayana Esequiba, una región reclamada como propia por Venezuela y Guyana. La pelea por los derechos de esta explotación de ese recurso ilumina la importancia que pueden tener los resultados de las próximas presidenciales en Venezuela. El bloque Strabroek, ubicado en las aguas del Esequibo, es considerado “por la industria petrolera como el descubrimiento más grande en 25 años”, según Javier Blass, experto en energía y materias primas. Del que depende grandes corporaciones trasnacionales como Exxon Mobil, Chevron y la China Nacional Offshore Oil Corporation (CNOOC).
De la historia al hecho: antecedentes de una enemistad histórica
A finales de la Segunda Guerra Mundial, el presidente venezolano, Isaías Medina Angarita, mantuvo un tironeo con las petroleras estadounidenses y angloholandesas, representadas por Grupo Shell (Caribean Petroleum Company, Venezuela Oil Concessions, Venezuela Oil Development), el grupo Standard oil (Standar Oil Company of Venezuela, Lago Petroleum Corporation), Mene Grande Oil Company, Socony Vacuum, Texas Company, Grupo Las Mercedes y Consolidada de Petróleo. Medina Angarita quería renegociar los términos y acuerdos de las concesiones petroleras otorgadas, en gran parte, durante los tiempos de la dictadura de Juan Vicente Gómez entre 1908 y 1935, que favorecía a los testaferros del régimen que habían comprado los terrenos donde estaban los recursos petroleros para cobrarles un exiguo canon a las petroleras.
Venezuela se había convertido en epicentro de batalla en la Segunda Guerra Mundial cuando la Alemania nazi realizó la operación Westindien enfocada, entre el 16 de febrero al 16 de marzo de 1942, en bombardear con submarinos, los buques petroleros que salían del país hacia las refinerías de Aruba, Curazao y Trinidad, que suministraban combustible, luego, a Estados Unidos y el Reino Unido, potencias adversarias de Adolf Hitler. Angarita, dada la importancia estratégica del petróleo venezolano, quería que las empresas se comprometiesen a establecer refinerías en territorio venezolano y pasar a un régimen de 50 y 50 (fifty-fifty) con el Estado venezolano para compartir las ganancias con una nueva ley de Hidrocarburos. Las negociaciones fueron tan duras que el propio gobierno venezolano expulsó a uno de los ejecutivos de la Standard Oil en el medio de las negociaciones hasta que, por presión del gobierno estadounidense de Franklin Delano Roosevelt, llegaron a buen puerto. El Departamento de Estado se comprometió tanto con el nuevo arreglo que nombró a Max Thornburg como asesor de la negociación entre las petroleras estadounidenses y el gobierno venezolano. Dos años después, el presidente Medina Angarita fue derrocado por un grupo de militares, apoyados por los políticos y empresarios venezolanos, justo cuando se estaba cerca de realizarse las primeras elecciones presidenciales en Venezuela.
Desde esa época, todas las renegociaciones petroleras en el país representan puntos álgidos de conflictos.
Más de 50 años después, entre 2002 y 2003, otra vez un tironeo por una ley de Hidrocarburos ocupó el centro del debate público en Venezuela. Hugo Chávez, después de que se sancionara la constitución de Venezuela de 1999 a través de un referéndum, aplicó una Ley Habilitante para implementar la nueva carta magna; con iniciativas como la Ley de Tierras, que prohibía el latifundio, la de Pesca, que limitaba la pesca de arrastre cerca de aguas venezolanas para favorecer a los pescadores artesanales, y la de Hidrocarburos que establecía que las concesiones petroleras debían estar conformadas por empresas cuya mayoría accionaria estuviese en manos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Esto implicaba una renegociación de gran parte de las concesiones y que las compañías perdieran, gran parte, de su influencia en la nación con mayor “riqueza petrolera” del mundo. “Esta ley tiene la clave para cambiar la historia petrolera venezolana, para que el petróleo en verdad, ahora sí, contribuya como palanca para el desarrollo integral, económico, industrial y social del país”, afirmó Chávez.
Como si fuera un presagio, en octubre de 2001, Pedro Carmona Estanga, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), le advirtió al por entonces embajador de Cuba en el país, Germán Sánchez Otero; “las cosas no marchan bien con el gobierno, el presidente Chávez no quiere escuchar al empresariado ni a los productores del campo. Las Leyes Habilitantes atentan contra la propiedad privada y si él no rectifica pronto, el país va hacia una confrontación”. Varios meses después, en un cable del 6 de abril, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) escribió en un cable interceptado por la inteligencia cubana: “facciones militares disidentes, que incluyen a algunos oficiales descontentos y a un grupo de oficiales radicales de menor rango, están intensificando esfuerzos para organizar un golpe contra el presidente Chávez, posiblemente tan pronto como este mes. Para provocar la acción militar, los que conspiran podrían intentar explotar conflictos y violencia durante las manifestaciones de la oposición, que tendrán lugar este mes”.
Y fue así que sucedió: el 11 de abril de 2002, una marcha de oposición, convocada por las patronales y sindicatos de Venezuela, entre ellos, el de gerentes de PDVSA, se redirigió al palacio de Miraflores donde estaban una concentración de chavistas. Francotiradores y policías de la Metropolitana, controlada por el alcalde de Caracas, Alfredo Peña, dispararon a opositores y chavistas mientras las imágenes circulaban por la televisión venezolana e internacional. Un grupo de militares se pronunciaron contra Chávez por la “matanza de civiles ejecutada por su gobierno”, en un mensaje grabado horas antes del suceso según el periodista de la CNN Otto Neustald. En conversaciones secretas, los uniformados amenazaron al presidente con atacar el Palacio de Miraflores si no se entregaba y presentaba su renuncia.
La historia es larga y conocida: Chávez se entregó y fue llevado a una base militar en la Isla Orchilla mientras los militares chavistas se escondían en cuarteles y conspiraban contra los verdeolivos golpistas porque la nueva junta de gobierno no estaba integrada por uniformados. Dos días después, el 13 de abril, una multitud de personas auto convocadas rodeó Fuerte Tiuna, sede central militar de Venezuela, y el palacio presidencial de Miraflores, horas después de que asumiese Carmona Estanga como presidente de facto y derogase la constitución mediante decreto. Sin celulares, los chavistas reorganizaron, de boca en boca, la toma de las instituciones claves del Estado, empezando por el canal público Venezolana de Televisión para romper el blackout informativa de la mayoría de los medios. Chávez por la noche, ya liberado, bajó sonriente de un helicóptero en Miraflores para dar un discurso de reconciliación después de besar un crucifijo.
Pero la tensión no terminó ahí: unos meses después, la gerencia de PDVSA ordenó sumarse al paro comercial contra el gobierno de Chávez. En sincronía, Intensa, la contratista a cargo del cerebro informático de PDVSA, bloqueó las claves de acceso y paralizó el funcionamiento de los sistemas estratégicos de la compañía lo que derrumbó la producción de petróleo de tres millones de barriles diarios a solo 300 mil. La compañía informática era una subsidiaria de la empresa estadounidense SAIC, en cuyo directorio estaban los exjefes de la CIA, Robert Gates y John Deutsch, y el exsecretario del Pentágono, William Perry. Por el país, se multiplicaron las colas para cargas gasolina, donde los automovilistas jugaban largas partidas de domino para pasar el rato. El paro representó un duro golpe a las arcas nacionales con una pérdida de siete mil millones de dólares, un 7,59% del PIB nacional puntos del PBI, según las estimaciones oficiales.
El lockout fue derrotado cuando Chávez lideró una operación para “rescatar” el Buque Pilín León, retenido en el mar, con 44 litros de gasolina, por su capitán debido al paro petrolero. El Pilín León pertenecía a una flota de buques de la división Marina de la petrolera que habían sido fondeados en vías marítimas estratégicas, como puertos y canales, para bloquear el transporte marítimo del país. El presidente lo recibió en el puerto de Bajo Grande, estado Zulia, con las cámaras siguiéndolo como si fuera la grabación de una serie. La escenografía, dispuesta por él, era para presentar en público la derrota del paro petrolero y la toma de control de PDVSA. La salida elegante de los convocantes al paro fue una llamada a reunir firmar para revocar el mandato constitucional de Hugo Chávez en un referéndum revocatorio.
Chávez triunfó en ese referéndum y renegoció gran parte de las concesiones petroleras en 2007 ofreciendo a las compañías integrarse en empresas mixtas lideradas por PDVSA. Solo unas pocas trasnacionales se negaron a aceptar los términos de los nuevos acuerdos; Exxon Mobil, heredera de la Standard Oil, y Conoco Phillips. En 2007, el Estado venezolano expropió sus activos y les pagó según la legislación venezolana. Lo que abrió, quizás, una de las enemistades más importantes de los últimos años en América Latina.
De batallas judiciales y un descubrimiento de petróleo en una región en disputa
Descontento con los nuevos acuerdos, Exxon Mobil demandó a Venezuela frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de arbitraje del Banco Mundial, por haber incumplido los términos de contratos firmados en la concesión de los yacimientos Cerro Negro y la Ceiba. Más de diez años después, el CIADI le dio la razón a Exxon y ordenó a Venezuela pagar 77 millones de dólares los 1.400 reclamados por la petrolera. El tribunal entendió que gran parte del monto exigido había sido pagado en otro reclamo frente a la Cámara de Comercio Internacional.
Pero la cuestión no quedó allí: Exxon Mobil y Shell, a finales de la década del 90, habían obtenido permisos del gobierno de Guyana para buscar crudo en el Esequibo, una región disputada entre Venezuela y el país caribeño. “Con las nacionalizaciones de Chávez, las petroleras comenzaron a explorar las aguas costeras. Shell abandonó la sociedad en 2014, mientras que Exxon incorporó a dos nuevos socios: Hess Corporation, una petrolera estadounidense independiente conocida por ser pionera en el auge del fracking, y la China National Offshore Oil Corporation. Al año siguiente, Exxon anunció que había encontrado petróleo, más de 10.000 millones de barriles. Y no cualquier petróleo: uno crudo ligero y dulce, el petróleo más fácil de refinar, que alcanza el precio más alto en el mercado mundial”, afirma la periodista Amy Westervelt en su reportaje titulado Cómo Exxon Mobil se apoderó de un país sin disparar un tiro.
Exxon Mobil repitió las mismas maniobras que su antecesora, Stantard Oil, había aplicado en Venezuela para ganar a su población: patrocinó la Liga Premier del Caribe, un popular torneo regional de cricket, y el equipo nacional del deporte, Amazon Warriors, con la marca de la empresa en sus camisetas. También pagó a periodistas expertos en petróleo y gas para que fueran relacionistas públicas corporativos en las redacciones estatales. “Uno de esos periodistas, que pidió que no se revelara su nombre para evitar represalias, dijo que la oferta estándar incluía un gran aumento de sueldo, un título elevado y un automóvil gratis”, según Westervelt. También pagó a organizaciones conservacionistas para desestimular los reclamos de garantías ambientales en la explotación descubierta.
La influencia construida es tan grande que cuando aparecieron las críticas contra los términos de contrato petrolero, firmado por las petroleras y Guyana, Exxon Mobil lanzó un video publicitario donde hablaba, en gran parte, de sus inversiones en el criquet nacional y meses después, anunció la construcción de un moderno estadio cerca de Surinam. Las críticas, apoyadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se centran en que Guyana perdería, por los contratos ingresos, 55 mil millones de dólares, según una estimación de la organización londinense Global Witness.
El bloque Straboek, descubierto por Exxon Mobil, Hess Corporation y la china CNOO, es considerada por la industria petrolera uno de los descubrimientos más grandes de los últimos 25 años. Para Exxon Mobil, su producción podría superar a la de la Cuenca de Texas, “convirtiendo a Guyana en la principal región productora de petróleo de Exxon, responsable de más de una cuarta parte de la producción mundial de la compañía, dentro de cinco años”. La ambición es tan grande que Chevron se lanzó a comprar a Hess Corporation en un acuerdo de 53 mil millones de dólares por la importancia de su cuota accionaria de 30% en el bloque Straboek. “Wall Street considera que el acuerdo con Hess es fundamental para asegurar las reservas de petróleo y las ganancias a largo plazo de Chevron”, remarcaron los periodistas Collin Eaton y Bennoit Morene.
El acuerdo está suspendido hasta que se defina un reclamo judicial abierto por Exxon Mobil en la Cámara de Comercio Internacional en París contra la adquisición de Chevron de Hess Corporation y su cuota accionaria en el bloque. Los abogados de la compañía afirman que la petrolera estadounidense y la china CNOO tienen prioridad a la hora de ofertar por las acciones de Hess en el yacimiento, de acuerdo a los contratos firmados. Para Javier Blass, experto en materias primas: “a los inversores petroleros veteranos se les podría perdonar que tuvieran un caso de déjà vu; en la década de 1980, una de las precursoras de Chevron, Texaco, se declaró en quiebra después de perder una histórica batalla legal de 10.000 millones de dólares que involucraba la adquisición de otra empresa. Si bien la disputa actual es bastante diferente, su resultado será tan trascendental como el de hace cuatro décadas”.
Los recursos de Straboek, de forma paradójica, pertenecen a la misma formación geológica, conocida como “Roca Madre, la Madre”, que genera los recursos hidrocarburos de la Faja Petrolífera del Orinoco. El principal reservorio de petróleo del mundo del que se fue Exxon Mobil con las nacionalizaciones de Chávez.
De las sanciones, bonanzas y militarizaciones: el detrás de las elecciones
El bloque está en el área en disputa entre Guyana y Venezuela, cuya historia se remonta más de cien años atrás, cuando en 1899, también en un tribunal de arbitraje de París, se definió que el Esequibo, un territorio de unos 159.500 kilómetros cuadrados de extensión, era propiedad del Reino Unido. En 1814, los británicos habían comprado a los Países Bajos, 51 mil kilómetros cuadrados para instalar la Guayana británica. Varías décadas después, enviaron al explorador Robert Schomburgk para que delimitara las fronteras con Venezuela. Schomberg se ve que dibujó el mapa bajo el efecto de alguna sustancia psicotrópica porque le dio unos 80 mil kilómetros adicionales a los británicos. Con las sucesivas actualizaciones del mapa, el territorio creció gracias a la magia de la imaginación británica que tanta literatura ha otorgado al mundo.
El laudo arbitral tuvo la particularidad de ser definido entre Estados Unidos, en representación de Venezuela, y el Reino Unido, en una época donde las potencias tendían a plasmar en fallos judiciales acuerdos verbales no escritos sobre áreas de influencia y dominios.
Por varias décadas, Venezuela no denunció el laudo arbitral de París hasta 1962 cuando lo calificó de “nulo” e “irrito” frente a la Organización de Naciones Unidas. Guyana, cuatro años después, se independizó y firmó el acuerdo de Ginebra para buscar una solución práctica y satisfactoria para el diferendo. El articulo quinto del Acuerdo estableció que durante la negociación entre Venezuela y Guyana, “esta última administrará el territorio, sin efectuar ninguna actividad que modificara la situación jurídica del territorio en disputa”. Lo que no comprometía el reclamo venezolano.
La historia desde ahí es imbricada y escapa a este artículo: luego de un periodo de distención durante el gobierno de Chávez, gracias a acuerdos económicos como el de Petrocaribe que beneficiaba a Guyana con petróleo barato, el descubrimiento del bloque Strabroek, sin el consentimiento de Venezuela, reabrió la confrontación por la propiedad del Esequibo. Guyana, en términos prácticos, rompió los términos del Acuerdo de Ginebra al presentarse ante la Corte Internacional de Justicia para que decidiese sobre la legalidad del Laudo Arbitral de París, una instancia desconocida por Caracas a pesar de participar en el proceso. Los primeros pagos a los abogados de Guyana para que armaran el caso en 2017 fueron sacados de los 18 millones de dólares, dados por Exxon Mobil por el descubrimiento del petróleo.
Guyana, en ese mismo tiempo, ha realizado diversos ejercicios militares con el Comando Sur del Pentágono, y también ha permitido el patrullaje marítimo estadounidense en el área de disputa. También firmó el Acuerdo de Adquisición y Servicios Cruzados entre el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Fuerza de Defensa de Guyana, que plantea la interoperabilidad de ambas fuerzas para mejorar su eficacia. Venezuela, en reiteradas ocasiones, ha denunciado que en el Esequibo hay una red de bases del Comando Sur y la Agencia Central de Inteligencia. Dentro de la estrategia del Pentágono, uno de los objetivos es la protección de los recursos energéticos de la región para la explotación de empresas estadounidense, como Exxon Mobil.
En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro organizó un referéndum en el que los venezolanos declararon a favor de que el Esequibo fuera considerado como una región de Venezuela. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) construyó una pista de aterrizaje y puestos de avanzada en el lado fronterizo venezolano, según las imágenes satelitales recogidas por el Center for Strategic and Internacional Studies, un tanque de pensamiento de exfuncionarios estadounidenses. En el medio de la escalada, los presidentes de Venezuela y Guayan, Nicolás Maduro e Irfaan Ali, firmaron en San Vicente y las Granadinas el Acuerdo de Argyle donde se comprometieron a resolver el diferendo de forma pacífica y reestablecieron los mecanismos de conversaciones para avanzar hacia una solución negociada. El Acuerdo de Ginebra de 1966, por su parte, establece la posibilidad de que se exploten recursos naturales si hay un acuerdo entre los dos países.
Para el lector quizás todo este recuento le sea tedioso, pero tiene una estrecha relación con lo que sucede en Venezuela. La bonanza petrolera de Guyana, que algunas califican con posibilidades de emular una “Qatar” caribeña, contrasta con el derrumbe de la producción petrolera de su país vecino producto de las sanciones estadounidense, la mala gestión de PDVSA y los escándalos de corrupción que sobrepasan, al menos, los diez mil millones de dólares. En febrero, la explotación del bloque petrolero Strabroek superó con 621 mil barriles diarios a los 604 de la República Bolivariana debido, en gran medida, a que las inversiones han estado bloqueadas en la Faja del Orinoco desde 2017 . PDVSA, la estatal petrolera, por largos años, no ha podido tomar deuda ni comprar ni vender petróleo sin que los fondos sean bloqueados. Lo que ha llevado a que comercie su crudo a través de buques fantasmas, que apagan sus transportadores en alta mar para no ser detectados, y compradores que pagan en criptomonedas o dinero en efectivo.
Las conversaciones entre Washington y Caracas, de los últimos años, han distendido el esquema de bloqueo con licencias del Departamento del Tesoro que permiten operar a petroleras estadounidenses y occidentales con PDVSA. El modelo Chevron, en alusión a una licencia otorgada a la compañía estadounidense rival de Exxon Mobil, plantea que los privados se hagan cargo de las empresas mixtas antes controladas por la estatal a cambio de unos ingresos no clarificados por las autoridades venezolanas. Desde 2020, por la Ley Anti Bloqueo, el Estado no está obligado a informar sobre la característica de los acuerdos petroleros por el riesgo de que las operaciones sean afectadas por sanciones. El nuevo esquema ha traído la mirada, incluso, de antiguos players energéticos en el país, como la india Reliance, la española Repsol, la italiana Eni y la francesa Maurel & Prom.
Es posible que Caracas tenga como modelo de cooperación con Guyana en el Esequibo, la explotación del rico yacimiento de gas Dragón, ubicado en una región marítima fronteriza con Trinidad y Tobago, donde la estatal PDVSA firmó un acuerdo con Shell y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago después de que fuera autorizado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. También que Nicolás Maduro utilice el diferendo marítimo como una forma de condicionar la explotación de otras áreas del bloque Strabroek, a la que aspiran acceder compañías como Petronas de Malasia y Qatar Energy, a cambio de que Estados Unidos mejore las condiciones de inversión petrolera en Venezuela. Las explotaciones en la región pueden ser acordadas por ambos países según el Acuerdo de Ginebra firmado en 1966.
En la práctica, Washington, a través de sanciones y bloqueos, ha obligado a Caracas a volver a las viejas reglas que favorecían a las petroleras previo a la llegada de Chávez. Quizás, esta vez, Exxon Mobil esté invitada al banquete, si se da un acuerdo con el gobierno chavista que tanto ha combatido.
