¿Qué está detrás de la huelga de jueces en México?

En estos días en México ocurre algo que no se había visto en toda nuestra historia: una huelga de jueces. Hace una semana, mil 200 juzgadores de todo el país votaron en favor de sumarse al paro que habían iniciado días antes trabajadores de juzgados en contra de las reformas al poder judicial. Solo 201 jueces se opusieron.

El tema ha ocupado tanto la atención de élite política que, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador llamó a las cinco personas más ricas de México a tomar una postura, y el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, decidió meterse al ring mediático y descalificar la iniciativa del gobierno mexicano.

Los paradójico es que no se trata de una huelga para defender los derechos laborales de trabajadores, sino para mantener los enormes privilegios de las cúpulas de poder judicial, que tienen los ingresos más altos del servicio público en América y Europa. Un ministro de la Corte, por ejemplo, puede ganar (entre el salario y pagas extras) el equivalente a 215 mil euros anuales. Eso, además, en un país donde la mayoría de la población gana menos de 5 mil euros al año.

El poder judicial en México es el último eslabón de dos problemas mayores: la impunidad y la desigualdad social

El poder judicial en México es el último eslabón de dos problemas mayores: la impunidad y la desigualdad social. En México, solo 4 de cada 100 delitos denunciados tienen un castigo. Los criminales y poderosos andan impunes por las calles, mientras que miles de personas pobres o indígenas, que no tienen forma de pagar los costos de un juicio, permanecen en las rejas por muchos años, a veces sin sentencia. Es la metástasis de una democracia endeble, que reproduce al infinito esquemas de abuso de poder.

La gente en la calle lo tiene muy claro: hay que cambiar el sistema de justicia y restarle superpoderes a la Corte.

Pero el elefante blanco que tenemos en la sala no quiere moverse. Y los beneficiarios de ese gran elefante están usando todas las estrategias posibles para anclarlo en el salón.

Empecemos por el principio: En México de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian; y de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es de menos de 1 por ciento.

Con esas cifras, a nadie puede extrañar que la confianza que reportan los ciudadanos en ministerios públicos, fiscales y jueces sea mínima.

El sistema de justicia mexicano es racista, patriarcal, clasista y elitista. También es profundamente corrupto: casi la mitad de los jueces y magistrados federales del país han incluido en la nómina del poder judicial a sus hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras, en un sistema de “redes clientelares” que se extienden a más de 7 mil servidores públicos de 31 circuitos,

Esto lo dice un amplio un estudio que fue entregado a la Suprema Corte y publicado en la Revista Jurídica de la UNAM desde 2017.

Los datos fueron recopilados por el consejero Felipe Borrego Estrada. Durante un año, el consejero revisó mil 31 plazas y encontró que 112 jueces y magistrados usaron sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás. Hubo casos extremos, como el de un magistrado que integró a 17 familiares en puestos administrativos, como actuarios, secretarios, o asesores.

A eso se agrega que los ministros mexicanos son mejor pagados que sus pares de Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos y Reino Unido. En 2018, Forbes México buscó los datos de la remuneración anual bruta de ministros. La lista la lideraba México con 343 mil 276 dólares al año (unos 306 mil euros actuales); seguida de Canadá, con 279 mil 172 dólares (249 mil 400 euros); Reino Unido, con 271 mil 517 dólares (242 mil 586 euros) y Estados Unidos, con 255 mil 300 dólares (unos 228 mil euros). En España el presidente del Tribunal Supremo percibía alrededor de 107 mil dólares auales (95 mil 600 euros).

El 11 de mayo de 2023, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador dio a conocer una lista de 40 beneficios extras al salario que tienen los ministros de la Suprema Corte en México: aguinaldos con 40 días de sueldo, un fondo para comer en restaurantes de lujo, un comedor especial; vehículos blindados que se renuevan cada dos años; pago por riesgo, apoyos para gasolina y apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopistas.

¿Qué nos llevó a esto?

Hace unas semanas le hice esa pregunta a la ministra Lenia Batres Guadarrama, la única de los 11 ministros que abiertamente impulsa la reforma al poder judicial.

La ministra del pueblo, como le gustaría ser recordada, no tiene una carrera judicial, sino una trayectoria sólida en la administración pública y una familia militante en la izquierda. Me recibió en su oficina de la impenetrable Corte y conversamos largamente del surgimiento de los poderes judiciales en América Latina, “muy aristocráticos, muy resguardantes de la condición de ese momento”, que respondía a las necesidades de las burguesías nacientes de resguardar, principalmente, la propiedad privada; de su raíz común a partir de las independencias nacionales, y del modelo presidencialista derivado del liberalismo estadunidense.

“Copiamos esos modelos y llevamos dos siglos sin adaptar nuestro sistema a ninguna condición más moderna, más popular, o más democrática”, me dijo.

A eso se agrega que, en los espacios académicos y jurídicos ni siquiera se cuestionan esos principios decimonónicos. Ni la idea de “justicia sin justicia”, de que “la ley es la ley”, aunque sea inhumana o injusta. O que “el poder judicial es contramayoritario, funciona bajo el principio de ingratitud” (es decir, que va inherentemente en contra de las mayorías). O que el sistema de justicia es un escalafón para llegar, por la vía de los méritos, al último piso de los privilegios.

“Parte del problema de la frustración de esta carrera insensata es que explota a muchos, los que están más abajo, que trabajan como fieras porque tienen esa expectativa de que algún día llegarán a ganar como el ministro. Y se vuelve la única motivación y la razón de ser de todo un aparato del Estado”.

Durante muchos años esa aristocracia judicial creció al amparo del PRI. Para bien y para mal, su suerte estaba ligada a las decisiones del presidente en turno

Miremos ahora la política que hay detrás. Durante muchos años esa aristocracia judicial creció al amparo del PRI. Para bien y para mal, su suerte estaba ligada a las decisiones del presidente en turno.

En diciembre de 1994, la Cámara de Diputados, de mayoría priísta, aprobó una reforma al artículo 94 de constitucional impulsada por el presidente Ernesto Zedillo, que jubiló a los 26 ministros que integraban la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El objetivo era deshacerse de los ministros afines a su antecesor, Carlos Salinas de Gortari.

La reforma reconfiguró la Corte. Redujo los ministros de 26 a 11; limitó su mandato a 15 años (antes era vitalicio) y estableció un periodo de cuatro años para la presidencia rotativa. También creó el Consejo de la Judicatura, con el mandato de “vigilancia y disciplina” del poder judicial.

Para acallar reclamos, incluyó un sistema de remuneraciones muy altas y un “retiro dorado” de los ministros, con pensión vitalicia. Del nepotismo y la corrupción, nadie habló.

Cuando en el año 2000 llegó la alternancia partidista, el panista Vicente Fox prometió reformas profundas al poder judicial. Pero sucedió lo contrario: ante la parálisis del gobierno, la recién renovada Corte tuvo un lugar más preponderante en la escena política.

Dejó de ser el “último recurso”, para convertirse en el espacio que resolvía todo, menos la corrupción en casa. En su informe presentado en abril de 2002 por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Dato Param, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los Magistrados y Abogados, aseguró que la corrupción estaba instalada entre 50 y 70 por ciento de los jueces federales.

En 2005, el entonces ministro presidente de la Corte, Mariano Azuela, apoyó al golpe jurídico del desafuero, instigado por el propio Vicente Fox, para inhabilitar al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, y evitar que compitiera por la presidencia.

De México para el mundo: El desafuero de López Obrador marcó el inicio de un mecanismo que se ha extendido en el resto de América: el lawfare, que no es otra cosa que el uso abusivo o ilegal de las instancias judiciales para sacar del juego a un oponente político.

En el gobierno de Felipe Calderón, que asumió la presidencia con acusaciones de fraude, la Corte ejerció la facultad de atracción en varios casos emblemáticos, entre ellos, el incendio de la Guardería ABC, donde murieron 49 niños. Los dueños eran familiares de la esposa del presidente, Margarita Zavala. El entonces ministro Arturo Zaldívar ha relatado que Calderón envió a sus funcionarios a la Corte para presionar y conseguir que dos ministros leyeran como suyos los posicionamientos del gobierno.

Otro episodio de la fuerte injerencia de Calderón en las decisiones de la Corte fue el caso de Florance Cassez, ciudadana francesa acusada de secuestro. La serie documental Cassez-Vallarta, una novela criminal revela que Zaldívar fue amenazado por policías bajo el mando de Genaro García Luna, después de que presentó un proyecto de amparo para liberar a Cassez.

En 2012 el PRI regresó a la presidencia y la Corte redujo su protagonismo político. Con el apoyo del Pacto por México que firmaron las tres principales fuerzas políticas de entonces, el presidente Enrique Peña Nieto consiguió que, en apenas 18 meses, se concretaran 11 reformas constitucionales y 81 leyes secundarias. Las llamadas reformas estructurales, impulsadas desde la iniciativa privada, fueron aprobadas por el Congreso en diciembre de 2013. Pese a las protestas en las calles, ninguna reforma fue revirada por la Corte.

Pero con López Obrador todo cambió. El primer encontronazo, casi al inicio del gobierno de López Obrador, fue por la negativa de los ministros de reducir sus sueldos, como establece el artículo 127 de la Constitución. El argumento es que los súpersueldos son una garantía para que sus resoluciones no tengan influencias ajenas

Aun así, con Arturo Zaldívar en la presidencia de la Corte y la exministra Olga Sánchez Cordero en el ministerio de Gobernación, la primera parte del sexenio fue cordial.

Pero desde enero de 2023, con la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Corte, la confrontación ha sido total. En el primer evento público de la ministra, para conmemorar la Constitución, envió un mensaje de ruptura y se negó a saludar a López Obrador.

Después fueron mensajes enviados sin protocolo (por Whatsapp, en la noche, en tono de reclamo) al entonces presidente del Senado o la participación de ministros en marchas opositoras. Y en diciembre pasado, en pleno proceso electoral, Piña convocó a una reunión secreta a los magistrados electorales y dirigentes de partidos de oposición.

López Obrador ha impulsado, hasta ahora, reformas a 55 artículos de la Constitución, muchas de ellas para revertir reformas anteriores. Todas las propuestas aprobadas por el poder legislativo en el último año —reforma eléctrica, electoral, ley minera— se han topado con el freno de la Corte.

¿Qué propone la reforma que tiene a los jueces en paro?

Tres cosas:

1. La elección directa y por voto popular de mil 600 jueces, ministros, magistrados de 32 circuitos judiciales. El más grande es el de la Ciudad de México, con 330 magistrados y jueces. Otras entidades tienen menos de 20 juzgadores.
2. La sustitución del Consejo de la Judicatura por dos órganos fiscalizadores. En el actual Consejo, emanado de la reforma zedillista, es presidido por la presidenta de la Corte, lo que le convierte en vigilante de sí misma. Y de un poder judicial que administra 70 mil millones de pesos anuales (unos 3 mil 200 millones de euros), lo que equivale al presupuesto de varios ministerios y entidades federativas completas. La reforma plantea crear un tribunal de disciplina autónomo para fiscalizar lo administrativo, y un órgano de justicia interno para revisar las quejas sobre los jueces.
3. El ajuste al tope constitucional de remuneraciones de más de 2 mil 300 funcionarios que perciben ingresos por arriba del presidente de la República. Esos súpersalarios representan un tercio del presupuesto de la Corte.

“Es una reforma pequeñísima, que tiene un altísimo impacto porque toca a las cabezas que, además, son las primeras que obstruyen los cambios”, me dijo la ministra Batres. Una reforma base para una reforma integral de la justicia, que incluya a ministerios públicos y fiscalías, garantice instrumentos con criterios de género e interseccionales y el equilibrio de los poderes, para que ninguno invada a otro.

Una reforma base para una reforma integral de la justicia, que incluya a ministerios públicos y fiscalías, garantice instrumentos con criterios de género e interseccionales y el equilibrio de los poderes, para que ninguno invada a otro.

En los hechos, 11 ministros tienen la última palabra para decisiones trascendentales para todos los mexicanos, incluso por encima de los poderes electos (ejecutivo y legislativo). Alegan que su función es velar porque se cumpla la Constitución.

Pero antes del gobierno de López Obrador, la Constitución mexicana, promulgada en 1917, tuvo más de 700 enmiendas. (La Constitución de los Estados Unidos, promulgada en 1787, por poner un caso comparativo, ha tenido solo 27 enmiendas).

El texto actual tiene cinco veces más palabras que hace cien años y solo 22 de los 136 artículos se mantienen en su versión original. Más que una excepción, las enmiendas han sido una constante.

En su estudio sobre las reformas constitucionales, el Senado de la República destaca otro dato: 500 de 700 enmiendas se dieron entre los gobiernos neoliberales, de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto.

Los artículos constitucionales con más modificaciones han sido el 73 (que regula las facultades del Congreso), el 123 (sobre el trabajo), el 27 (régimen de propiedad) y el 89 (facultades del Ejecutivo). Estos cuatro artículos suman el 20 por ciento de las enmiendas.

Los gobiernos que más cambios constitucionales hicieron son los de Peña Nieto (155), Felipe Calderón (110) y Ernesto Zedillo (77). Pero de todas las reformas, quizá la más regresiva es la del artículo 27, promovida por Carlos Salinas en 1992. Esa reforma puso fin al reparto agrario y permitió la venta de suelo ejidal y comunal. De ahí derivaron leyes secundarias (ley agraria, ley minera y ley de aguas) que legalizaron el despojo del territorio y lo entregaron a empresas privadas.

Una de las 20 propuestas constitucionales que presentó López Obrador en febrero pasado, con las que busca revertir esos cambios implica, por ejemplo, prohibir la minería a cielo abierto. Son batallas que enfrentan poderosos intereses de la industria extractiva.

Eso, y no la justicia laboral, es lo que tiene en huelga a jueces y trabajadores del poder judicial.