Gloria Inés Ramírez, Ministra del Trabajo de Colombia: «tenemos la decisión indeclinable de hacer cumplir el mandato del cambio»

Desde hace un lustro Colombia vive un inédito proceso de transformación social, sin parangón en sus más de 200 años de vida republicana. Primero a nivel de calle, con el impulso del Paro Nacional de 2019 y sobre todo del portentoso estallido social de 2021, y luego a través de la conquista del aparato de Estado, cuando Gustavo Petro y la coalición conocida como el «Pacto Histórico» se impusieron en las históricas elecciones del año 2022.

Desde entonces, un bloque activamente reformista y un liderazgo dotado de mucha iniciativa ha debido enfrentar los desafíos propios de un gobierno novel, el asedio inclemente de los poderes mediáticos y judiciales, y la resistencia activa de mayorías parlamentarias de signo conservador. Por otro lado, tras muchos años de soledad y tras reinsertarse en su natural espacio latinoamericano y caribeño, Colombia ganó un protagonismo inédito a nivel internacional, restableciendo relaciones fraternales con Venezuela, participando activamente de los espacios de integración regional, y propiciando un enfoque progresivo en temas como narcotráfico, economías ilícitas, procesos de paz, cambio climático y descarbonización, entre otros.

Por último, el gobierno afronta el viejo y urticante desafío de sentar las bases de una paz justa y duradera, tras la sangría material y humana dejada por más de 70 años de conflicto interno armado. Ésta vez –paradojas de la historia–, con algunos ex guerrilleros desmovilizados, ahora en función de gobierno, que negocian la paz y las reformas sociales imprescindibles con las últimas formaciones político-militares de todo el continente.

Para comprender el proceso de cambio, la magnitud de los obstáculos y las múltiples deudas pendientes, conversamos con Gloria Inés Ramírez, Ministra del Trabajo de Colombia, abanderada de las más ambiciosas —y de momento exitosas— reformas del gobierno y, según diversos analistas, figura presidenciable del Pacto Histórico.

¿Cuál es su balance provisorio de este período de transformaciones sociales? ¿Cuáles son los puntos fuertes del gobierno y cuáles todavía las deudas pendientes?

Ha sido muy importante que Colombia haya comenzado a transitar un proceso de cambio. En 200 años de vida republicana es la primera vez que el país cuenta con un gobierno progresista y de izquierda, por lo que es natural que este proceso genere muchas expectativas. Por eso, este gobierno se ha dedicado a impulsar una serie de reformas estructurales que permitan que el presupuesto y las políticas públicas favorezcan a las mayorías nacionales. Pero todos sabemos que los procesos de cambio y transformación social siempre generan muchas resistencias, en primera instancia por parte de la burguesía y la oligarquía de este país. Y, en segundo lugar, debido a los poderes económicos que se niegan a disminuir sus holgados márgenes de ganancia.

Sin embargo, con voluntad y decisión, este gobierno ha impulsado en dos años unos procesos formidables, gobernando con su pueblo. Lo que hicimos fue transformar los presupuestos del país, poniendo en primer lugar la salud, la educación, la agricultura, el campo y, desde luego, la necesidad de un trabajo decente y digno. También hemos elaborado una reforma pensional que permita que los colombianos sean protegidos en su vejez, así como una reforma agraria para que la tierra sea para el que la trabaje, teniendo muy presente que la tierra es una de las causas estructurales del conflicto social y armado que tanto ha sufrido nuestro país.

Hemos dicho con claridad que Colombia es una potencia mundial de la vida, definición que nos compromete a trabajar duramente por la justicia social, por la justicia económica y por la justicia ambiental. Según diferentes investigaciones internacionales, somos el país más desigual de América Latina; por eso luchar contra la pobreza es para nosotros una prioridad central. Las mujeres hemos afirmado, también, que la justicia de género es un factor igual de fundamental para que Colombia avance en su enfoque de «paz total». Sin paz no hay futuro, y nosotros nos negamos a un futuro de guerra. Necesitamos, imperiosamente, que los jóvenes de Colombia entiendan que el horizonte es la paz, y no cualquier paz sino una paz con derechos.

En la cartera que yo dirijo en particular, hemos venido trabajando en dos reformas estructurales. En primer lugar la reforma laboral, y en segundo lugar la reforma pensional, que ya fue aprobada y está a punto de ser promulgada, que transforma un sistema de pensiones totalmente inequitativo y desigual, con sectores en competencia y en asincronía. Pero tendremos ahora un sistema más equitativo e inclusivo; un sistema que va a sacar de la pobreza a más de tres millones de adultos mayores que hoy viven de la caridad de la gente, fundamentalmente de sus hijos.

Vamos a dignificar la vejez con un pilar solidario, con un pilar semicontributivo que ampare a quienes no están afiliados al sistema y no alcanzan los requisitos para pensionarse, y con un tercer pilar contributivo. El resultado será la coexistencia de dos regímenes, de los que el Estado será el garante. Tomamos además previsiones muy claras que garantizarán la sostenibilidad fiscal. Con figuras como la pensión anticipada el 87 por ciento de la población trabajadora estará pensionada para el año 2053; esa es la meta que nos propusimos. Los 1.500 billones de pesos que este año tendrá el fondo de ahorro del sistema contributivo serán la garantía para que los colombianos y colombianas tengan una vejez digna. El presupuesto general de la nación garantizará que nunca más los adultos mayores se encuentren en una situación de extrema pobreza.

Mencionaba usted la actualidad del conflicto interno armado. ¿Cómo camina el proceso de paz? ¿Qué significa y qué implicancias tiene el enfoque de «paz total»?

El proceso de paz no es nada sencillo. Recordemos que Colombia ensayó mucho, que hemos tenido varios procesos de paz en nuestra historia. Pero infortunadamente estos procesos no han abrevado en las transformaciones políticas requeridas, porque aquí se supo firmar pero para que todo siguiera igual. Este gobierno ha reconocido incumplimientos previos en los acuerdos de paz [firmados en La Habana en el año 2016 entre las FARC y el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos]. Nosotros tenemos toda la voluntad política y administrativa para que su implementación sea rápida, eficaz y permita las transformaciones del campo que se prevén en dicho acuerdo.

Desde luego, necesitamos que tanto las estructuras paramilitares como las estructuras [guerrilleras] que hoy están en resistencia puedan entrar a este proceso de paz, y que ayuden desde el sistema democrático a profundizar la democracia y a realizar las transformaciones que Colombia se debe. A eso estamos hoy invitando. Ahí está puesto todo el empeño del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, así como de todo el gabinete. Sabemos que la paz es una necesidad, no solamente para nuestro país, sino para toda la región. No podemos repetir aquí lo que está ocurriendo con el genocidio de Palestina, que rechazamos profundamente, así como rechazamos la guerra de Ucrania, que tiene hoy consecuencias en todo el planeta. Si seguimos con la guerra y con las armas destruiremos nuestra casa, y los seres humanos ya no tendremos un lugar donde habitar.

Quería preguntarle justamente por el lugar de Colombia en el escenario internacional. ¿Cuál es el estado de las relaciones del país con sus vecinos latinoamericanos y caribeños, y particularmente con Venezuela? ¿Cómo ve las políticas de integración regional? ¿Cómo analiza el gobierno los últimos sucesos europeos?

Usted se ha dado cuenta de que Colombia cambió toda su política exterior. Cambiamos por ejemplo la política de drogas, que antes se reducía a la criminalización, cuando aquí lo que necesitamos es combatir las economías ilegales y crear economías de paz. Las economías ilegales son las economías que sustentan la guerra, como la de aquellos que se benefician con el asesinato o la venta de armas. Nosotros creemos seriamente que las armas no pueden ser instrumentos de acción política. Por eso estamos haciendo un esfuerzo muy grande, por eso creemos en la paz, y por eso desarrollamos economías para la paz.

Respecto a las relaciones con nuestros vecinos, éstas se encuentran en un muy buen momento. Nosotros sostenemos relaciones con Venezuela, en el marco de las autonomías y soberanías que son la regla a nivel internacional, y que nosotros siempre respetamos. De igual manera estamos contra el bloqueo a Cuba. Es necesario que Cuba sea retirada de la lista de [países patrocinadores de] terroristas, cuando se trata por el contrario de una nación que ha contribuido mucho a nuestros procesos de paz. Tenemos también muy buenas relaciones con los hermanos de Brasil, con quienes estamos realizando diversos proyectos en conjunto. Desde ya seguiremos trabajando con toda la región, porque sólo la integración latinoamericana y caribeña nos permitirá impulsar de manera conjunta las políticas públicas que necesitamos para el desarrollo.

En relación a Europa, hemos seguido con gran alegría los últimos acontecimientos. Saludamos al Frente Popular de Francia, así como los avances del Partido Laborista en Inglaterra. Esperamos que esas experiencias internacionales sean muy exitosas, así como esperamos que Venezuela pueda próximamente reafirmar su soberanía y su autonomía.

Por último, considerando la historia de la violencia en Colombia, el proceso de desestabilización denunciado por Gustavo Petro, así como los casos de lawfare que se siguen manifestando en toda la región, ¿cree usted que está garantizada la continuidad del proceso de cambio y el respeto a la voluntad democrática en el país?

No sólo estamos trabajando para la continuidad del proceso, sino que tenemos la decisión indeclinable de hacer cumplir el mandato del gobierno del cambio. Aunque fuimos elegidos democráticamente, desde que Petro asumió empezaron de inmediato una serie de resistencias que están claramente encarnadas por el sector empresarial, por una parte del sector rural; en fin, por los grandes poderes económicos de este país. Desde luego, estos factores de poder desarrollaron una serie de narrativas mediáticas y estimularon unos imaginarios colectivos que buscan instalar que nuestro gobierno es un caos, que nuestro gobierno es un fracaso o que nuestro gobierno es más de lo mismo, invisibilizando los grandes logros que hemos tenido.

Pero cuando nosotros estamos en los territorios vemos cómo la gente siente este proyecto, cómo la gente lo acoge y cómo la gente lo abraza como propio. Por eso no vamos a desviarnos ni un centímetro del camino de las reformas estructurales. Pese a la hostilidad del poder judicial, del poder legislativo, o del poder económico, debemos trabajar con las diferencias y concretar las transformaciones. Por eso el presidente Petro llama a defender el sistema democrático y a trabajar con las organizaciones populares. Y en eso estamos.